A sólo diez días de haber asumido la Presidencia de la República, el gobierno del presidente Felipe Calderón inició una estrategia de seguridad en uno de los estados más perjudicados por la violencia. Todo fue un fracaso. El lunes 13 de enero, siete años y un mes después inició un nuevo acuerdo por la seguridad de esa entidad, ahora encabezado por la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El siguiente es el recuento de los daños.
En lo que iba del 2006, sumaban 539 ejecuciones en el estado. Representaba 25 por ciento de las muertes relacionadas con el crimen organizado en el país.
El lunes 11 de diciembre de 2006 el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, anunció el despliegue de siete mil efectivos de las fuerzas federales para el llamado Operativo Conjunto Michoacán. En el anuncio participaron los cinco integrantes del gabinete de seguridad: Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Marina y PGR.
Además de los elementos, enviarían equipo de seguridad y transporte aéreo.
El titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez, dijo entonces que una de las tres prioridades de Calderón era “fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias, para traer la paz a los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”.
La acción conjunta en Michoacán involucraba el despliegue de las fuerzas federales para terminar con los plantíos ilícitos, efectuar cateos, órdenes de aprehensión y desmantelar los lugares en los que se vendía droga.
El entonces secretario de Gobernación advirtió que la batalla contra el crimen organizado apenas comenzaba y reconoció que sería una lucha que llevaría tiempo.
Para ese operativo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destinó 29 aeronaves y 246 vehículos terrestres para que se concentraran de manera especial en 16 regiones catalogadas de alta incidencia delictiva en Michoacán.
Además, asignó a cuatro mil 200 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, con 17 aeronaves de ala fija y 19 perros.
La Sedena desplegó también 131 bases de operación del Ejército, con 30 efectivos cada una, y se establecieron 24 puestos de control para acotar el tráfico de drogas.
La Marina destinó mil 54 elementos de Infantería, nueve helicópteros, dos aviones con cámara para detección nocturna, tres patrullas interceptoras y una oceánica con helicóptero embarcado.
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública asignó al operativo a mil 400 elementos, de los cuales 900 eran de fuerzas federales de apoyo, 300 de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, 10 perros y 220 unidades de inteligencia y operación de la Agencia de Federal de Investigación (AFI).
La Procuraduría General de la República (PGR) destinó a esa acción a 50 agentes del Ministerio Público para realizar órdenes de cateo y de aprehensión.
Mayo 2009
El 26 de mayo de 2009, se detuvo a 35 funcionarios michoacanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Con un operativo policiaco y militar se logró detener a 12 presidentes Municipales, 8 Altos funcionarios del Gobierno estatal, 1 Juez, 12 Policías y 2 ex directores de Seguridad Pública. A este hecho se le conoció como Michoacanazo.
Para octubre de 2010, 34 de ellos ya habían recuperado su libertad. Fueron declarados inocentes al no encontrarles elementos suficientes para fincarles alguna responsabilidad. Sólo quedaba preso Armando Medina, ex alcalde de Múgica y exlíder de los presidentes municipales del PRI, quien salió libre en 2011.
Febrero de 2012
A cinco años de inaugurado el Operativo Conjunto Michoacán la presencia militar en la zona aumentó con 3 mil nuevos agentes con lo que en esa entidad sumaban ya 10 mil elementos de las fuerzas federales.
En ese entonces la entidad era un territorio que se disputaban Los Zetas, el cártel del Golfo y la organización de Los Caballeros Templarios.
Los resultados
La estrategia -reflejada en cifras de homicidios- no funcionó. Cada año aumentaron. Sólo en 2012 descendieron un poco.
En 2006 se registraron mil 349 homicidios, de los cuales 661 fueron dolosos y 688 culposos; en 2007, la cifra aumentó a mil 484 homicidios, de los cuales 527 fueron dolosos y 957 culposos; en 2008 subieron a mil 906, de estos 565 fueron dolosos y mil 341 culposos; en 2009 aumentaron a 2 mil 265, 728 dolosos y mil 537 culposos; en 2010, hubo 2 mil 29 asesinatos, 661 dolosos y 368 culposos; en 2011 aumentaron a 2 mil 272 homicidios, 773 fueron dolosos y mil 499 culposos; en 2012 los homicidios en Michoacán descendieron levemente a 2 mil 287, 755 fueron dolosos y mil 532 culposos. Para 2013, cifras del Secretariado Ejecutivo -de enero a noviembre- revelan que hubo 2 mil 368 homicidios en Michoacán, 862 fueron dolosos y mil 506 culposos, cifras superiores a lo reportado en 2012.
Mayo de 2013
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó que la estrategia de seguridad implementada en el estado de Michoacán fuera igual al Operativo Conjunto Michoacán lanzado por el ex presidente Felipe Calderón al inicio de su mandato.
El encargado de la política interna del país expuso que la estrategia tenía tres principales diferencias con respecto a la anterior.
“Una efectiva coordinación con el gobierno del estado, el Ejercito, la Marina, todos juntos con una estrategia común. Esa es una gran diferencia, no va la estrategia del gobierno federal a imponerse sobre la estatal… A diferencia de hace seis años, el gobierno tiene objetivos claros… Sabemos dónde, quiénes y qué tenemos que hacer… En tercer lugar, la estrategia de seguridad actual busca la participación ciudadana en los barrios y las colonias de Michoacán”.
En ese entonces Osorio Chong dijo que mantenían un diálogo pacífico con las policías comunitarias en esa entidad y que “muy pronto” el Ejército iniciaría con un programa de desarme en la comunidad, “se les advirtió que nadie estará armado”, dijo.
Osorio Chong informó que las fuerzas de seguridad desplegadas en aquel estado permanecerían ahí de forma indefinida.
“Hicimos la estrategia con un objetivo fundamental llegar ahora a Michoacán y no salirnos hasta que estén las condiciones de paz y seguridad para todos los michoacanos”, dijo.
Noviembre 2013
El gobierno federal tomó el control de la seguridad del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y sus accesos y salidas por mar y tierra.
En ese mismo mes el secretario de Gobernación dijo que iniciarían operativos de este tipo en otras zonas de Michoacán.
Enero de 2014
Después de una semana y varios días de registrarse hechos violentos en la región de Tierra Caliente, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, solicitó el apoyo federal para luchar contra la delincuencia en su estado.
La Secretaría de Gobernación llamó a una reunión privada en Morelia, Michoacán, para evaluar los hechos de violencia en Tierra Caliente.
Al término de la reunión se firmó el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán con el que el gobierno federal asumirá la seguridad de la región, se desarmará a las autodefensas y ambos (gobierno estatal y federación) irán continuamente a Apatzingán para revisar la ejecución de las acciones.
Fuente: Milenio
