Hay más violencia a mujeres periodistas

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Por Anayeli García Martínez

Aunque a la escena pública siempre resaltan los nombres de periodistas varones agredidos, desaparecidos y asesinados, también hay comunicadoras violentadas, insultadas, vejadas, difamadas, desacreditadas y –peor aún– exiliadas, desaparecidas y ultimadas. Además de las periodistas Regina Martínez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Ana Lilia Pérez, Sanjuana Martínez y María Esther Aguilar, hay decenas de reporteras que, como ellas, realizan su labor informativa sin importar que día a día enfrenten un ambiente hostil, de discriminación, desventaja y acoso.

Esta es la tesis del diagnóstico “Violencia contra mujeres periodistas México 2010-2011”, el primer informe sobre libertad de expresión en el mundo, que se realiza desde un enfoque de género y reconociendo que mujeres y hombres enfrentan distintas formas de violencia en un país donde los ataques a la prensa se han vuelto, lamentablemente, cosa común.

Este informe elaborado por el Programa de Libertad de Expresión de la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) que se presentó esta mañana en el Museo Memoria y Tolerancia, revela que las reporteras tienden a ser violentadas psicológicamente a través de amenazas o el desprestigio, explica Yunuhen Rangel, coordinadora de la investigación.

Los testimonios recopilados por CIMAC dan cuenta de una violencia tan sutil que para las autoridades y el gremio periodístico pareciera inexistente por el simple hecho de que con ellas no se usa el mismo “modus operandi” que con los reporteros que están en la línea de fuego.

Rangel detalla que a las reporteras se les golpea en la vida privada y en su calidad moral y profesional. A las mujeres todo se les critica y cuestiona: si son jóvenes, si están casadas, si tienen hijos, si son infieles, si cubren temas de corrupción, si son verdaderas periodistas y más.

Un ejemplo es el caso de la reportera del Diario de Sinaloa Cecilia Cota, quien al realizar una entrevista fue amenaza por un dirigente político que arremetió contra ella, la amenazó y le preguntó si realmente era “pura y santa”.

En julio pasado la reportera entrevistaba al ex candidato a diputado federal y dirigente de la organización “Brigada Popular”, Serapio Vargas Ramírez, cuando éste la amenazó por haber publicado una nota en la que describió las movilizaciones que él encabezaba y el lenguaje soez que utilizaba.

A Cecilia no tenían que matarla o golpearla, era suficiente con provocar su desprestigio y agredirla de forma verbal. El informe de CIMAC revela que a las comunicadoras las amenazan con dañar a su familia, las violentan sexualmente y las difaman.

Jade Ramírez, conductora y reportera de Radio Universidad de Guadalajara lo explica claramente: “No necesita ser un carro bomba, un balazo, una aprehensión irregular o un agravio físico directo para afectar a las periodistas; las maneras de operar de los agresores cambian”.

Jade lo sabe muy bien porque desde 2011 ha sido hostigada por su cobertura de los movimientos sociales. En un primer momento sus agresores trataron de desacreditarla al relacionarla sentimentalmente con un activista, para después acosarla sexualmente al hacer comentarios sobre su apariencia y su voz en radio.

Blanca Esther Buenfil Vanegas, directora editorial del portal Elcuartopoder.com.mx, en Quintana Roo, vivió una situación similar luego de que en junio de 2011 recibiera correos electrónicos en los que se cuestionaba su calidad moral y su vida personal, todo con el fin de cesar su postura crítica hacia el gobierno.

Aunque esta reportera lleva 25 años informando, sus detractores la tacharon como una mujer loca y sin oficio que se decía “periodista”, sin embargo la metodología desarrollada por CIMAC indica que éste es un claro ejemplo de difamación, lo que implica pérdida de bienestar familiar y personal para la víctima.

Otro caso similar es el ataque contra Betsy Hidalgo Rosales, reportera del Sistema Informativo Lobo de la Universidad Autónoma de Durango, quien fue asaltada. Entraron a su casa y sustrajeron fotos, ropa interior, tarjetas de crédito y su coche, pese a que en el lugar había objetos de más valor.

El mensaje era claro, una mujer es más vulnerable, misma señal que le enviaron a Ángeles Mariscal, reportera de CNN y Animal Político. Ella fue desprestigiada en redes sociales e incluso se le impidió que pudiera realizar su trabajo en Chiapas al negarle la entrada a un evento y quitarle su material de trabajo.

Estos casos no son los únicos. En el informe se detalla que en nueve años, de 2002 a 2011, se documentaron 94 casos de violencia contra periodistas, de los cuales el 85.4 estaban ligados directamente con su ejercicio periodístico, es decir, las violentaron para acallar el trabajo que realizaban.

Rangel precisa que en 2005 comenzó una ola de agresiones contra el gremio periodístico, pero este fenómeno se recrudeció años más tarde cuando reporteros, fotógrafos, camarógrafos e informadores se convirtieron en nota roja al ser asesinados, desaparecidos y obligados al exilio.

Sin embargo, las mujeres no aparecieron en los reportes elaborados por las organizaciones especializadas en el tema porque –asegura la coordinadora del Programa de Libertad de Expresión de CIMAC– la discriminación de género se considera como algo normal y el acoso sexual, los jaloneos en el “chacaleo”, o la negación de información se ven como “gajes del oficio”.

A las mujeres se les empezó a contar cuando sucedieron casos como el asesinato en 2011 de Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver en Veracruz, o el de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, en la misma entidad, el pasado 28 de abril.
Estos graves asesinatos que lastiman a la prensa mexicana –considera Yunuhen Rangel– se deben esclarecer al igual que la desaparición de la reportera del diario Cambio de Michoacán, María Esther Aguilar, ocurrida en noviembre de 2009.

Pero algo que también es urgente es la implementación de un mecanismo de protección para periodistas en riesgo que considere que mujeres y hombres enfrentan distintos tipos de violencia, y por tanto se necesitan protocolos de seguridad diferenciados. Ése es el siguiente paso, convoca la activista.

Fuente: www.CimacNoticias.com.mx

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