La periodista Anabel Hernández vive una pesadilla, a causa de las amenazas de muerte en su contra y por la indolencia de los funcionarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Fiscalía Especial de la PGR. En primera persona, Hernández narra cómo a a finales del 2010, poco después de la publicación de su libro Los Señores del Narco, recibió información que Genaro García Luna, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pretendía asesinarla por las acusaciones que la periodista hizo en su contra.
Por Anabel Hernández
Llevo nueve días sin dormir y aunque en ocasiones llego a cerrar los ojos no tengo reposo. No hay descanso. No me dan tregua. Estoy en manos del enemigo.
Me encuentro en medio de dos fuegos. Entre quienes me amenazan de muerte desde hace casi tres años en represalia por mi trabajo de periodista y funcionarios del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Soy periodista de investigación y, como el resto de decenas de periodistas asesinados, desaparecidos o amenazados, no sé quiénes son peores enemigos: los que amedrentan en represalia por el trabajo periodístico o los que, teniendo la obligación legal de proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas, nos convierten en blanco fácil para que los otros nos maten.
Llevo nueve días sin dormir porque el “mecanismo”, de manera negligente, no hizo de manera oportuna el papeleo burocrático para mantener a los escoltas que el gobierno del Distrito Federal (GDF) me asignó desde diciembre de 2010, cuando fui prevenida por un informante de que presuntamente Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal, y Luis Cárdenas Palomino, en aquel tiempo coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal (PF), estaban orquestando un plan para matarme por revelar su enriquecimiento, antecedentes criminales y su presunta implicación con el crimen organizado. El informante me advirtió que el plan era disfrazar mi muerte como producto de un accidente automovilístico, un asalto o un secuestro fallido.
Esta es mi historia. Me permito contarla porque es sólo un botón de muestra de la negligencia criminal de las autoridades que por ley están obligadas a proteger a los periodistas. Si alguien busca las razones de que se siga asesinando y amenazando impunemente a defensores de derechos humanos y periodistas, estas son algunas.
Desde el principio el GDF accedió a la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ponerme escoltas para proteger mi vida, o lo que queda de ella. Vivir bajo amenaza y el cuidado de guardaespaldas no deja prácticamente ninguna rendija para una existencia normal. Sólo quedan unos cuantos soplos de la vida que tuve: un tiempo fuera que tomo de vez en cuando para ampliar la rendija, unos amigos, el amor de mi familia, mis hijos, dos medios de comunicación que hoy generosamente publican mis investigaciones: Proceso y Reforma.
A principios de 2013 fui notificada de que el GDF declinó su competencia y envió la averiguación previa a la Procuraduría General de la República (PGR) porque el presunto responsable, García Luna, y otros funcionarios de la PF, eran servidores públicos federales cuando los hechos ocurrieron. No fue una buena noticia.
Días después de la advertencia de mi informante, mi familia fue atacada en un café de la zona conurbada del Estado de México por dos sujetos con facha de policías o militares. Simulando un robo le apuntaron con armas a mi familia, pero ni siquiera se llevaron el dinero de la caja registradora del pequeño establecimiento.
La procuraduría del Estado de México nunca investigó los hechos. Eso me obligó, en mayo de 2011, a iniciar una averiguación previa en la Fiscalía Especial para la de Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR. Meses después Laura Borbolla encabezó esa fiscalía. La averiguación previa quedó empolvada durante más de un año, nunca investigaron nada pese a que yo había proporcionado datos de llamadas telefónicas y el retrato hablado de los supuestos asaltantes.
En febrero la PGR me informó que mi protección pasaría a manos de la PF, es decir, de los mismos que presuntamente querían atentar contra mi vida. No acepté ponerme en manos del enemigo, pero nunca pensé que entrar al “mecanismo” equivaldría casi a lo mismo.
Mi caso fue llevado a la Junta de Gobierno el 23 de abril y fue aceptado. Desde ahí comencé a ser “beneficiaria” del mecanismo. Súbitamente pasé de víctima a mendigo. El 2 de mayo el mecanismo me envió el oficio CEN/142/2013, en el que se señalan nueve medidas de protección aprobadas por la Junta de Gobierno. Cuatro de las nueve no se aplicaron jamás y una propició que volviera a ser blanco de amedrentamiento por mi trabajo periodístico.
Solicité muchas veces al mecanismo la copia de la evaluación de riesgo realizada, finalmente me la entregaron el 28 de mayo pasado. Se supone que cualquier persona cuya vida está en riesgo debería conocer en primer lugar cuánto peligro corre. El documento de 26 cuartillas indica un nivel de riesgo “alto”, lo que significa que mi vida corre un real peligro.
El 5 de junio pasado tuve una cita con un alto funcionario federal para exponerle los antecedentes de las amenazas en mi contra por parte de los exjefes policiacos. Le informé que aún temía por mi seguridad porque en la PF aún permanecen muchos mandos de la confianza de García Luna y familiares de exfuncionarios a quienes yo he mencionado en reportajes y libros por su corrupción. Es el caso de familiares de Cárdenas Palomino y del exjefe de la Unidad de Inteligencia de la PF, Armando Espinosa de Benito.
