Sin consignar, PGR “resuelve” violación

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La mayoría de los medios impresos y audiovisuales difunde la versión de que hay “seis detenidos confesos” de la violación de seis turistas españolas en Acapulco. El procurador Jesús Murillo Karam dijo que: “Este caso está con toda seguridad resuelto” y que falta de capturar a uno de los agresores.

Sin embargo, en las notas informativas no se aclara que las personas detenidas no habían sido consignadas ante un juez al momento de realizarse la conferencia de prensa el miércoles 13 de febrero por la tarde (de hecho, aún se integra la averiguación previa). Tampoco se informa en manos de qué autoridades se encontraban.

El procurador Murillo Karam dijo en la conferencia de prensa:

“Tenemos seis detenidos confesos, con el relato pleno de lo que sucedió. Faltaría por tener solo a uno de los identificados en este proceso (…) Este caso está con toda seguridad resuelto, pero no es el único”.

Ver: “PGR: seis confiesan violar a españolas

Los servidores públicos federales y estatales negaron la versión de que hubo detenciones ilegales y que los detenidos fueron torturados, como lo han señalado algunos familiares que participan en manifestaciones por considerar que sus parientes son inocentes.

Vidal Díaz, titular de la Policía Federal Ministerial, presente en la conferencia de prensa del miércoles, dijo que todo se basó en un “trabajo de inteligencia” y aseguró que “no hay lugar a dudas” de que se trata de los responsables de la violación.

“Los que no tengan absolutamente nada que ver, quedarán libres”, dijo Murillo Karam, quien reiteró que el caso fue “un éxito rotundo de investigación policial y de inteligencia”.

Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero negó que se pretenda fabricar cargos, como denunciaron familiares de los detenidos en los bloqueos de la Costera del puerto el martes y el Bulevar de las Naciones el miércoles. “No pretendemos en ningún momento llevar a la cárcel a chivos expiatorios ni a inocentes”, dijo.

Aunque los voceros del gobierno federal han reiterado que no darán a conocer datos personales de las personas detenidas, en este caso el nombre y apellidos de los presuntos responsables del delito de violación fueron filtrados a los medios de comunicación (incluyendo los de un menor de 16 años) y, en algunos casos, publicados. Ver: “PGR: ‘caso resuelto’, la violación de españolas” y “PGR informa que hay 6 detenidos confesos por caso de españolas” y “Caen violadores de españolas

Se observa que la declaración del procurador General de la República y su reproducción en los medios –sin contexto– puede contribuir a la realización de juicios paralelos, considerando que al momento de la conferencia de prensa no se habían imputado cargos en contra de los detenidos ante un juez.

El procurador Murillo Karam tampoco aclaró si el Agente del Ministerio Público de la Federación actúa sólo como coadyuvante en el caso, o si fue ejercida la facultad de atracción del expediente de investigación por el orden federal.

El Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia  reitera la necesidad de señalar la etapa en la que se encuentra un proceso judicial para no generar confusión en las audiencias.

En cualquier momento debe recordarse que los tiempos mediáticos no se corresponden con los tiempos judiciales y que no todo avance investigativo es una sentencia definitiva que cierre el caso.

En este contexto el Observatorio recuerda que el Quinto punto del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, relativo a los criterios editoriales, recomienda el establecimiento del principio de “No prejuzgar culpables”.

Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia en la lucha contra el crimen presentando ante los medios a detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia.

Si bien, de acuerdo con las autoridades, los seis detenidos en Acapulco están confesos, son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia condenatoria.

Asimismo, los medios debemos exigir información oportuna y veraz sobre las detenciones y, en general, sobre la actuación del gobierno en sus acciones e investigaciones.

Fuente: Observatorio de los Procesos de Comunicación Pública de la Violencia

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