Dictan formal prisión por tortura a 3 implicados en el caso Ayotzinapa

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La tortura a personas supuestamente relacionadas con la desaparición de los estudiantes fue comprobada desde 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, en investigación de hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura en agravio de Carlos Canto Salgado, este jueves 26 de marzo obtuvo auto de formal prisión contra Ezequiel Peña Cerda, Ariel Agustín Castillo Reyes e Isidro Junco Barajas, por el delito de tortura.

De acuerdo con fuentes judiciales, a Ezequiel Peña Cerda y Ariel Agustín Castillo Reyes, además del delito de tortura, se les fincó cargos por el delito contra la administración de justicia y abuso de autoridad.

Los tres se desempeñaban en cargos oficiales: “Ariel Agustín Castillo Reyes, elemento de la Secretaría de Marina Armada de México, Ezequiel Peña Cerda, elemento de la Policía Federal Ministerial e Isidro Junco Barajas, director de Equipos Especiales de la Policía Federal Ministerial”.

Los procesados se encuentran internos en el Cefereso número 4 “Noroeste” con residencia en El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit.

Ezequiel Peña Cerda, quien fuera director de área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y mano derecha del anterior titular Tomás Zerón, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, lo señala como responsable de la presunta tortura infringida a varios implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Peña Cerda fue aprehendido el 17 de marzo de este año en las oficinas de la FGR, igual que Isidro Junco Barajas, este último se desempeñaba como Subdirector de Control Operativo de la Dirección de Seguridad de la Cámara de Diputados, y fue detenido afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. Dos días después, fue detenido el elemento de la Marina.

De acuerdo con la investigación ministerial, Peña Cerda estaría involucrado en actos de tortura contra Carlos Canto Salgo, uno de los detenidos, quien al momento de su arresto fue acusado de formar parte del grupo delictivo Guerreros Unidos y señalado como responsable de la desaparición de los normalistas. Desde 2015, Canto Salgado denunció formalmente que fue torturado.

A mediados de 2019, a través de la plataforma YouTube, circuló un video que evidencia la tortura a la que Canto Salgado fue sometido y también, que ésta fue la técnica que los funcionarios emplearon para obligarlo a declararse culpable por la desaparición de los estudiantes.

Los tres, al ser detenidos, fueron trasladados al estado de Guerrero, en donde fueron puestos a disposición del juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales, quien giró la orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la FGR, el 26 de septiembre de 2014, el grupo de Guerreros Unidos participó en la detención y desaparición del grupo de normalistas.

En septiembre de 2019, a cinco años de la desaparición, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reveló que 53 de los 142 presuntos delincuentes que se detuvieron por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ya se encuentran en libertad.

Entre ellos, Gildardo López Astudillo, conocido El Gil, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos, quien fue señalado como la persona que ordenó el levantamiento y asesinato de los estudiantes.

De ello responsabilizó al Primer Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, el cual, dijo, desestimó 63 de las 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Y señaló:

“Se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad, al detectarse: 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia; 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación; 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular; 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición; seis casos de violación al derecho a la defensa adecuada, y un caso de incomunicación”.

Desde junio del año pasado el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, misma que fue conformada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reposición se ordenó porque los magistrados determinaron “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

En septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se trasladaron a Iguala de la Independencia y fueron perseguidos y atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. El saldo: 43 jóvenes desaparecidos, tres asesinados, y dos con lesiones perpetuas.

Fuente: Proceso digital/ SinEmbargo

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