El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que no hay nada que esconder
, después de que se dio a conocer que el empresario que ganó la licitación LPL 01/2019, por 3 mil 634 millones de pesos, para arrendamiento de maquinaria, es el mismo que lo acompañó y consiguió boletos de primera fila para él y su pareja en un juego de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles, durante una gira por California que realizó a principios de marzo pasado.
Durante muchos años he hecho una carrera política y ningún periodiquito va a inventarme una historia de corrupción. Despreocúpense. No hay nada que esconder
, declaró este martes.
El diario local NTR también dio a conocer que las dos empresas finalistas en el concurso (la ganadora, Operadora de Servicios Mega SA de CV, y Avancap SA de CV), tienen como representante legal a Mariel Rodríguez Printzen, abogada que laboró en las notarías de David Alfaro Ramírez y Enrique Alfaro Anguiano, hermano y padre del gobernador emanado del partido Movimiento Ciudadano.
Yo no contesto mentiras. Esa va a ser mi posición hoy y todo el sexenio. Cada medio es responsable. No me voy a meter ni a criticar a nadie
, puntualizó el mandatario y rehusó abundar sobre el tema.
Operadora de Servicios Mega SA de CV obtuvo la licitación del programa A Toda Máquina, la más cuantiosa en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, que comenzó el 6 de diciembre pasado. Recibirá 3 mil 634 millones de pesos por la renta de maquinaria a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entre 2019 y 2024.
El presidente del consejo de administración de Servicios Mega es Guillermo Romo Romero, empresario jalisciense que reside en California, hijo del ex dueño de Tequila Herradura, José Guillermo Romo Peña, y quien consiguió los boletos para el juego de los Lakers.
Alfaro se sentó en ese partido junto a la banca de los jugadores, cerca de Romo, acompañado de su pareja y de la diputada de Movimiento Ciudadano Mirza Flores, quien, aunque después se desdijo, declaró en primera instancia que los boletos se los había regalado un empresario tequilero
, lo que motivó un desmentido del gobernador, quien en su momento señaló que él compró su entrada y la de su pareja.
Las bancadas de los partidos Morena y Revolucionario Institucional en el Congreso local solicitaron por separado que la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría de Jalisco, entre otras instancias, investiguen la asignación del contrato del programa en favor de Guillermo Romo y su asesor y promotor de relaciones públicas, el panista Jorge Salinas Osornio, ante la presunción de corrupción y conflicto de intereses.
“Estamos ante uno de los actos de corrupción más descarados, que por monto duplica el escándalo de la Casa Blanca de otro Enrique, (el ex presidente) de apellidos Peña Nieto”, afirmó la diputada morenista Erika Pérez.
Que investiguen
El Comité Jalisco del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudió hoy a las oficinas de la Auditoria Superior del estado, la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción, para solicitar que investiguen el proceso de licitación para el arrendamiento de la maquinaria para el campo.
Como pruebas, los priistas entregaron las publicaciones del diario local y “evidencias del proceso de licitación”.
“Lo que estamos pidiendo es que con base en estos elementos que se aportan, las instancias responsables cumplan con su función y evidentemente profundicen en las investigaciones con relación a los dichos y los hechos que se señalan como evidencias de la necesidad que se investigue”, puntualizó el dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández.
En caso de que proceda, el priista exigió que se finquen responsabilidades.
La fracción de Morena en el Congreso local también pidió a las mismas instancias investigar y repetir el proceso de licitación.
Y la empresa Maqcen acudió a la Contraloría para presentar una queja contras las bases de la licitación porque, subrayó, se incumple con la Ley de Disciplina Financiera al otorgar un contrato a partir de 2019 y hasta el 2024 a Operadora de Servicios Mega, sin aval del Congreso local.
Fuente: La Jornada/ Apro