Boletas 2006: Verdad y justicia

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Por Graciela Rodríguez Manzo*

Para el periodo comprendido entre el 12 y el 26 de noviembre próximos se tiene programada la destrucción de las boletas empleadas en las elecciones federales de 2006, luego de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobara la medida el pasado miércoles 3 con base en una disposición del Cofipe vigente en esa época que así lo ordena, a la par de los lineamientos que detallan el proceso de destrucción.

La medida fue aprobada pretextando el cumplimiento de la ley y aduciendo austeridad republicana, debido a los elevados costos que conlleva preservar la papelería electoral en bodegas rentadas con ese propósito que son resguardadas por personal de las Fuerzas Armadas. Al determinarlo de esa forma el Consejo General del IFE fue consciente de los intentos que diversas personas han hecho para tener acceso a las boletas de 2006, tanto en instancias nacionales como internacionales, sin que hasta ahora uno solo haya prosperado.

Seguramente habrá quien se pregunte el porqué de la insistencia por evitar la destrucción de esas boletas y de la pretensión de acceder a ellas. Nuevas elecciones se han llevado a cabo y según las autoridades electorales “México ha vivido una jornada ejemplar durante el 2012”. ¿Cuál sería entonces el sentido de preservar la papelería electoral de 2006? Sin embargo, frente a esta postura cabe una pregunta del todo necesaria e inquietante: ¿por qué a casi nadie le interesa?

Se vive muy a gusto con la ilusión de que se nos gobierna bajo un régimen democrático, en el cual las instituciones funcionan adecuadamente velando por el respeto y garantía de nuestros derechos. Con esa ilusión la gente puede dedicar su tiempo a hacer realidad sus intereses personales, desentendida de lo que le rodea. Desde esta visión idílica creemos que cada cierto tiempo podemos acudir a las urnas, votar entre alternativas realmente diferentes, traer a cuentas a nuestros gobiernos, cambiarlos si no nos cumplieron, decidir lo que queremos como sociedad, incluso participar activamente, y todo ello dentro de una competencia equitativa en la que los votos se respetan y gana la persona que más votos recibe.

Un candado necesario para perpetuar esta ilusión lo constituye el hecho de que las boletas electorales nunca puedan consultarse y, llegado el tiempo, se les pueda destruir. Las autoridades de todo tipo insisten en que no es necesario tener acceso a ellas porque basta y sobra con las actas electorales, que reflejan con toda fidelidad lo acontecido en los días de elecciones. Si se desnuda esta visión, lo que queda es un acto de fe como base del funcionamiento del sistema electoral: Creemos que las cosas caminan bien porque las autoridades así nos lo aseguran.

¿Cuál sería entonces el sentido de preservar la papelería electoral de 2006? Verdad y justicia. Por supuesto detrás de este par de palabras se encuentran realidades terribles y luchas heroicas. Sin desconocerlo, no es banal nombrar con ellas a la causa por el acceso a las boletas de 2006 y a la defensa del derecho a la información que se ha emprendido y continúa para intentar frenar su destrucción. ¿Habría sido posible 2006 sin 1988? ¿Si 2006 se olvida, que sigue para 2018?

Hoy día la búsqueda de la verdad histórica de 2006 prosigue tanto en instancias nacionales como internacionales. Aunque resulte en extremo compleja, esta lucha abre la oportunidad para que atestigüemos un diálogo entre garantes de nuestros derechos. Nuevamente, no falta quien critique esta insistencia, quien llame la atención por lo inconveniente de llevar hasta este límite a las instituciones encargadas de salvaguardar nuestros derechos, pero ¿qué más se puede hacer?

Con las reformas constitucionales sobre derechos humanos y amparo, publicadas en junio del año pasado, en México se cuenta con una constitución bastante moderna –aunque conserve disposiciones del todo criticables–. Un instrumento más para acrecentar la ilusión de que todo marcha bien, pero también una herramienta que tiene la capacidad de contribuir a cambiar las cosas. A partir de esas reformas, en el ordenamiento jurídico de nuestro país se ha reforzado a los órganos garantes de nuestros derechos, a los poderes judiciales al interior, y hacia al exterior, a los sistemas de protección de derechos humanos en sede universal e interamericana.

