Por Bernardo Bátiz V.
Quisieran, el que se va y el que llega, que todo se olvidara, que se diera tranquilamente vuelta a la hoja y a partir del 1 de diciembre nadie volviera a acordarse del pésimo y sangriento sexenio que llega a su término y, mucho menos, del viciado proceso electoral federal de este 2012. Sin saberlo, hacen lo mismo que el virrey de La Croix, quien alguna vez dijo que los súbditos no están para juzgar a los gobernantes y que han nacido para callar y obedecer.
Pero no es así: borrar de la memoria lo que sucedió sería inmoral, ya que hacerlo significaría la aceptación tácita de que lo llevado a cabo por el gobierno que va de salida es como lo describe la costosa propaganda desplegada y significaría también convalidar con el silencio el proceso electoral que no fue ni siquiera cercanamente como lo prevé el artículo 41 constitucional, que ordena que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
Con ese motivo –no olvidar, dejar constancia, manifestar la oposición al desorden, a la violencia y a la manipulación en los procesos electorales– se han constituido dos tribunales populares en los que los ciudadanos que se sientan agraviados y puedan hacerlo (habrá algunos que por diversas razones estén inconformes, pero no pueden manifestarlo así), en uso pleno de la libertad de expresión y del derecho a opinar en materia política, presenten pruebas, agravios y señalamientos; se trata de un espacio para emitir un juicio sobre el gobierno y sobre el organismo electoral que declaró válidas las elecciones que a ojos de un sector amplísimo de la opinión pública no fueron ni libres ni auténticas.
No podemos, siguiendo el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, simplemente romper el contrato social y separarnos de la comunidad de la que formamos parte; tampoco sería racional y acarrearía males mayores convocar al uso de la violencia para protestar por las anomalías de los poderosos, pero sí podemos señalar que el contrato social tácito celebrado entre los integrantes de la sociedad mexicana ha sido incumplido por los gobernantes y los jueces que declararon válidas las pasadas elecciones, y podemos juzgar a los juzgadores y pedir cuentas a los malos gobernantes.
No es cierto, como algunos dicen y quizá lo piensen con secreta satisfacción, que México es un Estado fallido; sólo se trata de un Estado mal gobernado, muy mal gobernado porque no buscó el bien común, sino que gobernó en beneficio de unos pocos.
En este orden de ideas, el jueves pasado se instaló un tribunal electoral popular con objeto de recibir pruebas, alegatos y agravios acerca de lo sucedido en el proceso electoral que culminó el 1° de julio de este año.
Junto con otras personas destacadas, como Elena Poniatowska, Enrique Semo, Jesús González Schmal, Magda Gómez, Jesús Martín del Campo, Abel Barrera, Virgilio Caballero, Carlos Pellicer y Héctor Vasconcelos, convocados por Armando Bartra, Margarita Castillejos y otros ciudadanos inconformes con la exigencia de olvido y vuelta a la página sin más, fui invitado a formar parte de este organismo cívico que el mismo jueves 15 recibió ya pruebas y constancias de cómo sucedieron las cosas en el proceso electoral.
Ciertamente, el tribunal federal electoral dio su veredicto que formalmente es inapelable, pero muchos opinamos que los tan bien pagados funcionarios del Poder Judicial federal, que no pudieron ver lo que toda la gente vio a lo largo y a lo ancho del país y que se negaron a indagar y a seguir las investigaciones con los elementos que se les proporcionaron, no pueden quedarse tan tranquilos y sin ser sometidos al juicio popular.
Otro grupo de ciudadanos toma en serio y no como una simple formalidad la obligación que el artículo 87 constitucional impone al presidente de los Estados Unidos Mexicanos de protestar, guardar y hacer guardar la Constitución y declarar que si no lo hiciere la nación se lo demande; una parte de la nación, integrantes de la nación, lanzaron el 18 de octubre de este año un llamado a la sociedad mexicana para que quienes así lo deseen demanden a Felipe Calderón, en términos del citado artículo, si consideran que guardó o no la Constitución y las leyes que de ella emanan y si desempeñó o no leal y patrióticamente el cargo de presidente que ostentó.
Estos llamamientos a que los ciudadanos expresen con valor civil sus puntos de vista y sus juicios son una respuesta, entre otras muchas, a la exigencia de que nos olvidemos y nos callemos; nada de dar vuelta a la página como si no hubiera pasado nada; tenemos derecho como ciudadanos a mantener la esperanza y a volvernos a organizar para continuar el esfuerzo de reconstruir a la nación, pero tenemos también el derecho de emitir nuestra opinión sobre lo hecho y a conservar la memoria.
Artículo publicado originalmente en La Jornada
