Representantes de más de 200 organizaciones civiles y de la Iniciativa Privada exigieron al Senado frenar la aprobación de la Ley de la Fiscalía General que activaría el pase automático del titular de la PGR a esa institución.
En una carta entregada este miércoles al presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, los ciudadanos integrados en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva también demandaron a los legisladores que no se realice ninguna designación mientras no se concrete la reforma integral al Artículo 102 de la Constitución.
Reunidos en el Senado, presentaron su propia propuesta de reforma integral a la que denominaron “dictamen ciudadano”.
Solicitaron que sea discutida y debatida a través del modelo de parlamento abierto y que se garantice la participación directa, activa y efectiva de la sociedad civil en el proceso legislativo.
El documento fue entregado por Ana Dulce Aguilar García, Ana Lorena Delgadillo, Eduardo Bohórquez, Gustavo de Hoyos, Haydeé Pérez Garrido, Mario de la Garza y Marco Fernández.
El dictamen ciudadano, de 61 hojas, incluye una especie de exposición de motivos y una propuesta de redacción del articulado.
Los ciudadanos plantearon la inclusión de candados para evitar los nexos de los fiscales con los partidos políticos, por lo que no podrán ocupar ese cargo quienes hayan sido postulados como candidatos cuatro años antes de su designación.
Además, quienes hayan ocupado el cargo de fiscal general no podrán ser electos para cargos de elección popular sino hasta dos años después de que se hayan separado del mismo.
También proponen modificar la duración del cargo de nueve a seis años.
Se establece un proceso de elección blindada que incluye un concurso y una Comisión de Designaciones integrada por nueve ciudadanos de reconocido prestigio académico y profesional.
Se confirma la propuesta de crear cuatro fiscalías en materia de asuntos electorales, anticorrupción, derechos humanos y asuntos internos.
También el surgimiento de un consejo del Ministerio Público que evaluará el desempeño de la Fiscalía, aprobará el proyecto de su presupuesto y conocerá el plan estratégico que presente el titular.
Por otro lado, los ciudadanos proponen que las entidades federativas deberán crear sus propias fiscalías generales de justicia que contarán con plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio es propios.
En el régimen transitorio, plantean que el Congreso tenga un máximo de 90 días posteriores a la reforma constitucional para emitir las leyes secundarias.
También un plazo de 30 días naturales para integrar la Comisión de Designaciones y con ello activar el procedimiento para designar al fiscal general de la República.
Refieren que el primer titular de la institución permanecería en el cargo hasta 2022.
