Deja Casa Blanca sola a Arizona

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Phoenix, Arizona— El Departamento de Seguridad Interna (DHS) estadounidense suspendió en Arizona el programa que permitía la colaboración de autoridades federales migratorias con las policías locales, para detectar y detener indocumentados.

En lo sucesivo, los oficiales de Policía que detengan a un inmigrantes sin papeles podrán conducirlo a la comisaria, pero tardo o temprano tendrán que ponerlo en libertad, ya que como la permanencia sin papeles en territorio americano es un delito federal, no tienen facultades para proceder, y los agentes federales no van a intervenir a menos que se trate de casos criminales graves.

La medida del DHS se dio horas después de que la Suprema Corte de Justicia emitiera la víspera su decisión sobre la antiinmigrante Ley SB1070 de Arizona, informaron hoy funcionarios del DHS.
La decisión judicial suspendió tres de cuatro disposiciones de la norma, pero autorizó a los policías de este estado investigar la condición migratoria de una persona que sea sospechosa de ser indocumentado.

La suspensión del Programa de Comunidades Seguras 287g afecta sólo a Arizona y es reacción directa al fallo de la Suprema Corte, precisaron funcionarios del DHS, al señalar que esta colaboración es innecesaria en un estado que ha adoptado leyes migratorias como la SB1070.

El cese del programa fue acompañado por el anuncio de que los agentes del DHS no responderán a los llamados de los policías de Arizona para recoger indocumentados, a menos que el detenido tenga un historial delictivo o de reiteradas violaciones a las leyes de migración.

El fin de la colaboración dificultará a las autoridades de Arizona la aplicación de la norma de la SB1070 que fue autorizada por la Suprema Corte.

El DHS mantenía el programa de colaboración 287g con siete corporaciones de policía de Arizona: el Departamento de Seguridad Pública (DPS) estatal, los Departamentos de Policía de las ciudades de Phoenix, Mesa y Florencia, así como los Departamentos del Comisario en los condados de Pima, Pinal y Yavapai.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reaccionó al dictamen judicial con la apertura de una línea telefónica y una dirección de correo electrónico dedicadas a recibir reportes de posibles violaciones a los derechos civiles, conducidas o auspiciadas bajo la SB1070.

En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, criticó la reacción del gobierno federal al fallo de la Suprema Corte, calificando de “increíble” la instalación de la línea telefónica y la suspensión del programa 287g.

Brewer reiteró: “tengo toda la confianza del mundo en nuestros agentes, y serán responsabilizados” de incurrir en violaciones al aplicar la SB1070. “Ningún derecho civil será objeto de abuso”, aseguró.

– Fuente: Notimex

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