La organización extremista mexicana El Yunque, que en España ya fue declarada ilegal y repudiada por la Iglesia católica, siguió con su campaña en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que busca aclarar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y denunció penalmente a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por Álvaro Delgado/ Proceso
La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, una de las caretas de El Yunque, la organización secreta de extrema derecha que ensalza a militares y políticos acusados de represores y criminales, como Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
La denuncia de Ortega Sánchez, uno de los máximos jerarcas de El Yunque y abogado de las familias de jefes de esta organización que fueron asesinados en condiciones no aclaradas, es por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido presuntamente por Álvarez Icaza, un activista a favor de los derechos humanos que presuntamente ambiciona ser candidato presidencial.
Según Ortega Sánchez, el Código Penal Federal tipifica como fraude la conducta antisocial consiste en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
“En este caso las víctimas del engaño son el gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos integrantes deberían ayudar al gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.
“Y a quien señalamos como presunto autor del fraude es a Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien firmó en representación de la CIDH el adendum del ‘Acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región’ y que tuvo como contraparte al gobierno federal”.
Según Ortega Sánchez, el fraude consiste en que el acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano implicaba que la primera enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario, y acusa a tres de ser deshonestos, quienes tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los desaparecidos y al esclarecimiento de los hechos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.
Sin embargo, el propio Ortega Sánchez ha incurrido en lo mismo que acusa como abogado del gobierno de Jalisco y de la arquidiócesis de Guadalajara, al cobrar cientos de millones de pesos por ser coadyuvante para el esclarecimiento del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, en 1993, que según él fue producto de un “complot”.
Hace apenas un par de semanas el reportero habló con él sobre su papel como abogado del gobierno de Jalisco y su ataque a los miembros del GIEI.
–¿Este pago al GIEI no es semejante al que usted recibía del gobierno de Jalisco por el caso Posadas?
–Claro que no.
–¿En qué son diferentes?
–Bueno, es un pago que te hacen para intervenir en un asunto donde vas buscando la verdad y vas interviniendo directamente en la investigación. En el caso Posadas es un hecho que ocurrió en nuestro país que no ha sido aclarado, que la averiguación previa sigue abierta y espero yo que algún día podamos conocer públicamente lo que hay en esa averiguación previa, quiénes fueron los responsables.
–También el GIEI es coadyuvante, busca la verdad y recibe un pago, como usted lo recibía del gobierno de Jalisco.
–Y se tienen que atener a la crítica, como yo la recibí cuando fui abogado del gobierno de Jalisco. No me enojaba y decía que había conspiraciones en contra mía con todos los señalamientos que hubo en mi contra.
Ortega Sánchez recibió abundantes recursos públicos de tres gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Jalisco. Sólo en los tres primeros años del gobierno de Emilio González Márquez –otro amigo de Alvaro Uribe– obtuvo 50 cheques que sumaron 2 millones 201 mil 479 pesos, según datos oficiales.
En la entrevista, niega que haya recibido más de 5 millones de pesos en sueldos y viáticos, pero precisa que sólo tenía “una iguala” de 50 mil pesos mensuales. También con recursos públicos viajó a El Vaticano y Washington, relacionados con el caso.
“A ver: Esos asuntos, como el de Iguala, no solamente son jurídicos, son asuntos políticos y son asuntos mediáticos, y en las tres áreas tienes que defenderlos. Era parte del asunto, por lo menos así lo consideró el gobierno de Jalisco. Y yo intervine con tres gobernadores: Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González”.
En España, El Yunque se instaló desde la década de los setenta y ya fue declarado proscrito por la justicia civil, y la Iglesia católica lo descalificó, con todo y sus organismos de fachada, como organizaciones extremistas, semejantes a la que encabeza Ortega Sánchez.
Fuente: Proceso
