Por Luis Miguel Cano López
En ocho días será el “invierno” y millones de personas estaremos entretenidas con Game of Thrones, mientras en el mundo real nuestro medio ambiente sigue en deterioro con costos devastadores para todos los reinos de seres con vida. Nuestras demás batallas, tan importantes, tan necesarias, deberían dejarnos al menos un mínimo espacio para atender el mayor problema que afronta la humanidad en esta época.
Quienes piensen que son exageraciones, quienes se nieguen a creerlo hasta no ver lo que tenemos encima, tendrían que prestar atención a lo acontecido durante la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a mediados del mes pasado; el sexto informe de Perspectivas del Medio Ambiente Mundial ahí presentado debiera disipar sus dudas; aunque también es cierto que con todo y las declaraciones, resoluciones y decisiones anunciadas al cierre de tal encuentro mundial, lo más probable es que cualquier persona que se adentre en el tema se sienta abrumada, porque estamos en una batalla que no se va a ganar en solitario.
¿Qué podemos hacer entonces? Primero que todo, descartar la idea de no hacer nada. Segundo, replantearnos nuestras vidas de consumo. Tercero, atender las exigencias de las nuevas generaciones, afortunadamente cada vez más visibles. Cuarto, combatir a cualquiera que quiera seguir lucrando a expensas del mundo. Y un largo etcétera. Pero como el tema de esta columna es mucho más reducido, lo que corresponde es compartir algunas ideas para lograr una agenda judicial verde.
Por supuesto, no sin antes transmitir un reclamo político: en nuestro país, nadie debe poder ejercer responsabilidades públicas si piensa que el cambio climático no es grave y si favorece la destrucción de la naturaleza. No hay mayor necesidad que hacer sostenible la vida en el planeta, con respeto a los derechos humanos de todas las personas. Ese compromiso constituye un interés público fundamental cuyo quebranto acarrea la destitución e inhabilitación para desempeñar funciones públicas, y si de entrada se le desdeña, lógicamente debiera impedir llegar a ellas.
Cerrado el paréntesis de indignación, en la construcción y consolidación de una agenda judicial comprometida con la continuidad de la vida en el mundo, el primer paso es reconocer que se está frente a demandas para hacer justiciables múltiples derechos humanos entrelazados: a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, a la protección de la salud, a la integridad, y de raíz, a la vida, de esta generación y las que nos sigan. Todos, de jerarquía constitucional.
Ciertamente, si se pone atención a las noticias del ámbito judicial, se logra saber de vez en cuando de resoluciones que favorecen la defensa del medio ambiente. El reto es que sean la regla y no la excepción, e igualmente, que una vez dictadas las sentencias, éstas se cumplan, que en ellas se ordene a quienes contaminan que paguen y se instituyan medidas para lograr una reparación integral, incluidas obviamente, las que aseguren la no repetición de los actos u omisiones juzgadas.
El mensaje judicial debe ser contundente porque la cruda realidad es que las otras autoridades no tienen la capacidad de vigilar que se cuide el medio ambiente, de origen, porque nadie les ha exigido lo que deben. Y así, la impunidad prevalece. En todo caso, para llegar hasta allá, un paso inicial debe darse: abrir el juicio de amparo lo más que se pueda para canalizar las exigencias de la justicia ambiental.
A este punto dedico lo que me queda de espacio. En los últimos meses, las Salas de nuestra Suprema Corte han publicado criterios sobre el interés legítimo con el que se debe contar si se quiere demandar con éxito en causas medioambientales. Si no se acredita lo que exigen, cualquier amparo presentado no podrá prosperar. Atención: quien promueva el juicio debe demostrar su pertenencia a la colectividad afectada, su especial situación respecto del ecosistema que se estima vulnerado, y particularmente, que se beneficia de los servicios ambientales que presta. Sin ello, no alcanzará una solución de fondo. El detalle que importa resaltar es que hay causas ambientales que comprometen a toda la población sin distinciones. En ellas, la exigencia de ese interés debe ajustarse, para evitar dejarnos sin defensa.
