Lozoya tiene grabaciones del caso Odebrecht, revela Santiago Nieto

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De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, la defensa penal de Emilio Lozoya contempla entregar grabaciones a la FGR, dependencia que valorará qué alcance tienen. Lozoya busca salvar a su familia y pasar sus cargos a EPN y Videgaray, dice la periodista Ana Lilia Pérez, quien documentó la corrupcion en Pemex en el sexenio de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Reporte de SinEmbargo

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), tendría grabaciones que podría usar en su defensa por los delitos por los que es investigado en México ligados al caso Odebrecht, dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“El señor Lozoya y su defensa han planteado que tienen grabaciones, teníamos que esperar para ver el contenido de esas grabaciones”, dijo Nieto Castillo a Milenio y Excélsior.

Detalló que una vez revisadas la Fiscalía General de la República determinará cuál es el alcance que tienen.

En entrevista con la periodista Elisa Alanís para Milenio explicó que el criterio de oportunidad implica que podría evitarse la acción penal en contra de Emilio Lozoya, “pero eso dependerá de la calidad de la información que se aporte” y el tiempo que dura el procedimiento tendría que permanecer en prisión.

En el mismo sentido se pronunció la periodista Ana Lilia Pérez, quien se ha especializado en investigaciones de corrupción en el sector energético. “Con el criterio de oportunidad, Lozoya podría involucrar a mandos superiores para obtener beneficios sobre los delitos que se le imputan que son, básicamente, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa”, explicó la la periodista en entrevista con SinEmbargo. “En su alcance mayor, ésta figura de criterio de oportunidad pude permitirle a una persona, incluso, evitar ir a la prisión”, añadió.

La periodista Ana Lilia Pérez dijo que Emilio Lozoya estará dispuesto a declarar, sobre todo considerando que “él no es el único, dentro de su familia, que ha estado bajo investigación y bajo proceso. Está también su mamá, está su hermana y está su esposa. De manera que quizá las negociaciones que él busque puedan ser para favorecer a su familia; su mamá misma que ahora está en arraigo domiciliario”.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) existe un pase libre de la cárcel para Lozoya Austin, que se llama criterio de oportunidad. “La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio”, se lee en el Artículo 257 del CNPP.

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Emilio Lozoya Austin (derecha) es una pieza clave para reunir pruebas que linden o deslinden responsabilidades a figuras como Pedro Joaquín Coldwell (izquierda) y Enrique Peña Nieto (centro). Foto: Agencia Cuartoscuro.

IRREGULARIDADES EMBLEMÁTICAS

Emilio Lozoya Austin es investigado, sobre todo, por irregularidades ligadas a Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Entre 2013 y 2015, Pemex adjudicó dos contratos (folios PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 y DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15) a la Constructora Norberto Odebrecht, aún cuando los costos de la empresa no estaban “dentro del precio promedio del mercado”, y a pesar de que la empresa “no cumplía con la experiencia y capacidad técnica para realizar los trabajos” solicitados, refiere la ASF en la Cuenta Pública de 2016 (informe 16-6-90T9M-04-0479 479-DE).

Fue precisamente en 2012-2013 cuando Lozoya habría recibido millonarios sobornos y aportaciones a favor del PRI por parte de Odebrecht, para facilitar la adjudicación de contratos.

De acuerdo con una investigación dada a conocer por el diario brasileño O Globo, desde que fungió como vicecoordinador de Asuntos Internacionales del equipo de transición de Peña Nieto, Lozoya comenzó a recibir 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

Por esas fechas Odebrecht firmó dos contratos por un monto conjunto de 4 mil 127 millones 310 mil 900 pesos, para obras de infraestructura relacionadas con el “Aprovechamiento de Residuales” de la Refinería Miguel Hidalgo. Sin embargo, estos dos contratos implicaron probables daños a la Hacienda Pública Federal por un monto mínimo de 953 millones 278 mil 744 pesos, refieren datos de la Cuenta Pública 2016.

Para la celebración de los contratos, el Consejo de Pemex –con Videgaray incluido– y diversas áreas de su Corporativo y de sus ramas de Refinación y Transformación Industrial dieron el visto bueno y avalaron la contratación de Odebrecht.

Los otros implicados

Entre los involucrados están Pedro Joaquín Coldwell, ex Secretario de Energía; Rafael Pacchiano Alamán, entonces subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ex subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente; María de Lourdes Melgar Palacios, ex subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; Miguel Messmacher Linartas, ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda; y José Rogelio Garza Garza, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

Además están los entonces secretarios del Consejo de Administración de Pemex, César Emiliano Hernández Ochoa y Fernando Zendejas Reyes, así como el ex prosecretario Miguel Ángel Flores Ramírez y los otrora consejeros independientes Alberto Tiburcio Celorio, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Jorge José Borja Navarrete y Octavio Francisco Pastrana Pastrana.

LOZOYA-DETENIDO

Sin embargo, entre 2013 y 2018 hubo otras 24 personas que formaron parte del Consejo de Pemex.

En esos años en que el órgano supremo de la Empresa Productiva del Estado acomodó a personalidades políticas del talle de Enrique Ochoa Reza, Ildefonso Guajardo Villareal y Luis Videgaray Caso –por mencionar algunos– ninguna discusión sobre Agro Nitrogenados o Fertinal derivó en sanciones o esclarecimiento suficiente que lindara o deslindara responsabilidades, por una inversión en plantas “chatarra” con un sobre-costo superior a 16.8 mil millones de pesos.

Fuente: Sinembargo

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