Alberto Elías Beltrán, el último titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su esposa, Marcela Kuchle López, están bajo investigación por presunto lavado de dinero de casi 100 millones de pesos que recibieron de varios despachos de abogados, entre ellos el del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia.
Por Álvaro Delgado/ Proceso
Un mes y medio después de dejar de ser el encargado de despacho en funciones de titular de la PGR, el 19 de enero de este año, Elías Beltrán constituyó la firma MCRELL Consultores, junto con los exservidores públicos Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo Sánchez, y de inmediato recibió un depósito por 324 mil 800 pesos de Kuchle y Asociados, propiedad de su esposa.
Este despacho lo fundó el 24 de mayo de 2016 Kuchle López, de quien es 99% de la parte social y el 1% restante corresponde a María Elena Beltrán Ferrara, madre de Elías Beltrán. Entonces éste se desempeñaba como director de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular era Alberto Bazbaz.
De acuerdo con la UIF, que ahora encabeza Santiago Nieto Castillo –despedido como fiscal electoral por Elías Beltrán apenas sustituyó al procurador Raúl Cervantes en octubre de 2017–, este despacho de Kuchle López recibió, desde junio de 2016 y hasta la fecha, 98.09 millones de pesos.
Lo que llamó la atención de la UIF, según la información obtenida por Proceso, es que un tercio de esa cantidad (31.8 millones de pesos) lo recibió de CL Abogados, la firma en la que ella trabajó antes de crear su despacho y donde cobró, entre 2015 y 2016, 11.95 millones por concepto de “servicios profesionales”, pese a que no existe registro de ella como licenciada en derecho en el Registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.
De esa cantidad, siempre según la UIF, Kuchle López recibió 8 millones por conceptos como “servicios legales”, “comisión asignación asunto Prodecon”, por el que cobró 3 millones 240 mil pesos, y “comisión asignación asunto Conagua”, por 870 mil pesos.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2222, ya en circulación)
