Por Pedro MIguel
El capítulo que sigue es la transformación de la institucionalidad electoral y judicial heredada, la cual fue concebida para la perpetuación del régimen neoliberal, para mantener una democracia sin contenido
En estos tres años –vaya que han pasado rápido– la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha conseguido reorientar a un Poder Ejecutivo que estaba dedicado a hacer negocios particulares para ponerlo al servicio de los intereses populares y nacionales. Así de simple y así de rotundo, por más que persistan núcleos de interés y corrupción enquistados en reductos de la administración pública y aunque muchas personas no logren comprender que los beneficios de la transformación no van dirigidos a sectores conformados por decenas de miles sino a decenas de millones.
Desde la experiencia personal, los recorridos por las calles de siempre en los centros urbanos y la endogamia social y mediática no siempre bastan para percibir la dimensión de lo alcanzado en el escenario nacional y los comentócratas de la oligarquía derrotada siguen haciéndose cruces para entender cómo es que esta Presidencia mantiene entre 67 (De las Heras/Demotecnia) y 73 por ciento (Parametría) de aprobación. Y es que hay una clara disonancia entre lo que indican esos sondeos y el estruendo ensordecedor de las oposiciones mediáticas, partidistas y sociales que dicen ver un gobierno catastrófico y que, sin embargo, no han logrado convencer de sus visiones sino a quienes creen desde hace mucho que López Obrador es un peligro para México, que nos está volviendo Venezuela, que hay una dictadura horrible cocinándose o incluso lista para ser servida, etcétera.
Más relevante es la disonancia entre el apoyo social a la Cuarta Transformación y los resultados electorales de la coalición gobernante, la cual no ha conseguido traducir en votos el amplio respaldo popular de AMLO. En esa diferencia, y no en una oposición que es una gallina sin cabeza, reside hoy el principal riesgo para el proyecto político en curso, y lo agravarán quienes persistan en disputarse posiciones y cuotas de poder dentro de la 4T, y quienes se empeñen en enconos fratricidas en lugar de concentrarse en empujar los cambios en marcha y en hacer frente a los verdaderos adversarios.
Combatir la corrupción dentro de las instituciones y ponerlas al servicio de la población son dos propósitos estrechamente entrelazados e inseparables que se impulsan el uno al otro y han logrado un enorme avance en estos treinta y tantos meses, a pesar de la complejidad de ese aparato administrativo que el Presidente llama “el elefante reumático”. Es peor: ese elefante es altamente contagioso y seductor y no faltan los que transitan de la militancia a la oficina pública sólo para caer rendidos ante los encantos del poder. Con todo y eso, el Ejecutivo federal es hoy el principal instrumento de la transformación nacional y hay que contar con la reciente conquista de gobiernos locales, lo que contribuye a mejorar las condiciones para la consolidación del proyecto social y popular del lopezobradorismo. Por ejemplo, las gubernaturas en manos de Morena permitirán avanzar a un paso mucho más firme y sostenido en materia de pacificación, seguridad pública y desarticulación de organizaciones delictivas que se han robustecido gracias a sus vínculos con secretarías de Seguridad Pública y fiscalías estatales.
Vamos, por así decirlo, a media transformación. El capítulo que sigue es la transformación de la institucionalidad electoral y judicial heredada, la cual fue concebida para la perpetuación del régimen neoliberal, para mantener una democracia sin contenido en la cual resultara imposible cambiar el rumbo del país y también, desde luego, para saciar apetitos monetarios particulares a expensas del erario.
Lo cierto es que con este Poder Judicial la 4T está atada de manos, que con los actuales INE, tribunal electoral y régimen de partidos es más que difícil establecer de manera perdurable una democracia verdadera; eso significa hacer efectivo y rutinario el postulado contenido en el artículo 39 constitucional, que hoy por hoy sólo puede aplicarse a contrapelo de las mafias oligárquicas enquistadas en los organismos electorales. Y significa, también, avanzar en la construcción de una democracia participativa que vaya más allá del referendo y la revocación y que garantice la irrupción popular en todos los niveles en los procesos de toma de decisiones.
Y como la coalición gobernante no cuenta con mayoría calificada en el Legislativo, las reformas judicial y electoral deberán pasar por un proceso de negociación necesariamente complicado y que ante él el aparato mediático de la oligarquía pondrá en juego todo su músculo a fin de obstaculizar los acuerdos. Una consideración básica es que en tales circunstancias Morena y sus aliados deberán llevar a cabo una vasta tarea de información ciudadana a fin de articular el movimiento con sus bancadas y, no hay que descartarlo, con un retorno al sano y poderoso ejercicio de las movilizaciones.
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Fuente: La Jornada
