Los delitos de Calderón

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Por Enrique Calderón Alzati

A escasas dos semanas de entregar el gobierno a su sucesor, dos aspectos de la conducta de Felipe Calderón llaman la atención; uno, refleja serenidad y satisfacción que, en su caso particular, es fácilmente confundible con un acendrado cinismo, de quien dejando al país en un escenario de desastre y destrucción de valores, esperanzas e instituciones, y con un futuro poco halagüeño, parece satisfecho de sus logros; el otro, es el expresado por sus colaboradores cercanos, como el secretario de Gobernación, y aun por él mismo, en referencia a cómo su antecesor dejó el país, tratando de dar la idea de que recibió un país caótico (lo cual es cierto en buena medida), una casa infestada de ratas según su antiguo compañero de parrandas y hoy secretario de Gobernación, de lo cual el propio Calderón fue partícipe, en tanto, ningún señalamiento hizo ante las autoridades de justicia para castigar los desmanes de su antecesor y su familia, gracias al pacto con éste, que le abrió el acceso a Los Pinos.

Uno de los aspectos más negativos de toda esta actitud es el de la enseñanza que está dejando a las nuevas generaciones de mexicanos, de que se pueden llegar a ocupar los más altos puestos públicos, sin plantearse realmente ningún compromiso con la nación, pensando en ésta como un inmenso botín, que puede ser disfrutado desde alguna de las gubernaturas estatales, de las secretarías de estado y aun de puestos menores, gracias a las redes de impunidad surgidas bajo la sombra del poder público.

El otro aspecto igualmente terrible que este hombre deja como legado, es el de la cultura de la violencia, como única forma de dirimir diferencias, una actitud que había sido ajena al pueblo de México por más de 70 años de paz, como uno de los logros más importantes de los sucesivos gobiernos, luego de una época revolucionaria y violenta que había sembrado la muerte y la tragedia a partir del despótico régimen porfirista. Cierto que en el pasado reciente se habían dado hechos de sangre horrendos, como los arteros crímenes políticos de Aguas Blancas, en Guerrero, y de Acteal, en Chiapas, en donde el gobierno no estuvo ajeno, y en donde la sociedad mexicana en su conjunto expresó su horror e indignación; sin embargo, hoy el número de muertos de cada semana triplica lo sucedido en Acteal y en Aguas Blancas, como parte de la realidad que por cotidiana no merece ya mayor interés, no obstante las abominaciones implícitas en esa violencia.

¿Cuantos años le costará al país recuperar lo que con tanto esfuerzo se había logrado? Seguramente décadas, en las que habremos de seguir inmersos en un escenario donde incluso la cifra de muertos y desaparecidos se desconoce, ¿cuánto tiempo, vidas sacrificadas y recursos que se debieran estar usando en infraestructura, en educación, en salud, serán necesarios para recuperar un escenario de paz, progreso y civilidad?: difícil saberlo, habrá que esperar para saber qué dicen las nuevas autoridades al respecto. Pero éste es sólo uno de los legados de Calderón al término de su sexenio marcado por la violencia, la corrupción, el enajenamiento del patrimonio y, por qué no decirlo, la traición al país que fue puesto en sus manos.

Es por ello que un grupo de mexicanos nos hemos estado reuniendo e intercambiando mensajes, para realizar un juicio ciudadano a Felipe Calderón, del cual surgirá un veredicto en los próximos días, con el propósito de ponerlo a la consideración de la sociedad toda. Este veredicto, elaborado por especialistas en derecho constitucional a partir de las numerosas demandas, acusaciones y querellas presentadas por diversos ciudadanos de diferentes partes de nuestro país, será publicado en nuestra páginawww.tribunalciudadano.mx el próximo 22 de noviembre, para ponerlo a la consideración de la sociedad mexicana en su conjunto, esperando la participación de miles de ciudadanos que puedan emitir su opinión de respaldo, utilizando un pequeño formato de respuesta, accesible en la misma página, en la que será posible además, observar el número de respuestas recibidas de cada entidad de la República, así como de mexicanos residentes en otros países.

Con este sencillo mecanismo, ponemos a la disposición de l@s ciudadan@s de la nación entera, la posibilidad de emitir su opinión libre y pública sobre la actuación del señor Felipe Calderón Hinojosa como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del 1º de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, para conformar con ello un juicio que constituya de facto la demanda que la Constitución Mexicana señala como necesaria cuando el Presidente de la República no ha cumplido con su protesta de ley.

De nuestra experiencia ciudadana sabemos que al final de los últimos sexenios, los mexicanos en general nos hemos sentido defraudados ante las acciones y omisiones del presidente saliente; sin embargo, el nivel de deterioro y destrucción de los tejidos sociales, de las instituciones y del futuro mismo de la nación que hoy observamos y padecemos, no tiene precedente y no deseamos que vuelva a suceder nunca más.

Por ello hemos optado por realizar este esfuerzo, sabiendo que existen cientos de miles y seguramente millones de ciudadanos enojados, dolidos, frustrados y desalentados al ver que sus reclamos no tienen respuesta y sus esfuerzos no producen los resultados esperados ante la corrupción y el desdén imperante en las autoridades, pero que sus quejas individuales deben formar parte de una gran demanda ciudadana, que por sus dimensiones pueda ser conocida por los partidos políticos y por los integrantes del próximo gobierno, como una señal clara de lo que los mexicanos no queremos y no estamos dispuestos a seguir tolerando.

Hacemos finalmente un llamado a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, al Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como a los miembros de las organizaciones juveniles 132 y al Movimiento de Paz y Justicia con Dignidad que encabeza Javier Sicilia, a participar en este ejercicio sencillo, pero muy trascendente, que hemos venido proponiendo.

Fuente: La Jornada

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