Crisis en derechos humanos, borrada del informe de EPN

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En contraste con la versión oficial, organizaciones nacionales e internacionales consideran que México atraviesa por una severa crisis de derechos humanos y como ejemplo de ello citan el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo en su Tercer Informe de Gobierno que en su administración el respeto a los derechos humanos “ocupa un lugar central en la agenda de temas estratégicos”, y a manera de ilustración mencionó que se implementaron cursos de capacitación a funcionarios públicos en “protección a los grupos más vulnerables, así como de eliminación de la discriminación”.

A pesar de las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán, Ecuandureo y Calera, que generaron un escándalo mundial en su momento, el mandatario presumió que las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos disminuyeron 64%.

Según los datos aportados en su informe, en el periodo de septiembre de 2014  a julio de 2015, la CNDH emitió 18  recomendaciones, 32 menos que las registradas en el mismo periodo de 2013 a 2014 y “66.7% con relación al periodo de 2012 a 2013, donde se emitieron 54 recomendaciones dirigidas a la APF”.

Los casos graves registrados en este año son mencionados en el reporte de las acciones realizadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dependencia que registró en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 180 víctimas, y en el ataque a los futbolistas del equipo Avispones, 100, a los que “se les brindó atención multidisciplinaria y aun son sujetos a un programa de atención individualizada”, en tanto que en el caso Tlatlaya, la CEAV registró a 93 víctimas “y se continúa con el análisis de los casos restantes”.

De acuerdo al informe la CEAV atendió a 52 personas víctimas de “comisión de delito de orden federal” a las que destinó en indemnizaciones por “comisión de delito por orden federal”,  a las que se destinaron 12.5 millones en indemnizaciones, en tanto que a 19 víctimas de “violación a derechos humanos”, se les entregaron 12 millones de pesos.

En el apartado “Instrumentar una política de Estado en derechos humanos”, se señala que de enero a julio de 2015 el “Gabinete de Seguridad” recibió cuatro recomendaciones de la CNDH, tres menos que en el mismo periodo de 2014 y 10 menos que en 2013, en tanto que la recomendación 26/2001, referente a las víctimas de desaparición forzada en la guerra sucia, el informe de Peña asegura que de los más de 500 casos a que hace referencia la CNDH, el  gobierno federal ha cubierto 96 indemnizaciones a familiares de desaparecidos y 54 permanecen en proceso.

En cuanto a las sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el informe presidencial asegura que dicho tribunal declaró el cumplimiento delas mujeres indígenas abusadas sexualmente por el Ejército, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

Sin mencionarse la palabra “desaparecidos” el texto menciona que en el tercer año de gobierno se brindó apoyo a “mil 397  familiares de personas extraviadas, sustraídas o ausentes” con la elaboración y difusión de “cédulas de identificación en todo el país”, además de que se ingresaron al Sistema CODIS (Combined DNA Index System9 7 mil perfiles genéticos, con lo que a julio de 2015  existen 25 mil 31 perfiles genéticos “que han permitido identificar a 431 personas que se encontraban en calidad de desconocidas”.

En cuanto a los delitos cometidos contra periodistas se informa que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició 133 averiguaciones previas, ejerció 19 acciones penales y determinó el 35 casos el no ejercicio e la acción penal; 14 expedientes fueron acumulados y 49 se determinaron por incompetencia, en tanto que 117 se consideraron concluidos.

Y asegura que en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob se atendieron cien solicitudes de información, de las cuales 37 corresponden a defensores y el resto a periodistas; a 53 se les dio tratamiento ordinario y a 29 extraordinario, mientras que en 18 casos no hubo incorporación al mecanismo.

Fuente: Proceso

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