Rosario Robles manifestó ante un juez federal que en los últimos días ha presentado síntomas similares a los del Covid-19, en su estancia de reclusión del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, aunque no le han practicado el test para confirmar la enfermedad.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, esta fue la razón por la que ayer la procesada pidió, sin conseguirlo, que le autorizaran llevar su proceso fuera de prisión, bajo cualquier otra medida cautelar, ya que ha presentado fiebre, tos seca y dolor de cabeza.
Durante la audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, también argumentó que es una persona mayor de 60 años, padece hipertensión y rinitis crónica, además de que no está imputada de un delito que merezca la prisión preventiva de oficio.
Debido a lo manifestado por Robles, la audiencia se llevó a cabo en dos salas del Centro de Justicia, en una estuvieron los funcionarios de la Fiscalía General de la República, y en la otra el juez con Robles y su defensa, estos últimos separados a más de 3 metros de distancia.
Los asistentes, incluida la imputada, portaron cubrebocas.
El juez de control Ganther Alejandro Villar Ceballos, resolvió que, pese a las manifestaciones de Robles y su defensa, no hay elementos para considerar que la vida de la ex funcionaria corre riesgo, pues no padece una enfermedad terminal.
Sin embargo, el juzgador solicitó a la Dirección del Penal de Santa Martha Acatitla “continuar proporcionando asistencia médica preventiva a Robles y el tratamiento para el cuidado de su salud, atendiendo a las necesidades especiales propias de su padecimiento”.
Villar Ceballos impuso un plazo de 24 horas a la directora del centro penitenciario para que informe el trato que se dará a Robles y de las acciones que llevarán a cabo para garantizar su salud, advirtiéndole que en caso de incumplir será multada con 100 unidades de medida y actualización, equivalentes a 8 mil 688 pesos.
La defensa de la ex funcionaria ha solicitado amparos en otras dos ocasiones para obtener su libertad condicional, sin embargo el Tribunal ha rechazado su petición legal en todas las ocasiones.
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles Berlanga por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y Jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A Rosario Robles se la relaciona con el desvío de 7 mil 670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar.
Fuente: Reforma
