Por John M. Ackerman
audacespronunciadas durante el acto en que se consumó una de las traiciones a la patria más grandes de la historia. En contraste con los huecos e hipócritas discursos de la caduca clase política que sólo sirvieron como cortina de humo para tapar la inmundicia que pavimenta el camino para el saqueo del país, se levantó cual ave fénix la voz de Blázquez Aguilar con una imponente claridad que seguirá retumbando por cada una de las paredes y los rincones de Palacio Nacional hasta que el pueblo sacie su sed de justicia.
La inédita velocidad con la cual los políticos corruptos impusieron las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refleja su enorme miedo al pueblo que universalmente rechaza el remate de la riqueza nacional a las empresas trasnacionales. Aprovecharon de la desorganización y el desánimo de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, generados a raíz de la enfermedad de su líder, para acelerar el paso y consolidar el atraco antes de que el gigante dormido de la protesta social despertara. Así como compraron la Presidencia de la República en 2012, los mismos actores hoy venden el país a cambio de unas cuantas migajas ofrecidas por las empresas petroleras.
La interesada y desbordada celebración de la contrarreforma energética por parte de los principales medios estadunidenses contrasta con la creciente indignación y rabia del pueblo mexicano. No es gratuito que The Economist, medio británico comúnmente complaciente con el régimen, reconozca que México se encuentra al borde de un estallido social, al incluirlo entre los 65 países en el mundo con altas
o muy altas
probabilidades de experimentar una rebelión
durante 2014 (véase: http://ow.ly/rZOej).
Solamente es cuestión de tiempo para que irrumpa el descontento social. Recordemos que durante el sexenio de Felipe Calderón no fue hasta cuatro años después de su declaración de guerra
contra el pueblo que surgió un movimiento masivo en contra de la irresponsabilidad criminal del presidente, primero con la campaña No más sangre
, después con el Movimiento por la Paz y finalmente con la presentación de una demanda colectiva ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Y hoy esta lucha continúa con la multiplicación de grupos ciudadanos de autodefensa a lo largo y ancho del país ante el fracaso del gobierno para garantizar la seguridad.
También pasaron varios años entre el lanzamiento mediático de Enrique Peña Nieto como el candidato de continuidad del régimen neoliberal a la Presidencia de la República y el surgimiento del movimiento #YoSoy132 cuya enorme fuerza casi detuvo la llegada a Los Pinos de alguien considerado un asesino corrupto
por los jóvenes. Y el año pasado el movimiento magisterial nacional tomó varios meses para madurarse después de la aprobación de la contrarreforma educativa antes de salir a las calles de manera masiva y contundente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) también requirió de más de una década para consolidar su fuerza antes de irrumpir en la escena política nacional el 1º de enero de 1994.
No se trata, desde luego, de cruzarnos de brazos para esperar una futura revolución en favor de la justicia y la paz, sino de que cada quien actúe ahora desde su ámbito personal, laboral, profesional y comunitario para multiplicar las muestras de repudio, articular acciones y acumular fuerzas. Hay que asegurar que el próximo e inevitable estallido social no se quede como un desahogo más, sino que siente las bases para una profunda transformación de la República.
Ello es el objetivo, por ejemplo, de la propuesta de constituir un congreso popular
el próximo 5 de febrero, día en que se conmemora la promulgación de nuestra Constitución revolucionaria de 1917. Se trata de desconocer a los vendepatrias y sus cómplices que impusieron la contrarreforma energética, revertir las modificaciones constitucionales aprobadas e instalar una nueva instancia política-popular que cuente con mayor legitimidad social que las instituciones formalmente constituidas. Esta idea ya ha tenido una amplia aceptación tanto en las redes sociales como por los asistentes a la emotiva y multitudinaria #MarchaEnDefensaDeMéxico convocada por artistas, periodistas e intelectuales el pasado 20 de diciembre.
También es importante reconocer que las vías jurídicas no están completamente agotadas. Por un lado, habría que respaldar los necesarios e importantes esfuerzos de impugnar la constitucionalidad y la legalidad de la reforma, de realizar una consulta popular y de demandar a Peña Nieto por el delito de traición a la patria. Por otro lado, habría que vigilar con lupa la eventual redacción de las leyes secundarias en la materia. Los traidores no se atrevieron a incluir las partes más privatizadoras de la reforma en el texto constitucional, sino que fueron incorporadas en una serie de artículos cuyo incumplimiento no genera sanción alguna. Se mantiene incólume la tajante prohibición del otorgamiento de concesiones en materia de petróleo y de todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo
. Así que cualquier intento de incluir en las leyes secundarias licencias
o contratos de riesgo
que en los hechos serían concesiones disfrazadas tendría que ser revocado inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ningún artículo constitucional se aplica solo, sino que su eficacia práctica siempre requiere de una fuerte dosis de apoyo social y político, algo de lo cual carece totalmente la contrarreforma energética. Con una consistente movilización social y la construcción de alternativas de contrapoder ciudadano, tarde o temprano el pueblo mexicano una vez más será victorioso en defender su legado revolucionario del saqueo de los oligarcas.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: La Jornada
