Al cumplirse ayer cinco años del desalojo fallido de un bloqueo encabezado por maestros que protestaban contra la reforma educativa en el municipio de Asunción Nochix-tlán, no ha habido justicia; incluso dos de los probables responsables fueron premiados con candidaturas a presidentes municipales en el reciente proceso electoral, acusaron integrantes del Comité de Víctimas Por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).
Por Jorge A. Pérez Alfonso/ La Jornada
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al gobierno del estado, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la fiscalía estatal y a la Comisión Nacional de Seguridad cumplir con la deuda que se tiene con las víctimas y sus familias. A la fecha, destacó, “aún se observa una grave falta de acciones que impide el acce-so a la verdad, justicia y reparación a las víctimas. Estas garantías son la respuesta que permitiría el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental”.
Reiteró el llamado a las autoridades competentes a atender integralmente la recomendación 7VG/2017 por los hechos de violencia en Nochixtlán y mostrar mayor voluntad política para asegurar que las víctimas obtengan justicia, reparación del daño y garantía de no repetición. En memoria de los fallecidos, familiares, profesores, organizaciones sociales y habitantes de la Mixteca recordaron el fatídico día con una marcha el sábado en Nochixtlán; hicieron dos mitines, uno en el parque municipal y otro en el Monumento a los Caídos, ubicado en la entrada de la demarcación.
El líder del Covic, Santiago Ambrosio, señaló que tras el desalojo ordenado en 2016 por el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, que dejó ocho personas muertas a tiros y más de cien heridos, no se ha hecho justicia para las víctimas ni al pueblo de Nochixtlán.
“No importa si fue el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) o el de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades sostienen el manto de impunidad y protección para los responsables, ya sea para quienes jalaron el gatillo o quienes dieron la orden”, expresó en el mitin.
Recordó que una de las principales líneas de investigación seguida por los afectados es la actuación de los mandos policiacos, fundamental para esclarecer quién dio la orden de disparar contra los civiles. Destacó que han solicitado en forma reiterada a la FGR que llame a declarar, en calidad de testigos, a altos funcionarios del gobierno de Peña.
Ante la insistencia de las víctimas, añadió, se logró que el ex gobernador Cué; Renato Sales Heredia, ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad; Enrique Galindo Ceballos, ex comisionado General de la Policía Federal, y Salvador Camacho, ex responsable de la División de Fuerzas Federales, hayan sido llamados a declarar por el desalojo.
Recientemente consiguieron que el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong haya sido citado el próximo lunes a las 18 horas. “Nos ha costado mucho, compañeros, porque desde la FGR lo estuvieron encubriendo”, manifestó Ambrosio durante el mitin.
Dijo que el PRI nominó a Enrique Galindo candidato a la alcaldía de la capital de San Luis Potosí. Mientras Morena postuló a Sales Heredia para la comuna de Campeche, Campeche.
En 2016, la sección 22, perteneciente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), inició un paro laboral y un plantón, así como una serie de bloqueos y marchas para demandar la liberación de sus dirigentes Rubén Núñez Gómez, entonces secretario general de la gremial; Francisco Villalobos, secretario de Organización, y del sectorial de Periferia, Othón Nazariega, entre otros maestros, recluidos en penales federales acusados de diversos cargos.
Los mentores pedían la instalación de una mesa de diálogo para debatir sobre la reforma educativa impulsada en el sexenio de Peña Nieto, de la cual exigían su abrogación porque había sido impuesta sin contemplar las necesidades de profesores y alumnos.
La reforma, acusaron los docentes en su momento, se trataba más de una enmienda laboral, aunado que no contemplaba las diferencias entre una escuela de una comunidad rural con una de la ciudad, situación que calificaron de injusto.
Derivado de esas acciones, Gabino Cué, quien un año antes entregó la rectoría de la educación a la Federación, solicitó la intervención de la entonces Policía Federal; los efectivos fueron trasladados vía aérea a la ciudad de Oaxaca, ahí se creó el Grupo de Coordinación Oaxaca integrado por altos funcionarios federales y estatales, quienes alentaron las acciones.
Una de ellas fue el desbloqueo de la carretera federal 190 para permitir el paso de carros-cisterna que trasladaban combustible, después liberaron la supercarretera Oaxaca-México, y la acción principal en Asunción Nochixtlán, donde durante el operativo de desalojo los uniformados dispararon contra los civiles. El enfrentamiento desigual duró más de seis horas, los efectivos regresaron a la capital del estado.
Un nuevo enfrentamiento se suscitó en la salida a la supercarretera, en inmediaciones de San Pablo Etla, ahí profesores y ciudadanos enfrentaron a los policías que se retiraban, más de 7 horas tardaron en pasar; en Vigueta un civil murió por disparó de arma de fuego.
Por la noche, Cué justificó el operativo y el uso de la fuerza pública con el argumento de que las acciones fueron para “recobrar la gobernabilidad y el estado de derecho”, pues los manifestantes bloquearon 37 puntos carreteros.
Fuente: La Jornada
