Por Arturo Alcalde Justiniani
Por lo visto, el Ejecutivo federal y sus asesores no han percibido la dimensión de la crisis nacional que explotó con los hechos de Ayotzinapa y Tlatlaya, que estaba enraizada en las propias entrañas del país.
Otro gobierno con un mínimo de sensibilidad hubiera intentado responder con un nuevo mensaje que acreditara la disposición a reflexionar y resolver las causas de fondo de la inconformidad y desconfianza que se han incrementado y reproducido en un corto periodo con una dinámica inesperada, mismas que están claramente diagnosticadas y que se retroalimentan entre sí: impunidad, inseguridad, creciente corrupción, desempleo, injusticia generalizada en sus distintas dimensiones, no sólo la criminal o policiaca, sino la que está vinculada con un modelo económico, político y social que hace fracasar incluso los llamados programas sociales, orientados más a administrar los problemas que a resolverlos.
Se pensó que el gobierno daría un viraje de timón, formulando una amplia convocatoria para avanzar por la vía del fortalecimiento democrático y la igualdad, no con un nuevo pacto en favor de la seguridad, ni de un programa de coordinación institucional, tampoco llamando a figuras desgastadas de la sociedad civil. Debió iniciarse una revisión de las políticas que generan el agobio de las mayorías y que abonan para que las normas de convivencia social se rompan y los reclamos se aceleren, tanto en las grandes ciudades como en los territorios rurales más lejanos.
Se esperaban anuncios para lograr más equidad y medidas contra la corrupción, la cual pulula como nunca en todos los espacios de la vida pública y privada; también cambios al sistema de justicia, la revisión de las políticas de seguridad que han fracasado y que han desprestigiado las estructuras más cercanas al pueblo a nivel municipal, así como un compromiso con los trabajadores del campo, atrapados en una pobreza creciente, por la falta de apoyos y la pérdida de valor de sus productos. Era el momento para avanzar en el cumplimiento de las tres grandes promesas de campaña presidencial: mejora a los salarios, pensión universal y seguro de desempleo. Era la oportunidad para reducir la convicción popular generalizada de que grupos de interés están encaramados en el gobierno haciendo negocios en su favor.
No se cumplieron las expectativas, el Ejecutivo salió de viaje apostando a que las cosas volverían a la normalidad con el paso del tiempo y que bastarían acciones contra delincuentes con nuevos alias, para que las aguas regresaran a su cauce. Esta actitud se acompañó con la ocurrencia de un nuevo pacto partidario en el momento en que estas instituciones viven su peor desprestigio. Hoy la ciudadanía reclama a voz en cuello un cambio de orientación en favor de sus intereses cotidianos para paliar su angustia y sus dificultades, derivadas de un entorno de precariedad y falta de oportunidades, sobre todo con miras al futuro, en donde se ubica la suerte de sus hijos, para la gran mayoría razón y motivo de sus esfuerzos, esos hijos que marchan protestando en las calles en solidaridad con otros, pero también en favor de ellos mismos, porque las perspectivas se observan negras, no hay oportunidades de trabajo digno y las nuevas políticas tienden a castigar a las generaciones futuras.
En lugar de enunciar cambios, más allá de viajes con signos de escape, aparecen hechos que incrementan la desconfianza popular, tal es el caso de la extraña cancelación del concurso del tren México-Querétaro. Así, de la noche a la mañana, sin más explicación que una decisión presidencial supuestamente fundada en responder a imprecisos cuestionamientos, se asume esa sentencia inexplicable; si las cosas estuvieron bien hechas, como anunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿por qué se llevó a cabo la cancelación de un proyecto de gigantescas dimensiones, soportando un enorme costo en credibilidad y en dinero por los daños y perjuicios ocasionados, que seguramente se cubrirá con recursos públicos? Por el contrario, si las cosas no estuvieron bien, sería necesario aclarar cuáles fueron esas deficiencias y por qué no se ha sancionado o removido a los actores principales en este proceso, como es el caso del propio ministro de transporte.
En cuanto a las iniciativas relacionadas con la pensión universal y el seguro de desempleo, promesas centrales del candidato, justificantes de la reforma fiscal y elementos clave para reducir la pobreza, se encuentran arrumbadas en el Senado, la primera porque su minusvalía generó inconformidad y la segunda, porque pretendió en un acto de osadía mayor financiarse con los recursos propiedad de los propios trabajadores, a costa del 60 por ciento del aporte al Infonavit (3 por ciento del 5 por ciento). Hoy no se otorga a estos renglones recursos nuevos en el presupuesto aprobado, en cambio la aplanadora de los diputados federales secuestra para sí 10 mil millones de pesos con el fin de prestigiarse en sus distritos, frente al proceso electoral de 2015.
En materia salarial ni qué decir. Durante varios meses se acreditó con creces la existencia de una política cruel de despojo de este derecho que es producto del trabajo y el esfuerzo cotidiano. Todos los análisis demostraron que la miseria salarial no tenía justificación económica y ética, tampoco productiva. El gobierno y su Comisión Nacional de Salarios Mínimos, exhibidos y contra la pared, se plantearon el argumento de que todo era culpa de los propios legisladores por haber vinculado el salario mínimo a otras variables como multas y subsidios; sin embargo, el discurso quedó al descubierto, cuando fue presentada por todos los partidos de oposición la iniciativa de ley para resolver la vinculación, ésta se congeló, y al mismo tiempo se ejecutó con frialdad una nueva edición de la política salarial criminal al imponer a los sindicatos del sector educativo un incremento de tan sólo 3.4 por ciento, a contrapelo de la contención acumulada y del constante incremento a los precios. El salario mínimo será otra promesa frustrada.
Tendremos más hambre, miseria y sed de justicia; es lo que se avizora en el futuro inmediato. Sería importante que las movilizaciones que se dan a lo largo y ancho del país incorporaran a sus demandas la exigencia de cambio del modelo, que es causa y origen de los innumerables males que inundan la existencia de la mayoría.
Fuente: La Jornada
