La recomendación de la CNDH: bomba

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Por Luis Javier Valero Flores

Son numerosas y de tan de extrema importancia las implicaciones derivadas de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); tantas las vertientes jurídicas y las sociales y, sobre todo, las políticas, que harán de este asunto uno de los más importantes a lo largo de los próximos años.

Las consecuencias irán más allá de la tragedia que enlutó a los familiares y amigos de nueve víctimas y de las lesiones sufridas por más de un centenar de chihuahuenses.

De ahí la trascendencia de la recomendación del organismo derechohumanista que, de motu proprio, decidió realizar las investigaciones pertinentes para elaborarla, la que ha sido aceptada (así debamos esperar, aún, las aceptaciones formales) por las autoridades señaladas: El gobernador del estado, César Duarte; el Ayuntamiento de Chihuahua y el Congreso del Estado, éste en sus dos vertientes, la de la revisión de las normas en materia de protección civil en los espectáculos y la de la Auditoría Superior del Estado, para que efectúe las revisiones necesarias, a fin de determinar la legalidad en la entrega de recursos del presupuesto municipal a la empresa Espectáculos Extremos, responsable de la celebración del Aero Show.

Son varias las vertientes nuevas.

La primera, que contrariamente a lo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE), por primera vez se señala como presunto responsable al ex alcalde Marco Adán Quezada; lo mismo ocurre en el caso del ex Secretario del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez; del ex tesorero, Idelfonso Sepúlveda; el ex subdirector de Gobernación, Javier Torres Cardona; el ex director de Desarrollo Empresarial y Turístico, Alfonso Prieto Prieto, y del ex regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Manuel Fuentecilla Noriega.

Incluye a quienes ya se encuentran bajo proceso, al ex subdirector del H. Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Ávila, y al ex coordinador operativo de la Unidad de Protección Civil, José Domínguez.

Al incluir al ex secretario del Ayuntamiento y al subdirector de Gobernación lo hace bajo la premisa que ellos debieron aprobar, en distintos modos y momentos, conforme a la documentación aportada a la CNDH, las medidas de seguridad para la celebración del espectáculo. Las incumplieron.

Seguramente en este apartado, por esas omisiones, incluye al secretario del Ayuntamiento; y por la entrega de los recursos económicos, al tesorero y al regidor presidente de la Comisión de Hacienda.

En lo referente a la protección civil, uno de los episodios resaltados por la recomendación describe que la empresa le pidió al subdirector de Protección Civil que efectuara la inspección necesaria sobre las medidas de seguridad realizadas, pero que no existe constancia alguna de que este funcionario haya ordenado la realización de tal inspección, ni de que se haya celebrado.

Además, la CNDH resuelve sobre dos asuntos poco abordados, desde el punto de vista jurídico, o pospuestos hasta ahora: El modo en que la autoridad municipal erogó los recursos para la celebración del Aero Show; y la indicación, terminante, al Ayuntamiento de Chihuahua, a que repare el daño “ocasionado a las víctimas directas e indirectas, en la que se incluya la indemnización respectiva…”.

A lo largo de la recomendación, la CNDH llegó a la conclusión que el convenio realizado entre el Ayuntamiento y la empresa Espectáculos Extremos no se efectuó conforme a lo establecido en las constituciones, Política de México y la del Estado de Chihuahua, “ni de acuerdo a lo indicado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua”, por lo que le dará “vista” a la Auditoría Superior del Estado “para que determine las responsabilidades penales o administrativas cometidas por las autoridades municipales”.

Llama la atención que la recomendación no efectúe observación alguna a la instancia estatal de Protección Civil, ni que haga referencia a las atribuciones, facultades y responsabilidades de esta dependencia, ni de las probables omisiones en que haya incurrido.

Esto, a pesar de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Protección Civil (Capítulo VI, del Programa Estatal de Protección Civil) el cual ordena que “… En los inmuebles o establecimientos que por su propia naturaleza o por el uso al que se han destinado reciban una afluencia masiva de personas, deberán contar con un programa interno de protección civil acorde con los lineamientos que establezca el Programa Especial, autorizado y supervisado por las autoridades de Protección Civil. De igual forma, los organizadores de espectáculos de concentración masiva de personas deberán solicitar de la Unidad una autorización a efecto de verificar las medidas de seguridad con que se cuenta…”.

Por supuesto que en este apartado se refiere a las autoridades estatales. Nada de esto aparece en la recomendación.

Asimismo, la CNDH señala que no hay constancia de la iniciación de algún proceso administrativo en contra de funcionario alguno.

