Pese a las promesas del presidente Obama deportar únicamente a criminales, a personas que lastiman a la comunidad, una investigación de The New York Times revela que dos tercios de los reportados carecen de antecedentes penales o incurrieron en faltas menores
El presidente Obama, cuya administración se caracteriza por una cifra récord de deportaciones, ha dicho en reiteradas ocasiones que su administración se enfoca en sacar del país a “criminales, personas que lastiman a la comunidad, no a estudiantes o personas que sólo buscan alimentar a sus familias”.
Pero un análisis de The New York Times a los expedientes del gobierno muestra que desde el inicio de su gestión, dos tercios de los casi dos millones de deportados son personas sin antecedentes penales o que han cometido ofensas menores. Sólo el 20% —unos 394 mil— son individuos procesados por crímenes serios, incluyendo algunos relacionados con drogas.
Los datos correspondientes a 3.2 millones de deportaciones conducidas en los pasados 10 años y obtenidas por el diario bajo una solicitud al amparo de Ley de Libertad a la Información, evidenciaron un marcado contraste entre el gobierno de Obama y el de Bush en este frente.
De acuerdo con estos, las deportaciones de indocumentados cuya mayor ofensa derivaron de infracciones de tránsito —manejar bajo la influencia del alcohol o sin licencia de conducir— pasaron de 43 mil durante los cinco años del gobierno de Bush a 193 mil bajo Obama.
De igual forma, las deportaciones de inmigrantes que reingresaron de manera ilegal al país se triplicaron bajo está administración, alcanzando hasta 188 mil.
Otro cambio notable en la administración Obama se refirió a la decisión del gobierno para presentar cargos contra los inmigrantes indocumentados deportados que hasta entonces no contaban con antecedentes penales.
En 2013 el gobierno presentó acusaciones en 90 por ciento de las personas deportadas, con lo cual quedaron impedidos para volver al país de manera legal, exponiéndolos a la posibilidad de ser enviados a prisión en caso de que regresen ilegalmente y sean detenidos.
De igual forma, este gobierno amplió el uso de las deportaciones expeditas, que según el diario ofrecen limitadas oportunidades a los inmigrantes de buscar asistencia legal, solicitar asilo o presentar a un juez de migración circunstancias que mitiguen su falta.
El número de casos en que el gobierno recurrió a las deportaciones expeditas casi se duplicó en relación a las cifras del gobierno anterior en este mismo plazo.
El accionar de Obama en el frente migratorio ha generado un profundo malestar entre los grupos promotores de la reforma migratoria, que han elevado su presión sobre el mandatario para que detenga las deportaciones, la molestia es mutua.
En 2010, cuando el movimiento a favor de la reforma anunció planes de movilizaciones en el país para presionar al presidente y al Congreso a actuar, Obama reaccionó con desasosiego.
Tres ex funcionarios de esta administración citados por el diario, pero sin ser identificados, recordaron cómo en una reunión en la Casa Blanca entre el mandatario y líderes de estos grupos, Obama se dijo traicionado ante esa súbita presión y los activistas se expresaron igual ante la inacción de éste.
María Elena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional Legal de Inmigración, dijo que las cifras echan por abajo el argumento de Obama y su gobierno sobre el énfasis de las deportaciones.
“La verdad es que está administración, más que ninguna, ha devastado a la comunidad de inmigrantes a través del país, separando familias simplemente porque conducían sin licencia o reingresaron al país desesperados, tratando de reunirse con su familia”, apuntó.
Fuente: The New York Times vía El Diario
