La jugada gubernamental de suspender la evaluación docente –y revivirla pasadas las elecciones– buscó debilitar a la oposición magisterial. Con esto, la administración de Enrique Peña Nieto se aseguraba el apoyo del Panal y, por lo tanto, la mayoría en la Cámara de Diputados, de acuerdo con una fuente cercana a la negociación. El partido fundado por Elba Esther Gordillo ganó por partida doble: se convirtió en un aliado poderoso del PRI y quedó en una posición muy favorable de cara a la repartición de una bolsa que suele rondar los 51 mil millones de pesos anuales para apoyos a los profesores. Y cuando el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, por fin dio la cara, lo hizo para quedar evidenciado, una vez más, como embustero.
Por Santiago Igartúa/ Proceso
La tarde del 29 de mayo, en la antesala de los comicios intermedios en el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un breve comunicado, que en tres líneas anunciaba la suspensión “indefinida” de todos los procesos de evaluación docente que soportan la reforma educativa.
La medida se convirtió en uno de los asuntos más convulsos del sexenio y, oculto el gobierno, el escándalo de inmediato se atribuyó a uno más de los pactos entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la disidencia magisterial, que amenazaba con boicotear las elecciones.
Pero la suspensión de las pruebas tenía un objetivo adicional, orquestado desde la SEP en connivencia con la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), según pudo acreditar Proceso con una fuente de alto nivel, próxima a la negociación:
El plan era desgastar económicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a través de la instauración de reglas convenidas con el SNTE, alineado con el gobierno, que venía perdiendo terreno ante la disidencia y que controla el Partido Nueva Alianza (Panal), instituto político que en retribución habría pactado con el PRI para que éste lograra la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Y es que detrás de ese arreglo está en juego una bolsa de 51 mil millones de pesos que la Federación pagaba anual e indistintamente a los maestros de todas las corrientes sindicales, a través del programa de Carrera Magisterial, como estímulos derivados de las evaluaciones que incrementaban hasta en 200% el salario de los docentes.
Para reducir ese gasto, el artículo decimotercero transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente marcaba precisamente el final de mayo como límite para expedir el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, que establece nuevas y más estrictas reglas para pagar los sobresueldos.
Fue así que el domingo 31 de mayo, a unas horas de la suspensión de las evaluaciones, la SEP publicó el nuevo programa de incentivos que, según sus lineamientos, “operará a partir del presupuesto regularizable de Carrera Magisterial”, conquista de Elba Esther Gordillo, que operó desde 1992 entre escándalos de corrupción.
Entre las nuevas reglas, el programa dispone que únicamente quienes obtengan resultados sobresalientes en la Evaluación de Desempeño o de Permanencia (la suspendida el 29 de mayo) podrán tener incentivos mediante pagos mensuales, con repercusiones en aguinaldo y prima vacacional, que pueden ir de 35 a 180% del sueldo base, según el nivel alcanzado.
Motivada por hacer este ajuste, la SEP terminó por alterar el Calendario 2015 de Evaluaciones del Servicio Profesional Docente (SPD), en el que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) establece acciones, fechas y responsabilidades para cumplir con los procesos de evaluación.
Dicho calendario fue modificado el 22 de junio. Al documento se le agregaron siete cuartillas con múltiples cambios, principalmente en el apartado de la Evaluación del Desempeño.
El INEE negó una entrevista solicitada por Proceso con dos semanas de antelación y, a través del área de comunicación, aseguró que dichas modificaciones no tenían relación alguna con la suspensión de los procesos del 29 de mayo.
Sin embargo, Hugo Aboites, doctor en educación pública por la Universidad de Harvard, analizó para este semanario los cambios en el documento del INEE: “Sin especificar cuáles, es muy claro que incluyeron la entrega de instrumentos, con elementos y precisiones muy detalladas, que no aparecían anteriormente, para la aplicación de la evaluación”.
Y agregó: “También resaltan múltiples retrasos en fechas; muchas pospuestas a partir del 29 de mayo”.
El 30 de mayo, la Junta de Gobierno del propio INEE advirtió en un comunicado: “La suspensión ‘indefinida’ anunciada por la SEP no sólo vulnera la legalidad de la reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016”. Ahí se acusa que se atentaría contra el derecho de casi 400 mil trabajadores de la educación “interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito”.
El 8 de junio, en su primera aparición pública tras la suspensión, vapuleado por los medios y luego de que circularan decenas de hipótesis, el secretario Chuayffet resaltó en conferencia de prensa un tema del que “nadie” había hablado: “Debemos mencionar que la SEP publicó el pasado 31 de mayo el Programa de Promoción en la Función por Incentivos.
“Este programa, del que nadie ha hablado, sustituye a la Carrera Magisterial que estuvo en vigor 23 años y es una nueva prueba de que, atendiendo a la ley en tiempo y forma, el SPD cumple con ella. (…) Quienes se mantengan al margen de este programa no recibirán los estímulos (…) a los que se refiere el programa publicado el 31 de mayo”.
Acorralado durante su comparecencia ante el Congreso para explicar el freno a la evaluación, el 23 de junio, Chuayffet reiteró: “Algo de lo que no hemos hablado aquí: concluyó el Programa de Carrera Magisterial, un programa de estímulos para el magisterio, que estaba unido al escalafón. Fue sustituido por un programa que permite a los maestros ser valorados por la secretaría y recibir incrementos presupuestales”.
Y concluyó: “Debemos destacar que estos concursos de promoción en educación básica son los primeros que se tenían previstos dentro de la reforma educativa, y que con ellos murió el sistema escalafonario anterior”.
Este reportero solicitó información y entrevistas con la SEP (con Chuayffet en lo particular), la SHCP y el SNTE para corroborar la información obtenida. No fueron concedidas. La Presidencia de la República, por su parte, se limitó a afirmar que nada tuvo que ver con la decisión de suspender las evaluaciones.
Fuente: Proceso
