El general y el pacto por México

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

 

Durante la conmemoración del centenario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional pronunció un discurso en el que sostuvo lo siguiente:

 

“Nos congratula el Pacto Nacional (sic) logrado recientemente por los líderes políticos del país. Saludamos, también, las reformas e implementación de políticas de Estado en favor del bienestar colectivo. Ese espíritu propositivo y los hechos consecuentes son, justamente, la Marcha de la Lealtad moderna que el país requiere. La lealtad es de todos y para todos. Civiles y militares debemos capitalizar y potenciar sus enormes frutos”.

 

Comparar lo realizado por Enrique Peña en 72 días de gobierno con la parada ocurrida hace 100 años sobre Paseo de la Reforma, avenida Juárez, San Juan de Letrán, Cinco de Mayo, San Francisco y Plateros y 16 de Septiembre hasta Palacio Nacional, cuando cadetes escoltaron a Francisco I. Madero, apenas unos días antes del golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta, conocido como El Chacal, es un despropósito explicable acaso por el afán del general secretario de lisonjear al comandante supremo que le brindó la oportunidad de encabezar al Ejército y la Fuerza Aérea.

 

Igual lo hizo Antonio Riviello Bazán ante Carlos Salinas, quien padeció la impugnación generalizada por las innúmeras irregularidades cometidas en las urnas; Enrique Cervantes Aguirre con Ernesto Zedillo; Ricardo Vega García con Vicente Fox y, finalmente, Guillermo Galván Galván con Felipe Calderón, a quien el alto mando instaló en Los Pinos antes de que rindiera protesta ante el Congreso, tomado por el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal Preventiva, es decir, el Ejército pero vestido de gris.

 

Comparar la Marcha de la Lealtad con un pacto multipartidario que propiamente es una agenda política, observada con mucha desconfianza por senadores y diputados de todos los partidos porque estiman que atropella sus obligaciones, aunque Peña Nieto explicó que tal cosa no sucederá, es no sólo meter a las fuerzas armadas a la política de coyuntura, como bien advierte Lorenzo Meyer, sino que además no deben intervenir en la deliberación política de la naturaleza que ésta sea, porque de acuerdo al espíritu y la letra de ley de leyes no les está permitido, pero lo hacen con la anuencia de su comandante supremo, en este caso Peña. Y su antecesor, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús las involucró en tareas de seguridad pública para emprender una guerra que tenía entre otros propósitos el de legitimarlo en la Presidencia de la República.

 

La milicia, aquí y en China, es la institución política por excelencia en tanto columna vertebral del Estado que tiene el monopolio de la violencia, pero en México el precepto teórico hace años fue superado por la terca realidad. Desgraciada superación que está aparejada con un protagonismo castrense sin precedente, quizá desde 1924.

 

El creciente protagonismo político de las fuerzas armadas es de tal magnitud que algunos estudiosos –como José Francisco Gallardo Rodríguez– no vacilan en considerarlas como uno de los poderes fácticos del país. Recuerdo que Jorge Germán Castañeda recomendaba, en 1994, a Cuauhtémoc Cárdenas “sentarse a negociar”. Pero cuando presentamos el libro Ejército, medios y libertad de expresión en Ciudad Universitaria, en noviembre de 2003, el enciclopedista y amigo Humberto Musacchio me enmendó la plana: Es una dependencia del Ejecutivo.

 

La sociedad requiere meter al orden constitucional a su Ejército porque los políticos profesionales se muestran incapaces, desinteresados, antes de que el protagonismo del alto mando cause más destrozos a la legalidad, a la nación.

 

Utopía1216

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