Ché, lo urgente no es lo importante

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Por Fabiana Arencibia

 

El enfrentamiento entre Clarín y el gobierno supera la supuesta afectación de los negocios que, con el visto bueno de distintos gobiernos, incluido el actual,  generó este grupo mediático.  Tampoco se relaciona directamente con la tan promocionada democratización de la comunicación que, afirmamos, no vendrá de la mano de la solución de este conflicto.

 

Durante todos estos meses, las idas y vueltas de la Justicia por el conflicto entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín respecto a la aplicación de dos artículos de la ley de medios (1) pusieron en evidencia, por si alguien aún lo duda, que lo que está en juego es una pulseada política entre dos sectores del poder.

 

Por un lado una corporación como el grupo Clarín que rompió en el 2008 su buena relación con el kirchnerismo. Por el otro un gobierno que plantea a esta pelea binaria,  contra quien ha erigido como el enemigo principal del pueblo, como la madre de las batallas para poder profundizar el “modelo”.

 

Así, el presidente de la autoridad que debe aplicar la ley (AFSCA) Martin Sabbatella, manifestó que en la Argentina “no podemos estar de rehenes de las corporaciones”, como si el accionar de la mineras, las sojeras, las petroleras, la industria química-farmacéutica, la de la alimentación y la banca financiera no lo fueran.

 

Recordemos que en el 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner, ante la crítica unánime de todos los actores sociales vinculados a la comunicación (muchos de ellos integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática), firmó el decreto 527/2005 que benefició entre otros al grupo Clarín.

 

La carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA hizo público un comunicado que decía: “Ante esta decisión, que supone la definición de una línea de política comunicacional de parte del gobierno acorde a los intereses de los propietarios de medios de comunicación, la Dirección y la Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires rechazan y deploran la sanción del Decreto 527/2005”.

 

En la práctica el decreto permitió la prórroga por diez años en la explotación de las licencias de televisión abierta, radio y TV por cable y capturó gran parte del espectro a favor de medios de comunicación que formaron grandes grupos concentrados durante la década de los ´90, beneficiando especialmente a quienes tenían licencias que vencían en el año 2007.

 

Por entonces, desde los medios populares, alternativos y comunitarios planteamos también nuestra crítica a la firma de ese decreto, que reflotamos cuando se debatió la nueva ley de medios. Ese fue el único decreto que no derogó la nueva normativa pero que además fue ratificado por el Parlamento Nacional tan solo 19 días después  de aprobada la ley de medios y por los mismos  parlamentarios que la votaron. O sea que por un lado daban su visto bueno a los mecanismos para desconcentrar previstos en la nueva ley y por otro no derogaban un decreto que mantenía la concentración.

 

Las licencias tenían estos vencimientos: Canal 9 (cuyos licenciatarios eran de Hadad y Moneta; hoy en manos de Albavisión, del empresario mexicano, nacionalizado estadounidense Ángel  González) en 2009,  América (hoy del Grupo UNO de Vila- Manzano) en 2012,  Telefé (Telefónica) en 2015, Canal 13 (grupo Clarín) en el 2015, Radio Mitre (grupo Clarín) en 2008, Radio Continental (del grupo español Prisa) en 2008, las radios del grupo mexicano CIE  en 2008,  Radio 10 (otrora de Hadad y hoy de Cristóbal López) en 2015, los operadores de cable –Cablevisión y Multicanal, fusionados con la venia de Néstor Kirchner, (del grupo Clarín) en 2006.

 

Como vemos, en el caso del grupo Clarín, la derogación de este decreto hubiese hecho caducar sus licencias en el 2006, 2008 y 2015. Sin ese decreto vigente, tanto Clarín como los demás, no tendrían que “desinvertir” para pasar su negocio a amigos, familiares o testaferros. Simplemente esas licencias, al vencer, quedarían en manos del Estado quien debería concursarlas nuevamente.

 

La pulseada es eminentemente política si pensamos que desde las declaraciones del mismo Sabbatella se sostiene que es “legal” que la desinversión quede en familia. Basta mirar el plan de adecuación presentado por el grupo UNO (Vila-Manzano) en el que las licencias se reparten entre los socios del grupo que se separarían en dos, sus familiares y amigos. (Propuestas de adecuación páginas 16 a 20).

