CNDH condena al tribunal popular

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que los tribunales populares instalados por ciudadanos en el estado de Guerrero, los cuales pretenden juzgar delitos y amenazan con ejecutar sanciones, violentan el artículo 17 de la Constitución.

Por tal motivo, el organismo solicitó al gobierno del estado de Guerrero la aplicación de medidas cautelares, de manera indefinida, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por los denominados grupos de autodefensa.

El pasado 31 de enero, autoridades comunitarias de cuatro municipios de la región Costa Chica, que desde hace más de tres semanas decidieron tomar las armas para enfrentar directamente a la delincuencia, se erigieron como “tribunal popular” e iniciaron un juicio a 54 personas, entre ellas cuatro mujeres y tres menores, acusadas de delincuencia organizada.

La inédita asamblea se prolongó por más de tres horas y en ella participaron al menos 500 personas -la mitad de ellas armadas-; el encuentro se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en esta pequeña comunidad de indígenas nuu´savi (mixtecos), ubicada en la zona montañosa del municipio de Ayutla de los Libres.

Los integrantes del movimiento de autodefensa se limitaron a presentar públicamente a los inculpados y se acordó que para el 22 de febrero se realizará una segunda reunión, ahora en el municipio de Tecoanapa, para desarrollar la etapa de aportación de pruebas y alegatos, y posteriormente los miembros del tribunal emitirán su veredicto.

En un comunicado, la CNDH agrega que en el marco de la investigación del caso relacionado con este movimiento,  conformado por diferentes organizaciones ciudadanas de diversos municipios de la entidad, resulta un hecho notorio la instalación de un tribunal popular en la comunidad El Mesón, municipio de Ayutla de los Libres, que tiene como objetivo juzgar a las personas que han sido detenidas en operativos llevados a cabo por  integrantes de la llamada policía comunitaria en los municipios de Ayutla y Tecoanapa.

“En esas condiciones, a fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas que habitan en dicho Estado, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de las autoridades que por acción u omisión pudieran estar involucradas, este  organismo nacional autónomo solicitó la adopción de las siguientes medidas cautelares”:

1.- Que se implementen los mecanismos legales necesarios para salvaguardar los derechos humanos a la vida, integridad física, seguridad jurídica y legalidad de las personas retenidas por grupos de autodefensa.

2.- Se tomen las acciones necesarias para el restablecimiento de la seguridad pública y se salvaguarden los derechos humanos de quienes habitan los municipios en los que se presente el fenómeno.

La CNDH destaca que los usos y costumbres de los pueblos indígenas, por ningún motivo pueden contravenir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Guerrero ni las leyes  vigentes.

Fuente: apro

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