Con EPN se inhiben libertades y protesta social, dicen 11 ONG

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El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por organizaciones nacionales e internacionales como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro DH), dio a conocer su Informe Control del Espacio Público sobre los retrocesos en las libertades de expresión y reunión del actual Gobierno de México.

En el documento, las organizaciones del Frente detallan que a partir de diciembre de 2012 –mes en el que asumió el Presidente Enrique Peña Nieto– la libertad de expresión y la protesta “enfrentan una ofensiva desde el Estado”, aunado a que México vive un proceso de crisis en materia de libertades democráticas y derechos humanos.

“La restauración de prácticas autoritarias y el aumento de la violencia, han afectado la vigencia de la democracia”, agregan.

El Frente dice que lo anterior ha generado “un contexto político desde el cual funcionarios públicos de distintos niveles de Gobierno descalifican a quienes se manifiestan, minimizan agresiones en su contra, y justifican detenciones arbitrarias y el uso del sistema penal de forma arbitraria”.

El informe es elaborado a través del monitoreo constante de iniciativas legislativas que puedan restringir el derecho a la protesta, así como de la documentación de eventos en los que se registran agresiones contra manifestantes en todo el país, realizado por las 11 organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro ProDH, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

El documento da cuenta del aumento a la violación de los derechos humanos en contextos de manifestaciones, así como un incremento en la creación de leyes que restringen los derechos de los ciudadanos en diversas partes del país; además de la imposición de condicionamientos administrativos para la manifestación y el uso del espacio público, así como la dotación de facultades a los cuerpos policíacos para el uso discrecional y arbitrario de la fuerza y el uso del derecho penal para castigar a manifestantes y personas que documentan las protestas.

Detalla también el “papel preocupante que ha jugado el Poder Judicial de la Federación ante los recursos de amparo interpuestos por diversos colectivos de estudiantes, sindicatos, periodistas y personas defensoras derechos humanos contra leyes que buscan inhibir la manifestación pública” en el Distrito Federal y en los estados de Puebla y Quintana Roo.

El Informe analiza cómo México se ha insertado en una tendencia global a limitar la fuerza de las expresiones y manifestaciones de disenso y las críticas hacia la gestión gubernamental.

“Sin protesta no hay democracia”, reitera el Frente en este contexto. “La protesta social se encuentra dentro el corazón mismo de la inacabada vida democrática de muchos países de la región americana”, precisa.

Alerta que el Estado en lugar de generar una gestión pública eficaz que responda efectivamente a la conflictividad por la que surgen estas expresiones evade su responsabilidad de atender y resolver la conflictividad social en un marco respetuoso y garante de los derechos humanos y no discriminación”.

El Frente recuerda que durante la presentación de su primer informe, en abril de 2014, manifestó su preocupación en torno a la crisis de derechos humanos en medio de la cual se enmarcaba el debate sobre la protesta social en México. Sin embargo, alerta, un años después, el panorama no ha mejorado.

El documento explica que el “deseo de transformar esta realidad para muchos mexicanos y mexicanas atraviesa por la imperiosa necesidad de buscar -por cualquier vía legítima- alternativas para resistirse a naturalizar este contexto de violencia e impunidad, y para expresar su disenso, su deseo de justicia, verdad y reparación para las víctimas, y como sociedad hacer visibles sus expectativas y aspiraciones”.

En este sentido, la protesta pública es la manifestación más visible de una situación que no ha sido atendida o resuelta eficazmente, de ahí surge su legitimidad, “precisamente a partir del incumplimiento de las obligaciones de respeto, de protección, promoción y garantía del Estado mexicano”.

En México, indica el documento, la realidad ” incontenible, se hace presente en las calles y plazas públicas: impunidad, corrupción, violencia, despojos de bienes comunes, tortura, desaparición forzada, por mencionar algunos temas”.

Sin embargo,  dice que el Estado mexicano ha mantenido “una posición reacia que niega de forma reiterada la gravedad de las circunstancias por las que atraviesa el país, y que lejos de ver en estas y otras condiciones una prioridad para la agenda nacional, concentra su acción para el control, la regulación y la represión de cualquier expresión crítica y de descontento social”.

