Van tras Murillo Karam y Tomás Zerón por el caso Ayotzinapa

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La resolución del juez que ordena liberar inmediatamente a 24 de los inculpados en el caso de Ayotzinapa, es “una muestra de la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país, que huele a podrido”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

También anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará recursos y diligencias contra el ex Procurador José Murillo Karam; el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio; y José Aarón Pérez Carro, ex titular de la Unidad Especial para el caso.

“Nosotros no podemos mantener silencio frente a lo que está sucediendo en todo el proceso judicial que se sigue por la desaparición de los 43 estudiantes”, dijo Encinas Rodríguez en conferencia de prensa.

Al fijar la postura del gobierno federal respecto a dicha resolución judicial, el funcionario dijo que ésta también representa una “afrenta” a las víctimas, a los padres de familia, y a la justicia de nuestro país.

“Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad”, insistió, para señalar que es el momento de hacer cambios profundos al sistema de justicia del país.

Además, refirió que la resolución dictada por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, se realizó a la vieja usanza de “sabadazo y de puente”.

“Con estas 24 libertades, se suman a las 53 ya otorgadas por el mismo Juez, lo cual suma 77 libertades de las 142 personas a quienes se les habían identificado la presunción de la comisión de diversos delitos. Quedan solamente 65 de las 142 personas detenidas en estos momentos por este proceso y de mantenerse esta tendencia, y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días pueden otorgarse diversas libertades”, añadió.

En conferencia en la sede de la Secretaría de Gobernación, Encinas Rodríguez consideró que esta misma resolución “sienta un grave precedente”, otorgando beneficios a imputados sin que hubiera sentencia de tortura, sólo con la mera presunción, y privilegiando de nueva cuenta el derecho de los presuntos perpetradores sobre el derecho a acceder a la justicia que deben gozar las víctimas, sus familiares y la sociedad en general.

Explicó que el juez Ventura Ramos –del cual no aparece ni una fotografía en el Consejo de la Judicatura Federal- interpretó con mucha laxitud la ley y actuó de manera incongruente, pues mientras avala que hubo tortura para los inculpados, tampoco finca responsables en contra de los presuntos torturadores, dejando también en la impunidad a los funcionarios que la cometieron.

En resumen, dijo, “no imparte justicia y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior, dejando en la impunidad a quienes alteraron la investigación y a quienes cometieron los delitos, lo que nos obliga a realizar una revisión profunda del actual sistema de justicia, para garantizar el fin de la impunidad, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación del daño, y las medidas de no repetición de los hechos”.

El subsecretario Encinas destacó que la Fiscalía General de la República anunció ya que presentará los recursos y las diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades, entre los cuales están el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal.

En la víspera, el juez Ventura con sede en Tamaulipas ordenó la liberación absoluta e inmediata de 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

La libertad fue concedida luego de que le fuera negada a la fiscalía especial del caso Ayotzinapa la ampliación del plazo de 10 días naturales que el propio juzgador le había dado para someterlos a los protocolos de Estambul para determinar si habían sido o no sujetos de actos de tortura.

Fuente: La Jornada/ SinEmbargo

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