Violan Ley de Transparencia pero quedan impunes

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En más de una década de funcionamiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, de 77 expedientes contra funcionarios que se han negado a entregar información sólo nueve han sido sancionados, de acuerdo con datos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

El Universal solicitó al órgano de transparencia la información detallada de cada funcionario público sancionado por no entregar información pública o por negarse a facilitar el acceso a los documentos. De 2004 a 2014 se han iniciado un total de 77 expedientes, de los cuales 68 no prosperaron “por falta de elementos”.

Las sanciones emitidas por el IFAI contra servidores públicos que niegan información a los ciudadanos no pueden ser perseguidas directamente por el órgano de transparencia, ya que es la Secretaría de la Función Pública la que debe imponer la amonestación.

La principal dependencia del gobierno federal que encabeza la lista de funcionarios sancionados es la Procuraduría General de la República (PGR), durante los sexenios panistas. Hasta hoy no hay registro de sanciones contra actuales funcionarios.

Una de las primeras solicitudes que provocaron la amonestación contra los funcionarios fue en 2004, cuando la PGR, a cargo del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha, se negó a entregar datos estadísticos sobre testigos protegidos.

En ese mismo año, el IFAI ordenó que se sancionara a un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, a dos del Instituto NacionaI de Estadística y Geografía, dos de la Secretaría de Gobernación y uno de la de Secretaría de Educación Pública.

El IFAI y organizaciones de la sociedad civil impulsan una Ley General de Transparencia, que permita otorgar información a los ciudadanos que pidan datos de partidos y sindicatos, así como de fideicomisos, cuyo origen sea de recursos públicos.

La reforma está pendiente de aprobarse en el Congreso de la Unión; al respecto, especialistas señalan que en el Senado pretenden eliminar la tipificación de las sanciones, lo que haría inoperante cualquier tipo de castigo.

Fuente: El Universal

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