Esa tarde alguien dejó frente a mi domicilio dos cajas con animales decapitados. Presenté la denuncia ante la PGR. Aun así, el 9 de junio se publicó en la revista Proceso el primero de una serie de artículos sobre la corrupción de Espinosa de Benito y Sergio Quiroz, exfuncionarios de la PF cuyos familiares hoy ocupan puestos clave en la policía. De haber contado con las medidas de seguridad ordenadas, el acto intimidatorio no hubiera ocurrido o cuando menos, gracias al equipo que debió ser instalado, habría imágenes nítidas para que la PGR investigara más rápido.
Cada tres meses el mecanismo hace una nueva evaluación de riesgo para cada caso, y con base en el resultado la Junta de Gobierno determina si se mantienen o no las medidas de seguridad, entre ellas los escoltas. La zozobra es absoluta. Sin los escoltas no puedo estar en México, y si no estoy aquí no puedo seguir haciendo periodismo de investigación en mi país.
Desde el 12 de agosto envié correos electrónicos a Leopoldo López Rizo, subdirector de Atención a Casos de Periodistas en el mecanismo de protección, e incluso me entrevisté con otra funcionaria, Silvia Vázquez. López Rizo siempre afirma que no tiene una respuesta y Vázquez dijo que no me preocupara. Los dos están sujetos a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Los funcionarios del mecanismo recordaron que yo existía y a fines de agosto comenzaron a hacerme una nueva evaluación de riesgo, la cual hasta el 19 de septiembre aún no terminaba. Mientras no haya una nueva evaluación de riesgo ni se reúna la Junta de Gobierno sigue vigente el “alto riesgo” determinado por el propio mecanismo. Aun sabiendo eso, los funcionarios no enviaron a tiempo los oficios a las instancias del GDF. La PGR tampoco amplió el oficio de comisión a los escoltas, poniendo en peligro mi vida y mi actividad de periodista, contraviniendo el artículo 1 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como múltiples lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los escoltas iban a ser retirados el 26 de septiembre. No sabía qué hacer, si debía preparar mis maletas y dejar México, mi vida y mi trabajo. Gracias a la intervención del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el representante de la alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos en México, Javier Hernández, y a cartas de embajadas y organizaciones internacionales, el GDF reaccionó a tiempo y accedió a mantener los escoltas pese al tardío aviso del mecanismo.
Los funcionarios del mecanismo, violando la ley, violando mis derechos y abusando de su cargo, me mantuvieron en zozobra hasta el último instante como si la vida de un periodista fuera un juego de naipes. Vázquez ya ni siquiera me tomó las llamadas. El coordinador ejecutivo nacional del mecanismo de protección, Juan Carlos Gutiérrez, engañó a través de comunicaciones oficiales a organizaciones internacionales y embajadas haciéndoles creer que estaba haciendo su trabajo. Nadie del mecanismo me dio una respuesta sobre si los escoltas se quedarían o se irían. Hasta las 22:07 del 26 de septiembre López Rizo me envió un oficio firmado por Gutiérrez en el que me informa que los escoltas no serían retirados, pero no dice cuánto tiempo se mantendrán ni que pasará después. Otra vez el futuro como un hoyo negro. Otra vez la vigilia.
El 19 de agosto pasado la CNDH publicó en el Diario Oficial de la Federación la Recomendación General No. 20 “sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante”. En ese documento se incluyen 171 víctimas con claves de periodistas asesinados, desaparecidos, amenazados y atentados contra medios de comunicación. Yo soy la víctima 146 (V146) y por primera vez una autoridad reconoce plenamente que a consecuencia de mi trabajo de investigación periodística, principalmente por denunciar abusos y actos de corrupción, he sido objeto de agresiones e incluso amenazas contra mi integridad personal y mi vida sin que las instancias responsables de investigar hayan dado resultados. Ordenó “garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficientes” y que se hagan las diligencias respectivas para integrar una indagatoria eficaz, se implementen y apliquen las medidas necesarias para combatir la impunidad, entre otras cosas.
Por eso matan a periodistas. Porque el personal que actualmente dirige el mecanismo y a la FEADLE no les importan los periodistas. Las leyes en el papel no sirven si no se aplican. Pese a que este año el mecanismo tiene un presupuesto de 123 millones de pesos, hasta el día de hoy las medidas de seguridad ordenadas en mi caso no se han implementado. Es un botón de muestra. Mientras tanto, el coordinador ejecutivo nacional del mecanismo recibe religiosamente un sueldo mensual bruto de 146 mil 543.64 pesos más el apoyo económico para un vehículo hasta por un monto mensual de 7 mil 500 pesos y tiene derecho a un equipo de telefonía celular por un monto máximo mensual de mil 850 pesos. No merece ni el cargo ni el dinero.
Fuente: Proceso