Con ello se cierra el camino a la expresión libre de las demandas sociales y a las muestras de inconformidad y disenso, pues cancelas la posibilidad de cualquier diálogo. ”Las necesidades e intereses confrontados entre la ciudadanía y el Estado configuran un terreno inestable que fácilmente podría escalar hacia escenarios cada vez más peligrosos y violentos”, alerta.

Uno de los casos paradigmáticos en materia de represión a la protesta social es el de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan. Foto: Cuartoscuro.

DE CHALCHIHUAPAN A AYOTZINAPA

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social destaca en su informe los actos de represión y criminalización de la protesta social que tuvieron lugar durante 2014 y parte de 2015 entre los cuales destaca “en materia de represión a la protesta social es el de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla”. También consigna los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, día en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Uno de los casos paradigmáticos en materia de represión a la protesta social es el de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. En julio 2014, habitantes de esa localidad fueron agredidos por policías municipales quienes, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, balas de goma y latas de gas, dispersaron a las personas que se manifestaban. Un menor, que resultó gravemente herido por el impacto de una bala de goma en la cabeza, murió. Este caso tenía como trasfondo, precisamente, un intenso debate sobre una ley local5 que facilitaba a los agentes estatales de seguridad el uso de armas de fuego en contra de manifestantes”, refiere el Frente.

En cuento al caso Iguala menciona cómo la desaparición de los 43 estudiantes dio pauta a una serie de movilizaciones y protestas en cuales se registraron episodios de represión y violencia contra los manifestantes. Menciona además que lo ocurrido a los normalistas centra una especial atención en Guerrero.

“Como se ha hecho evidente, el suceso que originó un punto de inflexión en relación con la situación de los derechos humanos, fue lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se dio la desaparición forzada de 43 jóvenes norma- listas, la ejecución de otros tres, así como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes a más de una veintena de estudiantes”, refiere el documento.

Menciona que ha existido “un excesivo uso de la fuerza pública para reprimir y castigar a quienes se organizan para demandar y exigir mejoras en sus condiciones, en este caso relacionadas con la educación”.

“No olvidemos que los jóvenes que sufrieron estas graves violaciones se alistaban a acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. A partir de estos lamentables hechos, la protesta social se incrementó considerablemente. A la fecha de este informe se han llevado a cabo cientos de actos de protestas: desde marchas y mítines hasta por lo menos una decena de acciones globales por Ayotzinapa, y no sólo en nuestro país sino en diversas ciudades del mundo”, precisa.

Otro de los casos mencionados es el desalojo de un plantón conformado por 150 pobladores de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, quienes protestaban frente a las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ocurrido la madrugada del 20 de agosto de 2014. En esa ocasión agentes antimotines y policías judiciales  arremetieron contra las personas ahí presentes, incluidos menores y personas que no participaban en la manifestación, específicamente contra quienes documentaban el operativo con cámaras y teléfonos celulares. Alrededor de 40 personas fueron detenidas.

Destaca además la intervención de agentes de seguridad durante la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a la ciudad de Pachuca quienes encapsularon a 15 defensores de derechos humanos que se preparaban para manifestarse en las inmediaciones del lugar donde se presentaba el titular del Poder Ejecutivo. Refiere también sobre una manifestación ocurrida en Chihuahua con motivo de la visita del titular del Ejecutivo federal. En esa ocasión quienes participaron en la protesta fueron aislados  y reprimidos por elementos de la Policía Federal.

Menciona el desalojo que realizó la Policía Federal  el 24 de febrero del presente año en Guerrero de una manifestación en Acapulco de profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) que exigían el pago de sus salarios. El saldo del desalojo fue de una persona muerta, al menos 11 lesionadas y ocho personas detenidas.

También refiere lo ocurrido el 17 y 18 de marzo de este año en el valle de San Quintín, en el estado de Baja California,  donde un grupo de jornaleros, en su mayoría indígenas, empezó un movimiento para exigir mejoras en sus condiciones labora-les. Los jornaleros cerraron calles de la localidad y a las 22 horas del día 17 de marzo de 2015 llegaron alrededor de 150 patrullas de policías municipales, estatales, federales y elementos del Ejército Mexicano de la 57 Zona Militar. Aproximadamente a las dos de la madrugada del día siguiente se inició una represión indiscriminada y se detuvo a 200 personas.