Contrariamente a lo hasta ahora hecho por la autoridad municipal, la que ha expresado la necesidad de esperar la determinación judicial correspondiente, en el juicio instaurado en contra de los ex funcionarios municipales y los empresarios Felipe Valdez Cavazos, representante legal de la asociación civil “Espectáculos Extremos del Municipio de Chihuahua”; Elliot Gerardo Castillo Hernández, empresario responsable de la organización del espectáculo “Demolition Show”; Guillermo Ávila Olivas, ex jefe de Bomberos, y José Domínguez Castillo, ex coordinador operativo de la Unidad Municipal de Protección Civil y Francisco Velázquez, piloto de la camioneta), para pagar las indemnizaciones, la CNDH es tajante, deberá efectuar la inmediata reparación del daño y efectuar las “indemnizaciones necesarias”.

Algunos juristas consultados por el escribiente sostienen que en este aspecto debiera aplicarse la Ley General de Víctimas. Cualquiera que sea la vía adoptada, la CNDH establece la obligación, para todas las autoridades involucradas, la obligación de informarle puntualmente del cumplimiento de la recomendación, so pena de ser llamadas por el Senado de la República y sancionadas en los términos de las nuevas regulaciones.

Además, la recomendación señala responsabilidades concretas para Marco Adán Quezada, en lo referente a la entrega de recursos económicos, pero no así en materia de seguridad y protección civil: “…Esta situación, denota una falta de observancia a la cultura de la legalidad por parte de los servidores públicos adscritos al Ayuntamiento de Chihuahua que representaron a ese municipio en el multicitado convenio, pero especialmente en AR4 quien en calidad de presidente municipal y representante legal del ayuntamiento, obligó al Municipio a realizar una transferencia de recursos públicos sin ceñirse a la legislación aplicable y obligatoria para esos efectos, lo que se traduce en una violación de la ley por parte de ese servidor público, así como por AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9 (los otros funcionarios no implicados hasta ahora en proceso legal alguno), quienes signaron el referido convenio”.

Y es que de la lectura de los diversos documentos en su poder sí se colige la comisión de distintas irregularidades de los funcionarios de segundo y tercer nivel del Municipio, responsables de la seguridad del espectáculo.

Por lo menos en la documentación a que tuvo acceso la CNDH (después de requerírsela a distintas dependencias, las que no se la negaron, por lo que puede concluirse que no hay más) no se podría fincarle responsabilidad concreta al ex alcalde, más allá de la de ser el funcionario más alto del Ayuntamiento, pero será muy difícil que alguien afirme, o que presente alguna evidencia que ordenó se obviara alguna medida de seguridad. Pero deberemos esperar.

Por otra parte, en sentido contrario a la más extendida percepción ciudadana, la recomendación no establece la obligación, para el gobernador del estado, de establecer procesos penales en contra de los funcionarios. Dice, textualmente, que “gire las instrucciones que correspondan para que el fiscal que conoce de la causa penal 1, pueda tomar en cuenta las observaciones señaladas en la presente recomendación y CONSIDERE LA PERTINENCIA (Mayúsculas de LJVF) de vincular a proceso a la totalidad de servidores públicos que participaron en los hechos y que incurrieron en omisiones e irregularidades probablemente constitutivas de delito…”.

Y para los que reclaman que la recomendación no incluye a los empresarios, debemos recordar el hecho de que la CNDH vigila solamente la no violación de los derechos humanos cometidos por los funcionarios públicos.

Las implicaciones políticas son evidentes. El ex alcalde Quezada, antes del accidente, aparecía como uno de los aspirantes mejor ubicados en el ánimo ciudadano para emerger como candidato del PRI a la gubernatura; nada parecía que podría impedirlo, hasta en las filas de la oposición obtenía buenas calificaciones su desempeño, se pensaba que podría superar el obstáculo de no pertenecer a los allegados al gobernador Duarte.

La recomendación y sus consecuencias podrían llevar a que se le descartara de tal competencia, lo que le ofrece a los otros aspirantes, señaladamente los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Enrique Serrano y Javier Garfio, mejores posibilidades de acceder a esa posición, en el supuesto que el gobernante tuviera a su alcance tal designación, o la mayor de las influencias en el ánimo del grupo gobernante en el país.

Pero el accidente del Aero Show le mejoró las posibilidades a otros aspirantes, a las senadoras Graciela Ortiz y Lilia Merodio y al ex alcalde de Juárez, Héctor Murguía.

De ahí que las consecuencias de la recomendación, insistamos, vayan a ser de largo aliento. Y aún falta la discusión jurídica sobre ella; en lo que no hay controversia es en que el Gobierno de Chihuahua debió aceptarla tal cual.

Veremos, en los próximos meses, cuán transparentes serán las investigaciones ordenadas por la CNDH.

 

 

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