Diáfanos

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Por Luis Javier Valero Flores

No se les puede llamar de otra manera. Los concesionarios del ViveBús Chihuahua, ante la realidad del amparo ganado para evitar la requisa de la ruta troncal (que en definitiva deberá resolverse el 19 de los corrientes), intensificaron sus reclamos y, desesperados, “abrieron” su juego.

¿Coincidencia? Al momento de realizar una protesta frente a Palacio de Gobierno, lugar en el que dieron a conocer una gran cantidad de datos sobre la operación del sistema de transporte, se realizaba una reunión del gabinete estatal –de cuyos temas y resultados no se había informado nada hasta la fecha–. Para atenderlos, se desprendió el Secretario de Gobierno, Raymundo Romero, pero la reunión, en la calle, terminó abruptamente luego que la rispidez alcanzada amenazara con desbordarse.

Casi al mismo tiempo, el alcalde capitalino, Javier Garfio, informaba que el año próximo se pondría en funcionamiento la segunda ruta troncal, con financiamiento federal, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (el cual aportará un 50 por ciento de la inversión total y Estado y Municipio, a partes iguales, el resto), a fondo perdido.

En este entorno, los concesionarios informaron que la Coordinadora de Transporte Colectivo (CTC) está en “quiebra”, que arrastra un déficit de 243 millones de pesos, por lo que, aseguraron varios de los dirigentes y representantes de la empresa, se requiere un “subsidio oficial” del orden de ¡los 29 millones de pesos mensuales, uno diario! “para absorber pérdidas y no subir tarifas”, sobrevivir y atender el servicio.

Además, dijeron, se necesita del apoyo del gobierno estatal –en forma de aval del crédito– para adquirir 50 autobuses para la ruta troncal. Es decir, por cualquier cosa que pudiera suceder que les impidiera pagar el crédito, el gobierno estatal, con recursos de la sociedad, tendría que liquidar el adeudo.

De otorgarse ese subsidio, los concesionarios aseguraron que no se aumentarían las tarifas del transporte.

Tales propuestas fueron realizadas por Guillermo Favela, uno de los dirigentes de los concesionarios, quien afirmó estar “abierto al diálogo”.

A su vez, el secretario de la CTC, Juan Gómez Enríquez, afirmó que la CTC adeuda 20 millones de pesos de diesel. Además, dijo, no tienen los suficientes recursos para pagar las nóminas de los operadores, “lo que realmente provocaría un verdadero colapso”.

Según los directivos de la empresa, el actual sistema de cobro de las unidades del sistema de transporte ViveBús ha provocado que la empresa opere en quiebra, ya que mientras que requiere un ingreso de unos 70 millones de pesos para su operación, en la práctica recibe ingresos de alrededor de 35 millones mensuales. La empresa se encuentra endeudada, dicen, prácticamente con todos sus proveedores.

Por su parte, Rubén González, gerente de Recaudo de la CTC, afirmó en abril pasado varias cosas muy interesantes, quizá las primeras y únicas acerca de los ingresos y egresos del ViveBús. Dijo que cada mes “son validadas” 10 millones de tarjetas; que cada pasajero paga en promedio 3.5 pesos por viaje (promedio, por el esquema de pago de 6-2-0 pesos, aunque afirmó que el 35% de los viajes son gratis), lo que haría un ingreso de 35 millones de pesos mensuales, frente a un monto de 70 de gastos de operación. Además, dijo que el sistema de recaudo costó 13 millones de dólares (Se antoja la pregunta: ¿Quién pagó ese sistema? Digo).

Y apareció la claridad de la postura de los empresarios del transporte urbano de la capital de Chihuahua, que de ninguna manera es distinta a la de sus colegas en Juárez. Gómez Enríquez dijo que para mejorar la calidad del transporte es necesaria la renovación de la flota, “no necesitamos modificar la tarifa, si el gobierno quiere regalar el transporte que lo regale, pero que nos otorgue las herramientas financieras para poder hacer que el sistema funcione tal como se planeó”. (Nota de Sandra Dueñes, www.ahoramismo.com.mx, 6/VI/14).

Por su lado, Guillermo Favela, representante jurídico de la empresa, aseveró que el gobierno del estado se encuentra obligado a otorgar un subsidio al transporte. “Si vale más el servicio, la gente tiene que pagar más, o bien actuar en consecuencia el gobierno, subsidiando para que el precio del pasaje se quede como hasta la fecha”.

Más clara no podía ser la postura de los empresarios. Necesitan 29 millones de pesos al mes para que funcione bien el transporte urbano. Uno podría suponer, válidamente, que en esa cifra van incluidas las utilidades de empresarios y trabajadores (porque usted supone, y supone bien, que al término de cada año, como debe ser, estos empresarios reparten el 15% de sus utilidades entre sus trabajadores, como bien lo hacen el resto de las empresas instaladas en Chihuahua); en pocas palabras, nos están pidiendo, no solamente al gobierno de Chihuahua, que administra nuestros recursos, que les paguemos en forma de subsidio sus ganancias y que sólo así nos podrán ofrecer un servicio de transporte adecuado.

