Exfiscal César Jáuregui niega haber autorizado operación con agentes de la CIA; FGR mantiene su detención
César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, declaró ante un juez de control que no autorizó ni consintió la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo contra el narcotráfico llevado a cabo en abril en la Sierra Tarahumara. Este caso ha generado un nuevo conflicto judicial y político en la entidad, donde las autoridades estatales y federales investigan la posible intervención de funcionarios extranjeros sin autorización del Gobierno de México.
En su defensa, Jáuregui afirmó que la Fiscalía estatal no ha presentado pruebas que acrediten que él ordenó la presencia de los agentes estadounidenses. También cuestionó que los testimonios de funcionarios entrevistados no establecen un vínculo directo entre sus decisiones y el despliegue en la comunidad de El Pinal. Cabe destacar que estos argumentos son parte de la defensa y no constituyen una resolución judicial sobre el fondo del asunto.
Durante la audiencia local, se emitieron distintas decisiones: un juez determinó que el exfiscal continuara el proceso en libertad condicional. Sin embargo, al salir de la audiencia, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una nueva orden de aprehensión en su contra, motivo por el cual fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México. Asimismo, enfrenta denuncias por ejercicio ilícito de funciones y traición a la patria, aunque la responsabilidad deberá ser definida en tribunales.
El expediente judicial se originó a partir del 19 de abril, cuando un accidente en carretera provocó la muerte de dos agentes de la Fiscalía de Chihuahua y dos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black. El grupo regresaba de una misión vinculada con la inspección de un laboratorio clandestino en El Pinal. La presencia de los agentes de inteligencia extranjeros y las versiones oficiales iniciales se convirtieron en el eje de la controversia.
La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó el 20 de octubre que no existe un acuerdo político con la gobernadora Maru Campos para detener a Jáuregui y puntualizó que corresponde a las fiscalías presentar las pruebas. La defensa ha acusado motivaciones políticas en el proceso. Entre ambas posturas, queda pendiente la cuestión jurídica clave: determinar quién autorizó la participación de los agentes extranjeros, con qué conocimiento de las autoridades y bajo qué marco legal.