El caso de las boletas pone a prueba a todos esos órganos garantes y demostrará si entre ellos existe esperanza de diálogo, o si solamente se trata de instituciones aisladas que no ofrecen una defensa coordinada de derechos. En sede interna, lo que puede actuar con mayor celeridad para frenar la destrucción de las boletas es el amparo. Tocará al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal conocer de un amparo colectivo. Podrá insistir en que el asunto es de materia electoral y rehusarse siquiera a estudiarlo, pero si se toma en serio las reformas constitucionales de 2011, tendría que admitir la demanda y ordenar de inmediato la suspensión de la destrucción de las boletas de 2006.

En su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desperdició la oportunidad de remediar las violaciones de derechos que la negativa de acceso a las boletas y su destrucción conllevan, declarando inadmisible la petición del director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda. No obstante, con una renovada integración, a la fecha puede enmendar su anterior determinación con motivo de la petición del investigador Sergio Aguayo.

Para negarse a estudiar el caso del director de Proceso esa comisión pretextó en su momento una distinción entre datos duros –las boletas– y datos procesados –las actas electorales–, que no se había justificado por qué resultaba insuficiente poder consultar solamente tales actas y por qué el hecho de tener acceso a aquellas acarreaba un riesgo de contaminarlas.

Si esa comisión se hubiera tomado en serio el deber de considerar un diálogo normativo entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de México, nunca hubiera podido razonar como lo hizo, pues es claro que en nuestro país no trasciende la distinción entre información en bruto y procesada, ni se tiene que justificar un interés para acceder a toda ella, así como que antes que querer destruir información es posible permitir su consulta tomándose todas las medidas que sean necesarias para evitar tal contaminación, porque de hecho es obligado preservarla en archivos administrativos actualizados.

En los próximos días se verá si para la segunda petición ante ella, la comisión cumple con su tarea como garante de derechos guiada por el principio de máxima protección de las personas o se limita a decidir que ese caso es sustancialmente igual al del director de Proceso. Por supuesto, el tema también permite abrir la reflexión al debate sobre el llamado “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

México ha sido aliado de la comisión frente a otros países del continente que buscan minimizarla. Con todo, no es sensato considerar siquiera que en agradecimiento a ello se le pueden pasar a nuestro país claras violaciones a los derechos. El sentido de todo sistema de protección internacional es que sirva de garante para las personas, no para los Estados. Por eso tenemos el deber de defender dicho sistema al interior de nuestros países.

Finalmente, el caso de Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, que no pudo ser siquiera analizado en sede interamericana, hoy día se encuentra presentado ante el sistema de protección de derechos de Naciones Unidas, pues apenas hace unos días se envió una comunicación en ese sentido que tocará resolver a su Comité de Derechos Humanos.

No se conocen antecedentes relativos a México en los que luego de que la defensa de una causa de derechos humanos fracasara ante la Comisión Interamericana, se elevara a sede universal, pero esa es una alternativa que posibilita el diálogo entre sistemas. Así deben interpretarse las normas que no prevén un plazo para presentar denuncias de derechos en sede universal y que en ella exclusivamente no se puedan admitir casos que al mismo tiempo estén bajo análisis en otras instancias.

No se puede anticipar si desde sede interamericana o sede universal llegarán a tiempo comunicaciones para frenar la destrucción de las boletas, pero justamente ese es el reto para nuestro diseño institucional de mecanismos de garantía de los derechos. El reto de la Comisión Interamericana y del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas será asumirse como garantes de las personas.

La responsabilidad del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa descansa en convertir a nuestro juicio de amparo en un recurso efectivo que sirva para impedir que la búsqueda de justicia en sede internacional quede sin materia. Aunque no se comparta la estrategia, también algo tendrá que decir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el caso de los partidos políticos.

Si todo falla las boletas serán destruidas, nunca se sabrá la verdad, ninguna autoridad será llamada a cuentas. ¿Cuánto tiempo tardará la historia en repetirse?

* Graciela Rodríguez Manzo es presidenta de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE).

Fuente: www.Proceso.com.mx

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