Los lastres del plan Chihuahua

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Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso

Cuando en marzo de 2008 se echó a andar el Operativo Conjunto Chihuahua, la instrucción del secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, el ahora general retirado Guillermo Galván, fue contundente: había que utilizar medidas muy duras para cumplir la orden del entonces presidente Felipe Calderón de combatir a los narcotraficantes.

Había que innovar en los métodos de trabajo y de operación. El cumplimiento quedó a la interpretación de los comandantes de las regiones, zonas, guarniciones y aun unidades militares de todo el país. No fueron instrucciones por escrito. El general Galván las daba donde se realizaban los operativos conjuntos; ahí se reunía con las comandancias involucradas.

En pleno desarrollo del operativo, en septiembre de 2008, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) viajó a Coahuila, donde encabezó una reunión de comandantes en la XI Región Militar, con sede en Torreón y que abarca a los estados de Coahuila y Chihuahua. El comandante de esa base entonces era el general de división Mario Marco Antonio González Barreda, quien hasta la semana pasada fue inspector y contralor general del Ejército.

En la junta también estuvo Felipe de Jesús Espitia Hernández, quien fungía como comandante de la 5ª Zona Militar, con sede en Chihuahua, Chihuahua, y responsable directo del operativo conjunto. También asistieron los jefes de la 6ª Zona Militar, con sede en Saltillo, Coahuila, y de la 42 Zona Militar, en Parral, Chihuahua, así como los de Guarnición de la Región, entre ellos el general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la Guarnición de Ojinaga.

Las instrucciones del general Galván fueron muy duras, pero no precisas, dice el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano, defensor del teniente coronel José Julián Juárez Ramírez, comandante de la Tercera Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), procesado por delitos contra la salud cuando estuvo al mando de esa unidad, pero sin que hasta ahora se haya comprobado su responsabilidad.

Cada quien interpretó a su manera la línea dura de Galván, lo que explica el surgimiento del “pelotón de la muerte” en la CINE, al que se le atribuye por lo menos la desaparición de tres personas en Ojinaga entre junio y agosto de 2008, dice el litigante.

El abogado representa también al capitán primero cirujano dentista Luis Mariano Victoria Ordaz, al sargento segundo Rubelio Feliciano Flores, así como a los cabos Darío Oluarte Muñoz, José Abel González Duarte y Pascual Domínguez Zepeda, de sanidad; todos ellos del arma de Infantería y acusados en distinto grado de las desapariciones de los tres detenidos por militares de la CINE por sus presuntas relaciones con el narcotráfico, aunque en el caso del cirujano dentista Victoria Ordaz éste fue acusado sólo por haber acudido a certificar la muerte de una de esas personas.

En aquella reunión, el general Moreno Aviña informó al titular de la Sedena que como parte de las innovaciones ordenadas estaba utilizando camionetas aseguradas a la delincuencia y que eran pintadas y rotuladas como si fueran del Ejército.

“Acepto que ordené que se pintaran como cinco vehículos asegurados para trabajar y obtener resultados en contra de las actividades de los narcotraficantes, ya que los vehículos orgánicos no se prestan para tal propósito debido a que a algunos les faltaba mantenimiento y otros, por sus características, no son apropiados para estas operaciones, por la poca velocidad que desarrollan.

“Para ello se informó previamente a la Zona Militar (al general Espitia) de manera verbal y en una reunión de trabajo que se realizó con mi general secretario en la ciudad de Torreón. Incluso autorizó que utilizáramos combustibles en los vehículos asegurados”, declaró el general Moreno Aviña ante el Ministerio Público militar el 19 de agosto de 2009. Añadió que el general Espitia le dijo que sí se podía hacer, pero que oficialmente no estaba autorizado.

Los procesados de la CINE

El comandante de la Guarnición de Ojinaga, en la que causó alta el 1 de abril junto con el teniente coronel Juárez Ramírez como parte del OCCH, añadió en esa declaración que la CINE también utilizaba informantes de La Línea, el principal grupo armado del Cártel de Juárez, de Vicente Carrillo, cuyo dominio en Chihuahua fue reducido durante el sexenio pasado por la presencia del Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.

A cambio de la información y de droga para su consumo, dos de los delatores identificados como El Sebos y El Dany eran protegidos por el Ejército, pero según el abogado ambos ya están muertos.

El general Moreno Aviña precisó que casi todas las operaciones de la CINE eran parte del OCCH y en ocasiones recibía instrucciones directas de la comandancia de la 5ª Zona Militar; es decir, del general Espitia.

La directiva de Calderón y las órdenes de Galván devinieron en una fuerza desmedida de los militares contra las personas, incluidos muchos que no eran delincuentes, como en el caso del “pelotón de la muerte”, así conocido en la propia Tercera CINE de Ojinaga, el grupo encabezado por el mayor de Infantería Alejandro Rodas Cobón; a este mando se le acusa de tortura, homicidio y violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáveres, junto con los otros elementos del pelotón, pero él niega los cargos y asegura no haber estado al frente de un grupo de ese tipo.

Cuando trascendió la desaparición de tres personas a manos de personal de la CINE, así como el asesinato de por lo menos otras cuatro más, la Procuraduría General de Justicia Militar intervino esas instalaciones. Detuvo y procesó a todo el personal, fueran o no responsables. El 19 de agosto llegaron el coronel Enrique Velarde Sigüenza, entonces director de la Policía Judicial Militar, dependiente de la PGJM, y el mayor de Infantería Carlos Alberto Rivera Medeles, quien se encargó de los interrogatorios.

En total, la PGJM procesó a 31 militares dentro de la causa penal militar 1982/2009, radicada en el juzgado de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa. Sin embargo, esta instancia actuó en forma arbitraria y por consigna, afirma el abogado Tadeo Solano.

Menciona dos casos: el del cirujano dentista procesado a pesar de que había acudido a dar atención médica por órdenes superiores al lugar donde habían torturado a una persona, y el del teniente coronel Juárez Ramírez, un jefe con 29 años de servicio y cursos en Estados Unidos y Chile; fue detenido sin orden de aprehensión, le pusieron un abogado de oficio que no tiene patente de defensor por parte de la Sedena y lo han querido involucrar en las tres desapariciones. El extremo: en uno de los casos, el de Esaú Samaniego Rey, El Cholo o El Azteca –detenido y desaparecido en junio de 2008–, el teniente coronel estaba de vacaciones.

Como no había acusación directa en su contra, Juárez Ramírez fue arrestado a partir de un anónimo enviado directamente al procurador de Justicia Militar: “Le mando esta súplica porque los habitantes de Ojinaga, Chihuahua, vivimos con mucho miedo. No es posible que si el H. Ejército mexicano está combatiendo a los maleantes, algunos elementos del cuartel de Ojinaga están al servicio de los maleantes.

“Hay una persona militar que pintó igualita como las del Ejército. En esta camioneta van y hacen sus tropelías en contra de la población… Ellos manchan al Ejército, sirven como sicarios a los maleantes, tienen armas escondidas con las que matan maleantes del bando contrario.”

Fuente: Proceso

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