En cumplimiento a un amparo, un juez de control determinó de nuevo vincular a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones al ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.
El nuevo pronunciamiento del Juez de Control Jaime Garza Castañeda es por el proceso que se le sigue a Medina por el otorgamiento indebido de incentivos a la empresa KIA Motors por un monto de 3 mil 128 millones de pesos con el objetivo de establecerse en Pesquería.
Por este caso, Medina ya había sido imputado y vinculado a proceso el 9 de agosto del 2016.
Su defensa interpuso un amparo contra la vinculación en el Juzgado Quinto de Distrito, cuya titular lo concedió por deficiencia de argumentación y motivación en la resolución del Juez de Control.
El fallo fue apelado por la Fiscalía Anticorrupción y se turnó para su revisión al Juzgado Segundo Colegiado, cuyos magistrados ordenaron al Juez de Control para que se pronunciara de nuevo, pero ahora señalando cómo valoró cada una de las pruebas aportadas por la Fiscalía y también para darle respuesta a algunos cuestionamientos del defensor Adolfo Aguilar Zínser.
La defensa de Medina había sostenido que el ex Gobernador no había intervenido en los acuerdos para otorgar incentivos, además de que los incentivos ofrecidos eran en calidad de promesa, ya que se haría la gestión ante el Congreso del Estado para que los autorizara.
Sin embargo, el Juez consideró que estos argumentos eran improcedentes, ya que KIA no habría realizado una inversión millonaria sin la certeza de los incentivos que se le iban a conceder, como no pagar impuesto sobre nómina al 100 por ciento en 20 años.
La defensa de Medina se dijo inconforme con la resolución y consideró que no se había dado cumplimiento al amparo.
Ante la solicitud de un nuevo plazo para el cierre de investigación, el abogado del ex Mandatario estatal solicitó que ya no se concediera más tiempo sino que se diera validez a todo lo que ya se ha actuado dentro de la carpeta y que se mantenga el 28 de mayo como fecha para audiencia intermedia en este caso.
Al término de la audiencia, el Fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales, señaló que con la ratificación de esta decisión se demuestra que las indagatorias realizadas por su dependencia resisten cualquier amparo.
Fuente: Reforma
