Por Anayeli García Martínez/ CIMAC
La violencia de género es un fenómeno marcado por la impunidad y el olvido del Estado porque a pesar de contar con instituciones encargadas de contrarrestar este mal, en la realidad se discrimina a las mujeres y se ignoran sus denuncias, lo que deriva en la dilación de la justicia.
De forma paradójica las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia en muchas ocasiones son omisas al grado de ser ellas mismas quienes terminan por violentar a las mujeres que deberían proteger. Casos hay varios.
Valentina Rosendo, Inés Fernández, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, son sólo algunos de los nombres de mujeres víctimas de violencia institucional, cuyos casos son emblemáticos porque llegaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La violencia institucional es una figura establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde febrero de 2007. En esta norma se detalla que también los funcionarios dañan a las mujeres.
La Ley General define la violencia institucional contra las mexicanas como los actos u omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de sus derechos.
Casos emblemáticos
El caso de Valentina Rosendo e Inés Fernández, ambas indígenas tlapanecas originarias de Guerrero que fueron violadas sexualmente por militares en 2002, es ejemplo de la dilación de la justicia provocada por las autoridades.
Las dos fueron discriminadas por ser indígenas, no hablar español y ser pobres; a ellas ni siquiera se les garantizó un traductor a la hora de hacer su denuncia.
Lo más grave es que las autoridades encargadas de dar seguimiento a sus denuncias no les creyeron sino hasta 10 años después cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que el Estado mexicano fue responsable de violar sus garantías individuales.
En octubre de 2010 la Corte Interamericana determinó que ambas mujeres fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos (DH), y que el Estado no les garantizó una vida libre de violencia, a la vez que ordenó implementar medidas para evitar la repetición de estos casos.
Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, jóvenes originarias de Chihuahua, fueron encontradas muertas en un campo algodonero de Ciudad Juárez en noviembre de 2001. Los crímenes siguen impunes.
La CoIDH sentenció al Estado mexicano por su responsabilidad al no garantizarles medidas de protección; la falta de prevención de estos delitos pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres asesinadas.
En su sentencia emitida en noviembre de 2009 el tribunal determinó que una de las primeras faltas del Estado fue ser omiso frente a la desaparición de estas mujeres al no buscarlas y localizarlas con vida, toda vez que en su momento los servidores públicos no dieron la importancia debida.
Asimismo se hizo evidente la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada ante los asesinatos de estas mujeres, lo que implica una actuación similar en otros casos.
Estas cinco mujeres, incluyendo a Inés y Valentina, no encontraron justicia en las instancias nacionales por lo que acudieron a organismos internacionales, sin embargo hay muchos otros casos de violencia institucional que pasan desapercibidos ante las autoridades.
Doble victimización
En muchas ocasiones las instituciones acusan a las mujeres de provocar los episodios de violencia, cuando desaparecen dicen que se fueron con el novio y cuando las encuentran muertas cuestionan su vida personal, como sucede en los casos de niñas y mujeres desaparecidas en Juárez.
Ejemplo de esa violencia institucional es lo que le pasó a Lisseth Castro Alanís, joven profesionista que denunció a su ex pareja, Alejandro Pérez Martínez, por lesiones, hostigamiento, amenazas de muerte e intento de homicidio.
En noviembre de 2011 la joven fue agredida de forma verbal y física, su ex pareja la golpeó en la calle, la pateó, la escupió y la insultó frente a la mirada impávida de sus amigos.
La joven exigió a la Procuraduría General de Justicia del DF que sancionara al responsable y le garantizara medidas de protección, al considerar que su vida y la de su hija corrían peligro tras las amenazas de Alejandro Pérez.
Un año después de su denuncia Lisseth seguía en espera de justicia porque la lenta atención de las autoridades y las influencias del padre de su ex pareja (un abogado militar) hicieron que el proceso se retrasara por meses.
Además las lesiones que recibió fueron calificadas como menores y nadie dio importancia al acoso del que era víctima cuando Pérez Martínez la seguía a su centro de trabajo, la acosaba por correo electrónico y por celular.
El proceso le implicaba gastos excesivos, tiempo perdido para conseguir pruebas y aportar elementos, lo que afectaba su trabajo y el cuidado de su hija. Al final optó por desistir de la denuncia a sabiendas de que su decisión era indiferente para los servidores públicos.
Sólo 2 de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011.
De acuerdo con la misma fuente, alrededor de 30 por ciento de las mujeres violentadas que pidieron ayuda reportaron que el Ministerio Público y el DIF no hicieron nada por ellas ni les hicieron caso, sin embargo pese a estas cifras pocas saben que este trato también es violencia de género.
Fuente: http://www.cimacnoticias.com.mx/
