Por lo menos desde que inició el sexenio, el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Agricultura ha estado lleno de fallecidos y se desconoce quién ha cobrado realmente el dinero.
En sus últimos dos informes, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado con base en un muestreo que el padrón es irregular y ha pedido a la dependencia más control.
El análisis de la cuenta pública de 2013 señala que en el entonces Procampo Productivo había 15 mil 544 productores registrados con edades de 75 a 113 años.
Pidió comprobar la supervivencia de 200, pero la Sagarpa no pudo demostrar si viven o están muertos 101, quienes recibieron 424 mil 600 pesos.
Bajo el mismo programa, identificó que se otorgó un millón de pesos a 362 productores de Chihuahua, Durango, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas en 2013, pero se comprobó que todos murieron en 2011, según el Registro Nacional de Población (Renapo).
Luego, ese programa se transformó en Proagro Productivo, pero nada cambió.
En la cuenta pública 2014 se detectó que Proagro Productivo destinó 7 millones 742 mil pesos a mil 850 personas de 28 entidades federativas.
De acuerdo con Renapo, todos fallecieron con anterioridad a la fecha de pago.
Apoyos post mortem
Incluso se han tramitado apoyos cuando el beneficiario ya falleció. Es el caso del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol, donde se registraron apoyos por un millón 225 mil pesos a 271 productores.
“(Dichos productores) fallecieron entre enero de 2011 y enero de 2014, es decir, antes de la apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes del programa, cuyo periodo fue del 15 de enero al 17 de marzo de 2014”, señala la ASF.
Para Alfonso Ramírez, dirigente nacional de El Barzón, organización que representa a productores de diversos cultivos, el padrón no se ha actualizado por complicidad y corrupción, por eso se presentan estas situaciones.
“Hay una especie de desdén, de complicidad y de enorme corrupción que ha traído como resultado la negativa para actualizar el padrón, para transparentarlo, para decir quién recibe y quién no recibe, lo que está originando que a mucha gente se le otorgue el apoyo cuando ya no vive”, dijo Ramírez.
Al ser cuestionado, Marcelo López, oficial mayor de la Secretaría de Agricultura, expuso que los pagos se hicieron a través de cuentas bancarias y fueron cobrados por quienes tenían las tarjetas, que pudieron ser familiares de los fallecidos.
Iniciarán padrón único de beneficiarios
Marcelo López indicó que la dependencia apenas está por iniciar un padrón único de beneficiarios.
“Tenemos que depurar todos estos beneficiarios, que llegan hasta 7 millones para saber exactamente quiénes son, dónde están, cuál es su actividad en el sector primario, cuáles son las solicitudes de recursos que están teniendo”, detalló.
La Secretaría y el Consejo Nacional Agropecuario firmaron un convenio de colaboración para nutrir la base de datos e identificar a los beneficiarios.
“Este proceso (de padrón único) lo vamos a empezar a partir del segundo semestre de este año y, seguramente, durará todo el semestre de 2016 y casi todo el año de 2017”, explicó.
Demandan diputados depurar Proagro
La Sagarpa debe actualizar el padrón de beneficiarios de Proagro Productivo y buscar herramientas que ayuden a evitar la entrega de recursos a beneficiarios que ya fallecieron, demandaron diputados federales.
Para el legislador perredista Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador de su bancada en San Lázaro, la entrega de recursos a personas fallecidas, más que actos de corrupción, es producto de la desactualización que tiene el padrón y lo complejo y caro que resulta actualizarlo.
“No todo es transa, (aunque) puede haber alguien que sí lo haga por transa. Este es un padrón de millones de beneficiarios que están dispersos por todo el país y que para que usted supervise que efectivamente el padrón se mantiene o alguien sigue vivo, pues no es tan sencillo”, dijo.
Acosta Naranjo estimó que la Sagarpa debería firmar convenios con los registros civiles para que éstos le informen de manera permanente sobre el deceso de personas de las que tengan conocimiento.
Sin embargo, reconoció que este es un proceso muy complicado, debido a que cada registro civil se maneja de manera autónoma en cada municipio.
“Tendría que obligarse a los registros civiles a que notifiquen, a este programa y a todos, las actas de defunción, pero son 2 mil 446 municipios, imagínese”, manifestó.
El diputado priista Jorge Estefan, quien es secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, consideró que sería muy costoso para la Secretaría realizar una prueba de vida a los beneficiarios antes de que le sean entregados los recursos.
“Son cientos de miles los beneficiarios del programa y resulta sumamente complejo, dada la dispersión territorial, realizar la prueba de vida. Yo considero que saldría más caro realizar la prueba de vida que el dinero que se pueda perder al entregar recursos a personas ya fallecidas”, expuso.
No obstante, planteó, se deben buscar mecanismos para validar que las personas que cobran los recursos, efectivamente, son las destinatarias de los mismos.
Estefan señaló que probablemente quienes cobran los apoyos son los familiares del beneficiario y lo que en todo caso le corresponde a la Sagarpa es verificar que las hectáreas para las cuales se destinaron los recursos, efectivamente se haya sembrado, es decir, que los recursos fueron aplicados.
Fuente: Reforma
