Una oportunidad perdida

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Por Javier Corral Jurado

Con el caso Monex, el IFE ha propinado un duro revés a la fiscalización del sistema electoral mexicano y en un acto suicida de su prestigio, autodestructivo en términos de la confianza ciudadana, ha exonerado al PRI

Las elecciones del 2012 se celebraron en medio de uno de los despilfarros de recursos económicos más insultante de los últimos tiempos. La campaña del hoy presidente Enrique Peña Nieto estuvo fincada en las carretadas de dinero que invirtió para conseguir votos, y una gran proporción de ellos, fueron comprados. El gasto más dispendioso a la vista de todos, se produjo en decenas de miles de espectaculares por todo el país, y siendo tan ostensible no fue ni con mucho el más importante. De hecho la mayor inversión económica la había realizado Peña a lo largo de su gestión como gobernador en el Estado de México, de la que financió la hipoteca mercantil que celebró con Televisa para la construcción de su candidatura.

Al igual que ese gasto que quedó sin la debida sanción del Trife, otros muchos quedaron impunes, se escondieron con sofisticada imaginación o se derivaron directamente a las arcas de varias entidades federativas.

Sin embargo, no todo pudo ocultarse. El 26 de junio de 2012, el entonces coordinador de la campaña de Josefina Vazquez Mota, Roberto Gil Zuarth, puso al descubierto el uso de monederos electrónicos de Banco Monex por parte del PRI para distribuir dinero a sus promotores del voto y, mediante su representación legal, el PAN presentó la queja en la que pidió medidas cautelares con el propósito de detener la entrega de dinero para la compra y coacción del voto. Se negaron las medidas cautelares, pero el IFE reconoció en un comunicado de prensa del 28 de junio la existencia de 9 mil 924 tarjetas de Banco Monex, que implicaban la cantidad de 70 millones de pesos. El Monexgate estaba al descubierto.

Desde entonces y tras los resultados electorales, el IFE tuvo el gran imperativo de investigar a fondo el origen y destino de esos recursos, llevar hasta las últimas consecuencias su vital tarea de fiscalización y para la cual la reforma electoral electoral del 2008 lo dotó de amplias facultades legales y nuevos instrumentos de vigilancia de los recursos que los partidos y candidatos ejercen. Estaba obligado a sentar una sanción ejemplar frente a las formas que burlan la ley para allegarse de manera ilegal de recursos públicos o privados. En ese deber estaba puesta gran parte de la expectativa ciudadana que vivió en carne propia los excesos y abusos de la campaña peñista.

Pero el IFE, a la par que ha defraudado esa esperanza, ha propinado un duro revés a la fiscalización del sistema electoral mexicano y en un acto suicida de su prestigio, autodestructivo en términos de la confianza ciudadana, ha exonerado al PRI en el caso de este financiamiento ilícito. Por mayoría de cinco votos a favor y cuatro en contra, resolvieron no sancionar lo que a todas luces fue un proceso de simulación para triangular recursos ilícitos a la campaña del hoy presidente de México.

Es vergonzosa, absurda, impúdica, la resolución que apoyaron los consejeros Leonardo Valdés Zurita, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero, Macarita Elizondo y Sergio García Ramírez. Siendo que en el propio dictamen de la Unidad de Fiscalización se apunta que el fondo del asunto consiste en determinar el origen, el destino y la aplicación de los recursos que a través de diversas tarjetas expedidas por Banco Monex, fueron distribuidas por la campaña de Peña Nieto y consecuentemente, de resultar un gasto de campaña, verificar si existe un rebase al tope de gastos establecido para las elecciones federales inmediatas anteriores, ninguno de los objetivos cumplió la resolución. Nada se dice de dónde provienen los recursos, y menos se comprueba el gasto.

Se pretende justificar a través de la firma de un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad –presumiblemente firmado el 1 de marzo de 2012–, la licitud de los recursos, sólo porque se asentó en las clausulas “prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios basados en el mecanismo de disponibilidad inmediata de recursos monetarios a través de tarjetas de prepago”. Se trata en realidad de una violación flagrante del artículo 77, párrafo 2, inciso g), del COFIPE, que claramente ordena que: “No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: […] g) Las empresas mexicanas de carácter mercantil”.

En términos llanos esto es un financiamiento, que por cierto no realiza esta empresa, sino las empresas comerciales Atama, lnizzio, Baltus, Akropolis, Luciana, Luza, Conclave, todas las que usó el PRI para piramidar e intermediar los recursos.

La interrogante que propicia este esquema de intermediación, es cuántos otros casos de financiamiento indirecto pudieron haberse generado. De estimarse como válido (legal) un esquema como el anterior, de manera automática se deja sin efecto el régimen jurídico de fiscalización, pues a futuro cualquier otro partido podría, por vía de un esquema similar, burlar las disposiciones relativas a la fiscalización. En este caso, bastaría que los partidos políticos celebraran contratos (lícitos) con empresas comerciales (legalmente establecidas), para subrogar algunas de sus actividades, con lo cual, con un único instrumento (el contrato privado respectivo) se cumpliría el requisito de comprobación del gasto, pudiendo la empresa privada realizar cualquier otro manejo económico contrario a la normatividad electoral.

