En un histórico encuentro que tuvo lugar en el municipio de Hopelchén, Campeche, representantes de las etnias maya, zapoteca y yaqui lanzaron un pronunciamiento dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, en el que exigen respeto a sus derechos humanos, a su autonomía y libre desarrollo, y a ser informados y consultados antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo que pretenda impulsarse en sus comunidades.
En el municipio sede del evento, productores apícolas libran desde hace más de tres años una batalla judicial contra la poderosa trasnacional Monsanto y dependencias federales, para detener la siembra de soya transgénica.
Apicultoras mayas que iniciaron esta lucha fueron reconocidas el año pasado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó detener la siembra de semillas genéticamente modificadas y organizar una consulta con el pueblo maya de la región sobre ese cultivo, las propias autoridades han puesto obstáculos para su realización.
Durante el encuentro, los representantes del pueblo maya expusieron las irregularidades al procedimiento de consulta y afectaciones a su forma de vida desde que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó a la empresa Monsanto permisos para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada, resistente al glifosato.
En la asamblea, que reunió a más de un centenar de representantes de diversas comunidades, los asistentes escucharon al secretario de las Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, Mario Luna, y a Bettina Cruz Velázquez, integrante del pueblo zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quienes refirieron las violaciones cometidas durante los procesos de consulta del Acueducto Independencia en Sonora y el parque eólico en Juchitán.
En el pronunciamiento que resultó del Encuentro Península de Yucatán, los pueblos yaqui, zapoteca y maya exigieron al gobierno federal la cancelación definitiva de los megaproyectos que afectan a sus comunidades, “en particular que se nulifiquen los efectos de los permisos administrativos que fueron otorgados por el Estado mexicano en violación de nuestros derechos humanos”.
También demandaron respeto a “la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas”, y a su derecho a ser informados y consultados antes de aprobar algún proyecto que afecte o impacte a sus comunidades.
Pidieron, además, que los procesos de información y consulta sean oportunos, “libres y culturalmente adecuados, respetando la decisión de las comunidades”. También demandaron a la autoridad “abstenerse de emitir comentarios con el objetivo de influir en la decisión de los pueblos consultados”, y que la información que se les proporcione en torno a los proyectos “sea oportuna, objetiva e imparcial”.
Insistieron en el respeto al proceso de consulta “para que este mecanismo realmente permita a los pueblos indígenas obtener justicia socio-ambiental y eliminar las prácticas discriminatorias de las que históricamente hemos sido objeto, para poder realmente participar en la toma de las decisiones que nos afectan y para poder decidir efectivamente el futuro de nuestras comunidades”.
Fuente: Proceso
