Ofrecen protección a ocho barzonistas

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Tras un enfrentamiento entre barzonistas y policías municipales y estatales en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, el gobernador César Duarte ofreció a ocho activistas de esa organización la protección que negó a Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Martha Solís Contreras, líderes del movimiento asesinados el pasado lunes 22.

Asimismo, se comprometió a esclarecer el asesinato de la pareja, así como a suspender temporalmente las actividades en la mina El Cascabel –localizada en el en el municipio de Buenaventura– y clausurar pozos sobreexplotados en la región noroeste.

Coincidentemente, el presidente electo Enrique Peña Nieto canceló una visita a esta ciudad, programada para el próximo jueves 25, debido al ambiente de tensión que se vive por el doble asesinato.

Luego de que ayer permanecieron toda la noche afuera de Palacio de Gobierno, los integrantes de El Barzón y otras organizaciones trasladaron este martes los cuerpos de Solorio y su esposa al patio del edificio gubernamental, para hacerles un homenaje. Horas después los cadáveres fueron llevados al ejido Benito Juárez para velarlos y sepultarlos mañana.

Previo a los acuerdos, la noche del lunes, alrededor de 150 personas, la mayoría de El Barzón, se enfrentaron con policías municipales y estatales en el Palacio de Gobierno.

Elementos policiacos estatales y municipales cerraron por la fuerza la puerta de Palacio de Gobierno, empujaron y golpearon a los manifestantes, la mayoría de ellos mujeres, aunque también había niños, además de los tres hijos del matrimonio asesinado.

Los manifestantes, que reclaman al gobernador César Duarte Jáquez haber sido indiferente ante las denuncias de amenaza de muerte contra Solorio Urrutia y su esposa, que se concretaron el lunes pasado, fueron sitiados en Palacio de Gobierno por policías de diferentes corporaciones.

Esto, luego de que los activistas anunciaron que permanecerían toda la noche en el recinto de gobierno a donde llevarían los cuerpos de Solorio Urrutia y Solís Contreras.

Sin embargo los cadáveres de las víctimas, encontrados el lunes pasado en el kilómetro 26, a la altura del campo menonita ocho y medio, fueron retenidos en el Servicio Médico Forense, denunciaron los manifestantes, quienes montaron un altar en el patio central de Palacio de Gobierno.

Afirmaron que se trata de un crimen de Estado, porque las autoridades no escucharon las advertencias que las organizaciones sociales hicieron sobre las amenazas y agresiones contra El Barzón.

De acuerdo con los manifestantes, durante la protesta en el Palacio de Gobierno, a uno de los agredidos le removieron piezas dentales por los golpes, y la Policía Municipal cerró todas las vías que llevan al edificio de gobierno para evitar que llegaran refuerzos.

Durante la noche llegaron habitantes del ejido Benito Juárez para integrarse a la manifestación, así como integrantes de diferentes asociaciones civiles.

Este martes, a través de un comunicado, el gobierno de Chihuahua se deslindó del asesinato de los líderes barzonistas y ofreció todo su apoyo para el esclarecimiento del caso.

“La Secretaría de Gobierno rechaza cualquier implicación que categorice los homicidios en cuestión como crimen de Estado como lo han señalado algunos integrantes de la organización de El Barzón”, señaló la administración de Duarte.

Señaló que más allá de las investigaciones que realiza la Fiscalía, el gobierno estableció contacto con los barzonistas para escuchar sus demandas.

“De igual manera, se conformó una mesa de diálogo cuya sede es la sala de juntas de la propia Secretaría, permitiendo siempre el libre acceso a los medios de comunicación, testigos fieles del desarrollo de esta cooperación”, destacó el gobierno de Chihuahua.

Informó que tras el diálogo con los barzonistas, durante la madrugada de este martes, se establecieron acuerdos en los que el estado se compromete a suspender temporalmente la exploración minera en la zona del noroeste de la entidad.

“Compromiso del Estado de atender conforme a derecho el problema del agua superficial y de pozos irregulares en la cuenca del Conchos, a agotar todas las líneas de investigación por parte de la Fiscalía hasta el esclarecimiento del crimen”, detalló el comunicado.

Además, ofreció “protección a una lista de ocho personas que los barzonistas proporcionaron y que –señalan– están amenazados”.

Por otra parte, los hijos, padres y hermanos de la pareja asesinada el pasado lunes 22 clamaron justicia y exigieron que se investigue a El Heraldo de Chihuahua, debido a que ese medio emprendió una campaña mediática de desprestigio contra El Barzón, lo que supuestamente generó el ambiente para que fueran agredidos.

La víspera, Víctor Quintana Sillveyra, integrante de El Barzón, afirmó que desde la semana pasada “pedimos una entrevista con el secretario de Gobierno por la campaña de linchamiento moral contra Luz Estela Castro y contra El Barzón en general, y precisamente en esos días agredieron a Ismael, a su hijo y a Ernesto”.

Destacó que esas campañas de linchamiento abonaron el camino para la agresión, lo mismo que –dijo– pasó con Marisela Escobedo Ortiz, ya que advirtieron a las autoridades estatales que la campaña de desprestigio contra la activista terminaría mal, y así fue.

“El gobierno es el responsable de dar certidumbre y seguridad, no es posible sacrificar gente y que estemos viviendo oleadas de ataques”, puntualizó Quintana.

Fuente: Proceso

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