Esto violenta el Reglamento de Fiscalización que sin duda alguna prevé que los partidos podrán contratar “créditos bancarios” para su financiamiento; pero no hace referencia alguna a empresas de carácter mercantil. La simulación y el fraude a la ley queda al descubierto cuando sabemos que las empresas involucradas son insolventes (Alkino, Atama, lnizzio), de hecho la  principal no declaró ingresos fiscales durante el 2011, y en el año 2012, omitió hacer declaración fiscal en el preciso mes de julio, cuando dice el PRI que le hicieron el primer pago el día 13.

El asunto es que distintas empresas (Baltus, Akropolis, Luciana, Luza, Conclave, etc.) hacen pagos en un supuesto nombre de un tercero por conceptos vagos que no guardan ninguna relación entre sí: conceptos tales como anticipo de pagos contables, administrativos y de informática durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012; asesoría en ventas y marketing por los meses de marzo y abril de 2012; por diseño e impresión de catálogos; acabado de fibras, hilados, hilos y telas; diseño y producción de campaña publicitaria; comisiones por venta; mantenimiento mayor a maquinaria; y comisiones por venta). Es decir, lo que está en juego, es el financiamiento de más de 66 millones de pesos que finalmente se pagan a la empresa Monex por distintas empresas, por conceptos tan diversos como los enunciados, siendo un único acto el que está en juego: a saber, el uso de dichas tarjetas por parte del PRI, y sin embargo, dolosamente, se pretende que esta operación de auténtico financiamiento pase por un “contrato de prestación de servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios”.

La resolución del IFE es también una regresión: acepta la violación a la normatividad reglamentaria, toda vez que pasa por alto el que no se realice el reporte correspondiente al empréstito que el PRI solicitó a la empresa Alkino ni se ciñó a la normatividad aplicable (artículos 52, 54 y 59 del Reglamento de Fiscalización). También en materia de transferencias de recursos en relación con las campañas locales (artículo 141 del Reglamento de Fiscalización). Permite que se omita el cumplimiento de la normatividad reglamentaria en materia de acreditación de egresos (artículo 170, 171, etc. del Reglamento de Fiscalización). De hecho no se comprueba el uso y destino de más de 44 millones 630 mil pesos; (pág. 191.) dado que se dispuso en efectivo de esta suma.

Mucho menos se hace cargo de las contradicciones públicas del PRI al negar cualquier relación con Monex y el uso de tarjetas del mismo banco, plenamente documentadas, como la del coordinador general de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien el 29 de junio negó el uso de tarjetas prepago, y luego el reconocimiento tardío –ya explotado el escándalo– de Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquin Codwell de que, en efecto, el PRI había dispuesto de su financiamiento público recursos para pagar servicios de Monex, y luego la propia declaración del PRI en el expediente en el sentido de que realizó ciertos pagos a través de las tarjetas de Monex a elementos de su estructura.

Lo más graves es que no se detallan ni los usuarios finales de las tarjetas Monex, ni los montos encontrados en cada una de ellas en ninguna parte del dictamen que se aprobó. Sobre el origen de los recursos para fondear este financiamiento, contenido en el Apartado B (pág. 135) la Unidad de Fiscalización se limita a enunciar los nombres, razón social y montos aportados por las personas físicas y morales involucradas, sin decir absolutamente nada del origen de los recursos y de la capacidad económica de estas personas para aportarlos.

Y la inconsistencia más grande dentro del documento se refiere a los montos erogados por el PRI para terminar de pagar el financiamiento recientemente, que suman 74 millones 322 mil 687.34 pesos (pág. 139) a la empresa Alkino por concepto del fondeo de las tarjetas, pago de servicios, intereses y gastos de emisión de las tarjetas, contra el monto total que la Unidad de Fiscalización está tomando para definir cuáles fueron gastos de campaña federal, cuáles gastos de campaña locales y cuáles gasto ordinario, que solamente se basa en los 66 millones 326 mil 300 pesos que se utilizaron en tarjetas Monex (pág. 172). La pregunta que subsiste es ¿y los 8 millones que faltan?, ¿con base en qué la Unidad de Fiscalización determinó no contabilizarlos?

He escuchado en los últimos días expresiones de desconcierto, desánimo, asombro y repudio por la decisión tomada por la mayoría de los consejeros del IFE. Una de nuestras mejores instituciones ha echado por la borda una oportunidad de oro para reafirmar el vínculo de credibilidad y legimitidad de nuestros procesos electorales. Es difícil afirmar las razones por las cuales se produce esta regresión, pero es muy probable que ante la próxima renovación de cuatro consejeros electorales, a verificarse en octubre, varios de ellos estén buscando un nuevo acomodo; es penoso que lo busquen por la vía de tratar de quedar bien con el nuevo gobierno.

Fuente: El Diario

 

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