El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago nieto, aseguró que no debió ser removido pues no violó el código de ética, ni mintió, ni vulneró ninguna disposición de carácter legal.
“En este momento yo no sé qué se me imputa, en virtud de que el escrito del señor subprocurador Alberto Elías, al que le tengo respeto, aprecio, no señala bajo ninguna circunstancia cuáles son las motivaciones para la separación del cargo… intuyo que tuvo que ver con alguna entrevista”, refiriéndose a la que ofreció al diario Reforma sobre la investigación del caso Emilio Lozoya-Odebrecht, en la que se señala que fue presionado por el extitular de Pemex para que se declarara inocente.
“Quiero decir que yo no violé ningún código de ética, no mentí y no vulneré ninguna disposición de carácter legal y es lo que yo defenderé ante el Senado de la República”.
En entrevista con Carlos Loret de Mola, Nieto consideró que la votación en el Senado sobre su remoción debe ser abierta, pero “esa es una decisión que le corresponde al Senado de la República”.
“Yo esperaré la votación que dé el Senado de la República porque soy un hombre de leyes, de instituciones… (mi deseo) es que se cumpla la Constitución y que se vote en el sentido que sea.
Agregó que “soy un hombre de instituciones, soy un hombre de leyes y lo que hago es ajustarme al mandato del Estado constitucional de derecho”.
De la forma en la que se le dio a conocer su cese, el exfiscal señaló que hubo una conversación con el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, en la que él le notificó su remoción y en la que “tuvimos un intercambio de opiniones jurídicas respecto a la procedencia o no de la misma, yo le dije que respetaba su opinión pero que no la compartía, y le di mis argumentos jurídicos respecto a lo que él estaba planteando”.
Nieto sostuvo que los argumentos para la separación del cargo “son genéricos, vagos, respecto a que hice pública información de ciertas investigaciones que podían violentar el debido proceso y la presunción de inocencia”.
Explicó que “hay herramientas que nos permiten a los servidores públicos, de acuerdo con las propias convenciones que ha firmado el estado mexicano, para poder permitir el acceso a la información de casos que son particularmente relevantes para la opinión pública, y este podría ser un caso así, que además provenía de las propias declaraciones que en días previos había hecho la propia Procuraduría General de la República en torno a muchos asuntos.
Fuente: Apro
