Por Álvaro Delgado
Manos anónimas prenden fuego a la puerta del Palacio Nacional, tras una manifestación pacífica en repudio a la versión oficial de que los 43 normalistas fueron quemados por criminales hasta hacerlos cenizas, y emerge el lenguaje del odio, del clasismo y de la Guerra Fría.
“¡Mátenlos para que no se reproduzcan!”, insta la exdiputada federal priista Marili Olguín Cuevas, a cuya exigencia se suma Ana Alidey Durán Velázquez, una jovencita hija de una dirigente sindical que exterioriza su desprecio: “Luego por qué los queman… NACOS”.
Las voces encendidas de priistas se multiplican. “Estas bestias no merecen vivir”, dictamina el priista Luis Adrián Ramírez Ortiz, líder juvenil priista del Estado de México y asesor del ayuntamiento de Huixquilucan, donde la delincuencia aumentó 43% en sólo dos semanas.
“Hoy más que nunca aclamo el regreso de alguien como don Gustavo Díaz Ordaz, no debemos permitir sentimentalismos estúpidos”, expresa Ramírez Ortiz, habitante del estado que gobernó Peña Nieto, mientras que las mujeres son de Hidalgo, del que fue gobernador Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
No es casual que el Estado de México e Hidalgo sean dos de los estados que jamás han conocido la alternancia y con el priismo más primitivo y corrupto, donde Díaz Ordaz es emblema.
La furia priista escala con el paso de los días, estimulada también por haberse revelado la mansión de 86 millones de pesos de la pareja presidencial que acredita, con nitidez, al menos el delito de conflicto de interés.
La secretaria de Cultura del CEN del PRI, Beatriz Pagés, directora de la revistaSiempre, da forma a la conspiración en un artículo que titula “La trampa”, en la que participan el crimen organizado, grupos guerrilleros, agrupaciones sindicales como la del magisterio de Guerrero, mercenarios anarquistas y partidos políticos “tipo Morena” que apuestan a la desestabilización.
“Basta mirar la firma de Andrés Manuel López Obrador en la puerta incendiada de Palacio –“Lárgate Peña…”– para entender sobradamente lo que está detrás de Ayotzinapa”, imputa Pagés, quien también suma a este complot a los alumnos del Instituto Politécnico Nacional.
“Conforme transcurren los días se le ven con más claridad las orejas al diablo. Hay quienes están operando a todas luces en contra de los intereses de México, y los jóvenes –sean los de Ayotzinapa o sean los del Politécnico– han sido escogidos para crear condiciones adversas a la inversión y al desarrollo de la nación.”
En este ánimo paranoico, el diputado Heriberto Galindo instruye: “Es hora de defender al presidente EPN y manifestarse contra la agitación y violencia (…) ha llegado el momento de aplicar la ley, con pulcritud, con todo el cuidado del debido proceso, sin ánimo revanchista o espíritu represor, pero con firmeza, con todo el peso de la ley, aunque con respeto a los derechos humanos, pero se deben detener las embestidas de destacamentos de profesionales de la violencia; asimismo se les debe juzgar para evitar la barbarie que la sociedad detesta y no acepta”.
Y para que no haya lugar a dudas de que el diazordacismo no está sólo a nivel de la burocracia priista segundona, el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, hace manifiesto el “apoyo incondicional” a Peña Nieto “para condenar la violencia y restablecer el orden”, y luego en Twitter completa: “Los mexicanos vamos a superar los días aciagos, vamos a cortar las ramificaciones de cizaña que los desestabilizadores tratan de sembrar”.
La amenaza no se queda en las siglas. Asciende al gobierno y, más aún, al Ejército: El general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, censura a “la crítica infundada”.
La historia demuestra, dijo, que en momentos difíciles hay dos caminos, el del diálogo, y otro: “el de la desunión, reflejado y marcado por la violencia, la intolerancia, la crítica infundada, la inestabilidad, que no solucionan problemas, sólo los agravan, generan rencores, letargo económico y parálisis colectiva”.
Es grave lo que plantea el general secretario, porque la crítica, infundada o no, es una garantía constitucional, no un delito.
La hipótesis de una conspiración ha llegado hasta la cumbre del poder público, el presidente de la República, quien advierte que las protestas tienen el interés “de desestabilizar, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que venimos construyendo”.
Arrinconado por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el conflicto de interés por la mansión de Las Lomas, la violencia que no cesa, el fiasco económico y la demanda de que renuncie, Peña Nieto ha reactivado el lenguaje de la Guerra Fría y ha encarnado, en el discurso y en los hechos, el diazordacismo.
Nada bueno augura la furia de Peña Nieto, que el jueves 20, tras la provocación de un pequeño grupo de encapuchados, la policía federal y la de la capital, bajo su mando, la emprendió parejo contra vándalos y manifestantes pacíficos.
Lo que ocurrió es muy claro: La brutalidad policiaca indiscriminada no es aplicar la ley, es reprimir. Y no hay vigencia del estado de derecho cuando se acusa hasta de motín a quienes ni siquiera participaron en las acciones de provocación.
Más peligroso es aún Peña con el escándalo de la “Casa Blanca” que tiene a la institución presidencial en jaque, porque ahí hay delito. Pero en vez de facilitar su esclarecimiento por la vía institucional –el propio Ejecutivo y el Congreso, cuyo partido rechaza una comisión legislativa–, se procede al encubrimiento.
Uno quiere confiar en que, en medio de tanta zozobra, algo bueno emerja: Darle vigencia a la ley, fortalecer el pluralismo, garantizar la disidencia, atacar de raíz la corrupción y la impunidad…
Supuestamente el jueves 27, a cuatro días de cumplir un tercio del sexenio, Peña anunciará acciones para corregir “lo que no ha funcionado”.
Ojalá me equivoque, pero pienso que será otro ejercicio de simulación.
En México están invertidos los valores: Al gobierno de la lógica diazordacista de élite no le molestan tanto los corruptos como los “desestabilizadores”…
Apuntes— Por cierto, ¿desde cuándo es un delito pedir la renuncia de un funcionario, así sea al presidente de la República? Y no se olvide: El “golpismo” siempre viene del Estado…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
Fuente: Proceso
