Desde su puesta en libertad en agosto último, tras pasar casi 29 años en la cárcel, nadie sabe dónde está Rafael Caro Quintero. Y el excapo, sobre quien se ha desplegado una nueva búsqueda con miras a extraditarlo a Estados Unidos, se queja del acoso al que, sostiene, lo tienen sometido. En cartas enviadas a Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, así como en otro escrito enviado a la CNDH, el jefe del desaparecido Cártel de Guadalajara afirma haber saldado ya sus cuentas con la justicia y dice que México no debería ceder al ánimo “de venganza” de Washington. En resumen, pide paz.
Por Jorge carrasco Araizaga/ Proceso
Con la extradición a Estados Unidos como horizonte, Rafael Caro Quintero le pidió al presidente Enrique Peña Nieto no dejarse presionar por el ánimo de “venganza y revancha” de Washington a raíz del asesinato del exagente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar.
“Lo que tenía que pagar ya lo saldé”, dice el exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara en una carta firmada por él y que sus abogados entregaron a la Secretaría Particular de la Presidencia de la República el pasado 19 de noviembre y dirigida también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su perseguidor, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Declarado prófugo desde el pasado 6 de noviembre, cuando cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia revirtieron el amparo que tres meses antes lo había liberado, Caro Quintero le pide también al Poder Judicial que no se someta a “las presiones y designios” de Washington, luego de haber cedido y anulado su liberación.
Caro Quintero –por conducto de sus representantes legales– hizo llegar aProceso una copia del escrito dirigido al gobierno mexicano así como la queja que presentó la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la persecución de la cual, dice, han sido objeto él y su familia por parte de las autoridades mexicanas “instadas por Estados Unidos”, desde su salida de prisión el pasado 9 de agosto, en uno de los casos que marcaron el primer año del gobierno de Peña Nieto.
La madrugada de ese día el excapo abandonó el penal en compañía de una parte de su equipo de abogados sin que ningún funcionario de México o representante del gobierno de Estados Unidos lo impidiera, pese a que las autoridades de los dos países sabían desde semanas antes que la justicia mexicana lo dejaría en libertad.
En ese momento el Ministerio Público pudo haber solicitado su retención si el propósito era mantenerlo en prisión con el argumento de una nueva investigación en su contra, como ahora argumenta el gobierno de Estados Unidos, dice su defensa desplegada en Guadalajara y en el Distrito Federal.
Su liberación provocó una alegada sorpresa de los dos gobiernos, pero sobre todo hizo que se revisara y quedara en entredicho la versión oficial de México y Estados Unidos sobre el asesinato, en febrero de 1985, de Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Alvear, informante pagado por la DEA.
Aprovechando su condición de piloto de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Zavala vendía al agente estadunidense información sobre los cultivos de droga en el país.
La duda la pusieron los propios excompañeros de Camarena, entre ellos el encargado de la investigación del doble asesinato, Héctor Berrellez. Éste asegura que el homicidio se debió a que Camarena se enteró de las relaciones del Cártel de Guadalajara con la CIA como parte de la trama del Irán-Contras, la ilegal operación internacional del gobierno estadunidense para financiar a la contrarrevolución en Nicaragua (Proceso 1928).
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1935, ya en circulación)
