Los casos de los exgobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge, y el arresto en San Diego, California, el pasado 27 de marzo, de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, fueron el detonante para que Trump emitiera la orden de evitar cualquier conexión con mexicanos corruptos.
Por Jesús J. Esquivel/ Proceso
El presidente estadunidense Donald Trump dio la siguiente orden a ejecutivos de su gobierno: redactar un informe de cada encuentro, sea oficial o casual, con cualquier funcionario mexicano, para evitar alguna conexión ante eventuales acusaciones de corrupción.
“La orden es más estricta para el caso de reuniones con gobernadores de cualquier estado y partido político de México”, revela a Proceso un alto funcionario del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
“Hace poco menos de un mes, todas las secretarías del gabinete presidencial recibieron el memorando con la orden dirigida a funcionarios como subsecretarios, subsecretarios adjuntos, jefes de departamento y agentes federales, para que redacten un informe al terminar alguna reunión con funcionarios mexicanos”, subraya la fuente del DHS, quien pidió la reserva de su nombre.
La fuente asegura que el informe se tiene que redactar hasta en el caso de “reuniones sociales o casuales” con los funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con los de otros partidos políticos y con gobernadores.
El funcionario del DHS admite que aunque es difícil que un funcionario estadunidense sea asociado con un mexicano acusado de corrupción, la presidencia de Trump no quiere correr ningún riesgo.
“La orden establece la redacción del informe que debe ser entregado al titular de cada secretaría de Estado y debe incluir el nombre y puesto del funcionario del gobierno mexicano, el motivo de la reunión, un resumen del contenido de la conversación, la duración y si el funcionario mexicano presentaba alguna característica inusual o extraordinaria, o si hizo preguntas o comentarios personales, de entre otras muchas minucias”, sostiene la fuente.
La orden de la Casa Blanca debe ser acatada por mandos altos y medios de las dependencias federales estadunidenses, pero de manera particular por los agentes que, por su función, tienen mayor interacción con gobernadores y con sus contrapartes mexicanas.
Los casos de los exgobernadores priistas Javier Duarte y Roberto Borge, y el arresto en San Diego, California, el pasado 27 de marzo, de Édgar Veytia, fiscal de Nayarit en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, fueron el detonante para que Trump emitiera la orden.
En toda la sociedad
En su más reciente informe sobre el Clima de Negocios en el Mundo 2017, el Departamento de Estado, en el capítulo de México, define a la corrupción como un mal que se da en todos los sectores de la sociedad.
“La corrupción existe en muchas formas dentro del gobierno y la sociedad de México, incluida la corrupción en el sector público –que demanda pagos ilegales por parte de funcionarios públicos– y privado (fraude, falsificación de demandas y denuncias, etcétera), así como asuntos de conflicto de interés que no están definidos dentro del marco legal”, sentencia el informe.
La “preocupación” en el gobierno federal de Estados Unidos, como se lee en el reporte, es la “complicidad” de funcionarios del gobierno y agentes de la ley con elementos criminales en ciertos casos. Ejemplos de las aflicciones del gobierno de Trump hay muchos. El Departamento de Estado no menciona los casos de los exgobernadores corruptos y de la colusión con el narcotráfico por parte de funcionarios públicos, pero en su reporte es muy obvia la alusión:
“La respuesta del actual gobierno (el de Peña Nieto) a los recientes escándalos es criticada por lenta e inefectiva. Los casos más comunes de corrupción gubernamental involucran a funcionarios que se roban el dinero del erario o demandan pagos ilegales a cambio de cumplir con su trabajo.”
Aunque el espacio (menos de media cuartilla) que dedicó el gobierno estadunidense al problema de la corrupción en México es breve, al leerlo se entiende por qué Washington hizo obligatoria la directriz para resguardar a sus funcionarios ante el problema de la corrupción mexicana.
En procesos judiciales de gran envergadura en Estados Unidos y que involucran a ciudadanos mexicanos, como el que se le sigue a Joaquín El Chapo Guzmán, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de castigar al acusado, busca información sobre el involucramiento de funcionarios públicos y policías mexicanos en el trasiego de drogas.
En el caso de Guzmán Loera, el Departamento de Justicia tiene “resguardados y sellados” varios folios de la causa. Esos documentos, que muchas veces no se desclasifican por razones de seguridad nacional, contienen información sensible y regularmente con el nombre de funcionarios públicos, militares y agentes de la ley involucrados o corrompidos por el narcotráfico.
Ejemplos de este tipo de operaciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos son los casos del exgobernador quintanarroense Villanueva Madrid, y recientemente el de Veytia. Los nombres de estos exfuncionarios priistas surgieron de procesos criminales en cortes federales estadunidenses a narcotraficantes de Los Zetas o de los cárteles del Golfo, Juárez y Sinaloa.
Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, capo del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos y en lugar de ser procesado y sentenciado por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico que se le imputaban, se convirtió en testigo protegido.
Las declaraciones de narcotraficantes o criminales del nivel del hijo del Mayo Zambada sustentan varias causas en proceso, o que aún no se han abierto porque los implicados no han sido capturados o están en cárceles mexicanas luchando contra la extradición.
De acuerdo con la más reciente publicación de Transparencia Internacional sobre el ranking de corrupción en 176 naciones, México ocupa el puesto 123.
Este texto se publicó enla edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.
