Liberan bajo fianza en EU a socio de Oceanografía

0

Un juez migratorio de Estados Unidos dejó en libertad a Martín Díaz Álvarez, socio accionista de Oceanografía, tras pagar una garantía de 250 mil dólares y porque el Departamento de Justicia no tramitó su extradición a México.

Adam Opaciuch, Juez del Centro de Procesos y Servicios de Krom, al sur de Miami, otorgó la libertad al empresario bajo medidas de seguridad, como el uso de un brazalete electrónico y la obligación de reportarse periódicamente por teléfono al ICE, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con los informes recabados, el juez autorizó a Díaz a salir del condado e incluso viajar a Estados Unidos, debido a que no halló elementos para suponer que es un riesgo para la sociedad.

Díaz Álvarez es buscado en México por presuntamente tramitar créditos fraudulentos con Banamex por más de 5 mil millones de pesos.

Su captura en Estados Unidos se efectuó porque caducó la vigencia de su visa y no por una orden de detención provisional con fines de extradición a México, requerida infructuosamente desde el 5 de septiembre del año pasado.

Contra el también ex presidente del Consejo de Administración de la Caja Libertad pesa una orden de aprehensión librada el 17 de junio de 2014 por el juez federal Rubén Darío Noguera Gregoire, por violación a la Ley de Instituciones de Crédito en una modalidad grave, que no admite fianza.

El mandato deriva de un expediente donde le imputan tramitar y conseguir créditos con estimaciones apócrifas en favor de Oceanografía, que ocasionaron un quebranto a Banamex por 5 mil 234 millones de pesos.

La PGR de hecho lo señala como “el verdadero dirigente de la secuela delictiva” y como miembro de una “célula criminal”, no obstante que muchas de las estimaciones falsas estaban firmadas por Amado Yáñez Osuna, el accionista mayoritario de Oceanografía.

El ex director financiero de Oceanografía, que vive en una suite de un lujoso hotel de la avenida Brickell, podría hacerse acreedor, de ser hallado culpable, a cumplir una pena que va de ocho a 15 años de cárcel y a pagar una multa, según la ley de Instituciones de Crédito.

Fuente: Reforma

Comentarios

Skip to toolbar