Defender los Derechos Humanos (DH), denunciar la complicidad entre autoridades y criminales y ser mujer es motivo suficiente para enfrentar discriminación por género, amenazas y el riesgo de ser agredida sin que el Estado haga algo para evitarlo.
En el marco del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y ante las constantes agresiones contra las activistas, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México llamó a fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales de protección.
En conferencia de prensa, Marusia López, coordinadora de Asociadas por lo Justo e integrante de la Red, afirmó que es de particular preocupación el riesgo que corren las mujeres que defienden los recursos naturales, los derechos sexuales y reproductivos, o que denuncian el feminicidio.
Según información de la Red, de 2009 a 2012 hubo 26 asesinatos de defensoras de DH, y fueron desaparecidas las activistas Eva Alarcón, en Guerrero; Gabriela Sánchez Morales, en Chiapas, e Isela Hernández Lara, en Chihuahua.
Además tan sólo en 2012 hubo 64 casos de amenazas, difamación u hostigamiento contra defensoras.
López señaló que las activistas, además de ser amenazadas al igual que sus pares varones por defender una causa, las mujeres deben enfrentar los señalamientos de una sociedad que las cuestiona por abandonar su rol tradicional de género, y además son vulnerables ante posibles agresiones sexuales.
Las defensoras –expuso– padecen agresiones que alcanzan a sus familias, pero que por la “cultura de permisibilidad” del Estado ningún caso se resuelve y fomenta que continúen.
Ejemplo de la violencia contra las defensoras de DH es Obtilia Eugenio Manuela, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, quien desde 1988 ha sido amenazada en múltiples ocasiones.
La única forma que ella encontró para salvaguardar su vida fue salir en 2009 de Ayutla de los Libres, Guerrero, donde vivía, a fin de buscar refugio en otra ciudad, sin embargo a principios de este año consideró que podía regresar a su comunidad a dar seguimiento a las acciones de su organización.
El 5 y 21 de febrero pasado Obtilia recibió un anónimo en su casa en el que se hacía alusión a su trabajo y a las medidas de protección que recibía por parte del Estado desde 2009.
“Dijeron que eso no sirve, que no protege de las armas. Que algún día tiene que pasar”, relató la líder indígena de la Montaña de Guerrero.
Por ello interpuso una denuncia por amenazas, pero acusó que la respuesta de las autoridades es la misma de siempre: “Ellos dicen que eso no es un delito porque es un anónimo, es un papel”.
Pero ese papel que algún desconocido dejó en su casa ha hecho que la defensora no pueda caminar libremente por la calle, y ante esto advirtió que el gobierno “no mata con sus armas sino que hace todo por generar temor hasta que un día nos cansemos de denunciar, dejemos de ejercer nuestros derechos y nos quedemos callados”.
“Llega el Día Internacional de la Mujer ¿y de qué sirve? Si no estamos contentas haciendo fiesta. No sabemos cuándo van a venir a matarnos. Si aparecemos muertas en las calles será culpa de los narcos. Así lo decimos porque así lo sufrimos”, exclamó.
Esa es la realidad de Obtilia en Guerrero, pero de acuerdo con la Red escenarios similares se viven en otros estados de México, como Chihuahua, entidad emblemática por el activismo de mujeres organizadas que denuncian el feminicidio en Ciudad Juárez.
Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, señaló que aunque pareciera que la salida más fácil para las defensoras son las medidas de protección que otorga el Estado, en realidad a ellas no les gusta sentirse vigiladas por policías o tener una patrulla afuera de su casa.
La activista juarense explicó que ellas se ven obligadas a solicitar esas medidas cuando no hay otra opción y cuando es inminente obligar al Estado a cumplir sus responsabilidades de promover y proteger los DH y a quienes los defienden.
Apuntó además que en el caso de Juárez las defensoras deben sortear las acusaciones y difamaciones en su contra, muchas de las cuales vienen del gobierno o de algunas personas que las acusan de lucrar con las familias de las mujeres desparecidas.
Además se han generado campañas en su contra de quienes las señalan por no haber erradicado el feminicidio, pese a llevar años trabajando a favor de las víctimas de violencia.
En este contexto la Red, que también es parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, una agrupación de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá, pidió defender los mecanismos de protección a nivel nacional e internacional.
Las agrupaciones civiles pidieron el apoyo de la sociedad para fortalecer a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales que tienen la facultad de otorgar medidas de protección a las víctimas de violaciones de DH o a las activistas en riesgo.
Fuente: Cimac Noticias