 

Por otra parte, salvo la de este grupo, sobre el resto no hay publicado detalles de los propuestos por los grupos como  beneficiarios de los traspasos (al menos hasta ahora).

 

La ley anterior permitía en su origen (cuando la firmó la última dictadura cívico-militar) que un mismo prestatario tuviera solo 4 licencias. Con las modificaciones realizadas durante el gobierno de Menem se extendió ese límite a 24 en todo el territorio, con un máximo de 1 licencia de radio, 1 de televisión y 1 de servicios complementarios (TV por cable) en una misma zona. Por la ley actual las licencias permitidas en manos de un mismo prestador son 10 para radio y TV, más 1 señal de contenidos y  24 para cable en diferentes localizaciones (con un máximo de 1 de radio AM, 1 de FM y 1 de TV abierta o de cable).

 

El cuanto a radio y TV, Clarín supera ese máximo (tiene  25). Pero hay otros dos grupos que poseen más que éste (Radio Cadena ECO posee 29 y el grupo UNO de Vila Manzano, 28). Lo que diferencia a Clarín del resto es la TV por cable (tiene 237), explotación para la cual no está demasiado claro qué se considera una “licencia”.  El Grupo UNO posee 55 licencias de este tipo.

 

Recordamos que en materia de concentración de cantidad de licencias se trata, tal como lo dijo a poco de asumir el presidente actual de la AFSCA, de 500 licencias sobre un total de 5.000 existentes en todo el país. Fuera de lo que es el cable (que no utiliza espectro radioeléctrico) son, según Sabbatella, 20 los grupos que las concentran.

 

Si analizamos otro de los límites a la multiplicidad de licencias, que es la cuota de mercado, (35% de la población, para radio y TV abierta, y 35 % de los abonados, para la TV por cable) podemos ver que Clarín, en cuanto a las radios, es superado por el grupo español Prisa y en TV abierta lo supera Telefé de Telefónica.

 

Incompatibilidades cruzadas a nivel nacional (art.45 punto 1 -inc. a) y a nivel local (art.45 punto 2 -inc. c y d), incompatibilidades cruzadas con señales (art.45 punto 3 inc. a y b), exceso nominal de licencias a nivel local (art. 45 inc. a, b, c, d), incumplimiento de condiciones de admisibilidad (art.24: haber sido funcionario de gobierno de facto, ser funcionario público, poseer más del 10 % de participación en empresas que presten servicios públicos; art.29: poseer más del 30% en una empresa de capital extranjero), completan el complejo mosaico del análisis acerca de la “multiplicidad de licencias” que prevé uno de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín (Estado de situación de los grupos).

 

Martín Becerra, investigador y docente de la Universidad de Quilmes opina que entre apelaciones y recursos el desarmado del grupo Clarín podría darse en el 2015. “Pero esta dilación, en otro sentido, ofrece una oportunidad para que el Gobierno pongan en marcha el resto de la ley”, afirma.

 

Para Becerra  lo que emerge de esta disputa es la “erosión de la primacía del Grupo Clarín”  y la “ruptura de la alianza que habían sostenido Néstor Kirchner y Magnetto. “Una nueva correlación de fuerzas empresariales toma forma en detrimento del protagonismo ejercido hasta ahora por Clarín. Los movimientos que se registran en el sistema de medios responden a una política que no tiene, necesariamente, a la Ley Audiovisual como referencia aunque la invoca con insistencia”, agrega.

 

Más allá de la batalla jurídica entre Clarín y el gobierno, nos interesa resaltar que la construcción con lógica binaria de este debate (un gobierno que acusa a una corporación de ir contra la democratización de la palabra y una corporación que acusa a un gobierno de ir contra la libertad de expresión) clausura la posibilidad de pensar a la comunicación como un proceso de construcción social en donde los actores no son sólo dos.

 

En este sentido, la Red Nacional de Medios Alternativos ha planteado claramente que democratizar es mucho más que desinvertir. Es garantizar que muchos actores, múltiples voces y en especial múltiples discursos puedan legalizar sus medios y no quedar por fuera del nuevo mapa que se está gestando.

