Industria de criptomonedas invierte 176 millones de dólares en elecciones de Estados Unidos

Industria de criptomonedas invierte 176 millones de dólares en elecciones de Estados Unidos

La industria de las criptomonedas se ha convertido en una de las grandes fuentes de financiamiento político de las elecciones legislativas de Estados Unidos previstas para el 3 de noviembre. Una investigación publicada este 27 de octubre calcula que grupos relacionados con el sector han gastado aproximadamente 176 millones de dólares en más de cien contiendas, con el objetivo de impulsar a candidatos considerados favorables a su agenda.

El principal vehículo de ese gasto es Fairshake, un comité de acción política independiente, junto con organizaciones afiliadas. Hasta el 20 de octubre, esos grupos habían destinado unos 150.8 millones de dólares, mientras que otras entidades del sector sumaban cerca de 25 millones. Empresas y firmas de inversión vinculadas con activos digitales figuran entre sus principales financiadores.

La estrategia no se limita a apoyar a un solo partido. Los promotores buscan construir relaciones con legisladores demócratas y republicanos que puedan respaldar reglas más favorables para las plataformas, los emisores y otros participantes del mercado. En algunas contiendas, la publicidad financiada por estos grupos se centra en asuntos generales de campaña y no menciona directamente las criptomonedas.

La disputa regulatoria es decisiva. Aunque en 2025 se aprobó un marco federal para ciertas monedas estables, otro proyecto de mayor alcance, conocido como Clarity Act, quedó estancado. Sus partidarios quieren reglas más definidas para la industria; los críticos advierten sobre posibles conflictos de interés y una supervisión insuficiente.

La intervención de grandes donantes también ha provocado cuestionamientos sobre el peso del dinero privado en las campañas. Los comités independientes pueden realizar gastos cuantiosos, pero no coordinar directamente sus anuncios con los candidatos. El resultado electoral determinará qué fuerzas tendrán capacidad para retomar las iniciativas regulatorias en el próximo Congreso.