Los 200 detenidos fueron enviados a diferentes lugares, incluso al cuartel de la 57 Zona Militar donde, según testimonios de personas liberadas, estaban siendo golpeados.

Marcha de los jornaleros de San Quintin. 24 abril de 2015. Foto: Cuartoscuro.

LEYES CONTRA PROTESTA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El informe alerta que la protesta social puede verse limitada “ilegítimamente y criminalizada” a través de disposiciones normativas que expresamente intentan regular la manifestación pacífica y buscan imponer medidas de restricción a los derechos que la integran.

Dice que estas disposiciones son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. “En estos casos de limitación expresa y directa, es común ver propuestas legislativas que pretenden regular el uso del espacio público a partir de medidas de restricción a la manifestación en cuanto a vías principales, horarios, permisos, etcétera”, detalla el texto.

El Frente menciona que en los últimos dos años han llegado al Poder Legislativo varias iniciativas —algunas ya han sido aprobadas—, que muestran la voluntad de restringir las libertades de expresión y reunión, y la protesta social en México.

Dice que es el caso de las iniciativas de Ley General de Regulación de Manifestaciones Públicas9 y de Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal las cuales “exponen de forma evidente una voluntad restrictiva de la protesta social a través de la introducción de normas que establecen horarios, permisos y prohibiciones absolutas de utilización de vías primarias, así como esquemas de responsabilidad solidaria de quienes participan por los daños ocurridos durante las marchas”

El documento indica que estas propuestas para restringir la protesta social desde el ámbito legislativo también se da en el ámbito local. Dice que en los estados de Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz se han introducido estas “alarmantes iniciativas de ley que atentan contra la libertad de expresión y de reunión”.

Al respecto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social expresó su profunda preocupación respecto de estas propuestas, “no sólo por la gravedad del contenido —algunas exigen una ‘causa justificada’ para manifestarse— sino por la cantidad que han sido presentadas en los Congresos locales; únicamente en el estado de Oaxaca se han registrado cuatro iniciativas que buscan restringir la protesta social”.

El informe explica que en 2014 se publicaron cuatro leyes locales —el 2 de mayo fue aprobada la primera y el 14 de julio la última— que restringen de forma injustificada el derecho a la protesta social y la libertad de expresión y reunión. “Pero las legislaciones que restringen injustificadamente la protesta no se han detenido, sabemos que recientemente se aprobó en Puebla una nueva ley que sigue la misma tendencia”.

Explica que la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo otorga facultades a las autoridades para tomar las medidas necesarias para actuar en caso de que se altere el orden, la paz pública, se impida, entorpezca u obstaculice la prestación de un servicio público o se produzcan actos de violencia.

En el caso del DF, dice el reporte,  la Ley de Movilidad establece la necesidad de dar aviso previo para llevar a cabo una manifestación pública sin precisar qué consecuencias puede tener la falta de aviso, y establece además que las manifestaciones deberán ser “perfectamente licitas”.

En cuanto al Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas dice que éste realiza una clasificación de las manifestaciones en violenta y pacífica.

“A partir de una descripción vaga y amplia de lo que son las marchas violentas, alude a que en éstas se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver a la autoridad, se perturban la paz pública y la seguridad ciudadana. También establece la posibilidad de disolver este tipo de manifestaciones en lugar de actuar frente a los hechos violentos concretos de forma eficaz sin tener que disolver toda la manifestación, lo que afecta los derechos de todas las personas presentes”, detalla.

Sobre la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla alerta que establece factores de riesgo, “como el fin que persigue la manifestación, los aspectos socioeconómicos o políticos, entre otros, usados para justificar el tipo de operativo que las fuerzas de seguridad desplegarán frente a las manifestaciones”.

“En resumen, todas estas leyes contemplan dos elementos comunes: en primer lugar, contienen facultades abiertas para las autoridades, que arbitrariamente pueden restringir y limitar las manifestaciones; en segundo, establecen la restricción del espacio público para las personas que deciden expresar sus opiniones y su inconformidad públicamente”, explica el informe.

Fuente: Sin Embargo

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