A siete años de distancia, la investigación de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 migrantes centro y sudamericanos, sigue envuelta en la oscuridad.
Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han logrado dar claridad a la indagatoria.
Por el contrario, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), denunció que las familias de las víctimas de la masacre ocurrida en el rancho El Huizachal, en 2010, siguen sin tener acceso a los expedientes a la fecha.
Además, no está claro aún quiénes son los responsables, si alguna línea apunta a la participación u omisión de agentes estatales, y, por si fuera poco, hay 10 restos sin identificar y las familias viven con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son sus familiares que se dirigían a Estados Unidos.
En conferencia de prensa en el Museo Memoria y Tolerancia, Delgadillo, quien representa legalmente a algunas familias, comentó que antes de emprender una nueva acción legal para transparentar la investigación sobre la muerte de 58 hombres y 14 mujeres
esperarán a que se venza el plazo que tiene el Comité de Información de la CNDH para entregar los expedientes, el cual termina a fin de este mes.
A la FJEDD le interesa de sobremanera tener en la mano el expediente del caso, pues con ello esperan conocer la línea de investigación que siguió –y sigue– la PGR, amén de que podrán conocer los nombres de autoridades federales, estatales y municipales involucradas en la violación a los derechos humanos de las víctimas y de sus familiares.
Lorena Delgadillo también señaló que hace 15 días se detuvo a otro sospechoso de la masacre, sin que la PGR notificara a la defensa, como se había comprometido.
“Requerimos un poder judicial fuerte y sólido e independiente para que sea contrapeso de las violaciones que sufren las familias”, manifestó.
En el encuentro participaron también Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Ana Cristina Ruelas, y Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional y familiares de las víctimas.
En la rueda de prensa, Carmen Solórzano denunció que después de siete años siguen sin ser identificados 10 de los 72 cadáveres, y que no existe certeza jurídica de que los cuerpos hayan sido entregados a sus verdaderas familias.
A la fecha, el caso sigue abierto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Y de los ocho detenidos ligados a estos hechos ninguno se encuentra sentenciado.
Por todo ello, los familiares de las víctimas no han podido recibir la reparación del daño correspondiente.