Bueno, ¿y si en lugar de otorgarles millonarias cantidades de ganancias mensuales a este gremio que ha demostrado, hasta la saciedad, que no puede ofrecer un buen servicio, nos los ahorramos, en cantidades de 10, 15, 20 millones de pesos mensuales?

Ya puestos en cifras anuales, si calculamos sus ganancias mensuales en 15 millones de pesos, nos podrían servir, por ejemplo, para instalarles un aparato de aire acondicionado, de esos que aportan calor y frío, según la temporada, a 4 mil aulas escolares, de esas que ahora no cuentan con aparato alguno.

Y, además, con las cantidades que piden los concesionarios, todavía podríamos subsidiar el transporte urbano para mantener la tarifa actual y, con toda seguridad, con un mejor servicio que el de ahora.

Para mantener este aserto traigamos el ejemplo del funcionamiento de las carreteras concesionadas al gobierno estatal, que le han servido para financiarse, mediante el ingreso del pago del peaje en ellas, de gran manera y que prestan un servicio eficiente, tanto, que le han prestado al gobierno de Chihuahua, a través de operaciones en la Bolsa de Valores, miles de millones de pesos.

¿Por qué no crear una empresa del Gobierno del Estado, bajo la figura jurídica que quieran, la más deseable, la adecuada jurídicamente, encargada de otorgar el servicio y así ahorrarnos lo que en estos momentos solo son utilidades para un pequeñísimo grupo de concesionarios, los mismos que, es justo decirlo, no han mostrado el “espíritu” empresarial de la modernidad del Chihuahua de nuestros días que tanto se reclama?

Días atrás, Maclovio Murillo, el abogado que representó a la CTC para tramitar el amparo contra la requisa de la ruta troncal, había argumentado, para defender su postura, que el transporte urbano está subsidiado en todas las grandes metrópolis. Y puso de ejemplo el Metro de la ciudad de México y otras.

Se le olvidó al jurisconsulto que en esos lugares la empresa que otorga el servicio es propiedad del Estado, que son empresas de los gobiernos y que, por tanto, si se subsidia la operación no se está engordando el bolsillo de los empresarios del transporte.

Es de tal importancia, de tal complejidad el servicio que deberían prestar; es de tal magnitud, que no puede estar en manos de empresas privadas, éstas, por definición velan primordialmente por sus negocios, es decir, sus ganancias, no por el servicio otorgado.

Las empresas del Estado, por el contrario –así debe ser–, en la calidad del servicio prestado y en el ahorro de recursos públicos.

Pero días atrás, apenas tuvieron el amparo en sus manos, los capitalinos tuvieron la más plena demostración del “espíritu de servicio” con el que trabajan los concesionarios de la CTC.

No obstante las elevadas temperaturas ambientales, decidieron disminuir, o de plano quitar el aire acondicionado de las unidades de la ruta troncal. Solo hay que imaginarse el martirio al que fueron sometidos cientos de miles de capitalinos pues esas unidades, y ese es el principal reclamo, funcionan la mayor parte del tiempo atestadas a más no poder.

A la temperatura ambiental habría que agregarle entre 5 a 7 grados más al interior de los autobuses sin aire acondicionado por la aglomeración, ¡Temperaturas del orden de los 45-47 grados centígrados!

Casi simultáneamente suspendieron el servicio de Internet, medidas que el gobernador César Duarte calificó de mal gusto, “porque los camiones están nuevos y no tendrían por qué presentar fallas, así que lo asumimos como una actitud para desprestigiar el sistema de transporte”.

En tanto, en el ViveBús Juárez las cosas no parecen ser diferentes, a pesar de que el nuevo sistema de transporte abarca solamente a una ruta. A medio año del inicio de operaciones del nuevo sistema de transporte los concesionarios aún no aportan monto alguno al pago de los autobuses de la ruta troncal.

Llama la atención la postura de los regidores del PRI, no por nueva, sino porque de su postura podría uno colegir que tal forma de concebir a los empresarios del transporte no es exclusiva de estos políticos, sino que es compartida por sus compañeros de partido, al fin y al cabo que los integrantes y dirigentes de uno de los pilares del partido gobernante, la CTM, está absolutamente involucrada en este tema. Insisten en que cada autobús se les venda a 800 mil pesos ¡Y sin intereses! Tal postura choca con la de la fracción panista quienes proponen se fije una tasa de interés como en cualquier otro crédito.

¿Y por qué no la tasa de interés que pagamos todos, es decir, la que le están cobrando al municipio de Juárez por el pago de esos autobuses? ¿Por qué debemos financiar el negocio de los concesionarios del transporte urbano? Más aún, ¿por qué debemos financiar las utilidades de los empresarios del transporte, si es cierto que no las tienen?

Lo dicho, la salida es la requisa, la cancelación de las concesiones, la creación de la empresa del estado, la compra de un centenar de autobuses y todo efectuado bajo el más escrupuloso proceso legal para evitar que los concesionarios, con chicanadas, puedan eludir tal acción, absolutamente benéfica para la sociedad chihuahuense.

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