 

Los medios populares, alternativos y comunitarios son un eslabón esencial para la democratización de la comunicación porque expresan realidades diversas, tanto desde lo territorial como desde la comunidad de intereses que cada uno refleja. Para estos medios, la palabra y la imagen no son una mercancía con la que se lucra para defender intereses económicos y políticos concentrados. Son una herramienta que refleja la Argentina profunda, la que vive por fuera de las disputas corporativas.

 

No se cumplirá uno de los objetivos con el que fue propagandizada la nueva ley – el fin de los monopolios  –  si la adecuación de las corporaciones se resuelve con pases de manos entre conocidos, en un escenario de gatopardismo, desvistiendo un santo para vestir a otro.

 

Los medios populares alternativos y comunitarios deben ser legalizados más allá de las disputas entre los poderosos. Los medios públicos deben ser realmente “públicos”, con diversidad de miradas y pensamientos y no de un gobierno de turno. Las corporaciones deben desarmarse realmente, no rearmarse entre socios, amigos o familiares. La entrega de pauta publicitaria deba democratizarse y transparentarse para que no se utilice como premio o castigo de un gobierno. Solo así podremos avanzar en una real democratización de la comunicación.

 

Nota

 

(1)       Breve resumen de la disputa legal: Repasemos los últimos sucesos en la contienda entre Clarín y el Gobierno. En mayo de este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que a partir del 7 de diciembre vencía la medida cautelar que hacía tres años interpuso el grupo Clarín en primera instancia, argumentando la inconstitucionalidad de los art..45 (límite a la multiplicidad de licencias), 161 (adecuación a ese límite a través de la venta o transferencia) y concordantes. El máximo tribunal afirmó entonces que la empresa no aportó ningún elemento probatorio que demostrase cómo resultaría afectada la libertad de expresión si se aplicaban esos artículos. Un día antes que se cumpliera ese plazo, la Cámara Civil y Comercial Federal (Cámara que pudo constituirse luego de varias recusaciones de sus integrantes interpuestas por el gobierno) prorrogó la medida cautelar hasta que el juez de primera instancia Horacio Alonso, dictara sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de los artículos en cuestión. Ante esto, el Gobierno utilizó el “per saltum” (ley que permite a la CSJ intervenir en causas judiciales sin haber pasado por todas las instancias procesales) y le pidió a la CSJ que no diera lugar a la prórroga de la cautelar decidida por la Cámara. (La Casa Rosada había presentado al Congreso, en el que tiene mayoría,  el proyecto de per saltum que fue promulgado hace tres semanas). Pero la CSJ rechazó este pedido del Gobierno argumentando que el per saltum está previsto para fallos de primera instancia y lo que correspondía al gobierno era presentar lo que se denomina “recurso extraordinario”. Luego ordenó a la Cámara que acortara los plazos procesales y al juez Alonso que decida sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados por el grupo Clarín.  Mientras, el  Gobierno presentó el recurso extraordinario por la prórroga de la cautelar. Finalmente el viernes pasado el juez Alonso, decidió que los artículos de la nueva ley de medios cuestionados por el grupo Clarín son constitucionales y levantó la cautelar. Tanto el Grupo Clarín como la AFSCA dejaron pasar el fin de semana y este lunes actuaron. El primero presentó a las 8.00 de la mañana su apelación. El presidente de la AFSCA, acompañado por  una escribana, un notificador y dos directores del organismo,  se apersonó a las 10.00 ante la sede del grupo Clarín para notificarlos del inicio de la “transferencia de oficio” que prevé la ley, ante la negativa del grupo a presentar el plan de adecuación. El abogado del multimedio dejó constancia escrita del rechazo a esta medida por ser contraria a lo resuelto por la Cámara (prórroga de la cautelar del 6 de diciembre “hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa” por parte de esa misma Cámara o de la CSJ – según interpreta el grupo Clarín y abogados constitucionalistas-) y por la apelación presentada ese día. Al día siguiente, martes de esta semana, el juez Alonso aceptó la apelación del grupo Clarín contra su fallo del viernes y la envió a la Cámara, quedando por lo tanto vigente nuevamente la medida cautelar que él había desestimado. Será ahora la Cámara la que deba resolver.

 

Fuente: Red Eco Argentina

http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=9593&Itemid=130

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