En la mira, 3 narco empresas mineras

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Según el gobierno federal, la revelación que hizo el exmandatario priista, Humberto Moreira, en el sentido de que el crimen organizado tiene presencia en la actividad minera de Coahuila, no fue una sorpresa. Por el contrario, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseguró que incluso ya investigaban esa situación desde hace algunos meses en coordinación con la administración del actual gobernador Rubén Moreira.

De manera simultánea, el procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, dijo que la Procuraduría estatal y la General de la República ya investigan sobre las tres mineras que podrían tener relación o son explotadas por la delincuencia organizada. Ambas instituciones han celebrado tres reuniones de análisis con la presencia de personal de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, Gobernación y Medio Ambiente, para ver este tema.

A su vez, Alejandro Poiré reveló que “ya veníamos actuando desde antes y se sigue actuando, pero también lo señalé: hay averiguaciones y hay investigaciones que se están realizando de manera conjunta con el gobierno del estado y por el gobierno federal en la materia, precisamente para verificar si estas hipótesis de participación de otros agentes se validan o no, y por supuesto que se tendrán que deslindar responsabilidades.

“Sí existen las investigaciones, independientemente de que he tenido comunicación con el señor Moreira respecto de estos casos de manera muy particular”, admitió el titular de la Segob en rueda de prensa.

También dijo que se investigaba el caso junto con el gobierno de Rubén Moreira, en el marco de la lucha contra el crimen organizado, “precisamente porque teníamos la preocupación de esa vinculación en algunos de los sectores de la economía de manera específica y estamos combatiéndolo de manera directa y de manera conjunta con las autoridades correspondientes”.

En ese sentido, comentó que se atiende la información “que tanto el señor Humberto Moreira como otros pudieran dar al respecto”. De hecho, indicó que después de los dichos del también exlíder nacional del PRI sobre el involucramiento de la delincuencia en la industria minera, estableció comunicación con el exgobernador de Coahuila.

Poiré hizo énfasis en que si alguien ha combatido al crimen organizado en Coahuila y otras entidades, ha sido el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Hay tres mineras en la mira

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la PGR ya investigan sobre las tres mineras que podrían tener relación o son explotadas por la delincuencia organizada, señaló el procurador estatal, Homero Ramos Gloria.

El funcionario indicó que ambas instituciones han celebrado tres reuniones, de las cuales dos han sido en la Ciudad de México y una más en la Región Carbonífera de Coahuila, donde se ha tenido la presencia de personal de las secretarías de Trabajo y Previsión Social, Gobernación y Medio Ambiente, para ver este tema.

Explicó que la jurisdicción de las minas es de orden federal, tanto la explotación, comercialización y la expedición de permisos, por lo que la PGJE coadyuva en las investigaciones y peticiones que se han hecho por parte de la PGR, además de haber puesto información a su disposición en ese sentido.

“El orden federal es quien ha abierto una línea de investigación en tres empresas de la Región Carbonífera, por lo que es cuestión de tiempo para que se determinen responsabilidades y se emita una opinión al respecto”, declaró.

Ramos Gloria refirió que el estado en el que se encuentran dichas concesiones le compete a la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), como a la PGR determinar si dichos negocios o empresarios tienen que ver con el crimen organizado.

“La paraestatal que tiene más o menos 84 contratos con diversas empresas que comercializan a través de ésta, pero solo una quinta parte de la explotación en el área de Coahuila, la maneja Prodemi”, indicó.

Explicó que la PGJE sabía de la existencia de pozos de carbón que laboraban sin los permisos indicados, y que fueran fuente de financiamiento de la delincuencia organizada.

“Las autoridades federales pidieron al gobernador información y él ordenó a algunos de nosotros apoyar en las investigaciones para poder ayudar a la revisión de cada una de las concesiones que ya están dadas o de los pozos que por alguna situación no cuentan con concesión”, puntualizó.

Fuente: Proceso y SinEmbargo

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