El juez de Control José Ángel Moreno vinculó a proceso al extitular de la Auditoría Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, por el presunto desvío de más de dos millones de pesos. Con esta nueva imputación, el exfuncionario estatal suma cuatro causas en su contra.
La tarde de este miércoles fue vinculado a proceso porque en febrero de 2013 habría desviado un millón 461 mil 600 pesos del erario estatal junto con otras personas de su misma dependencia.
La presunta red de corrupción simuló la prestación de servicios profesionales a la empresa Trasnacionales y Suministros Bermol S.A de C.V.
Asimismo, está acusado de desviar 870 mil pesos, el 19 de noviembre de 2013, también con la simulación de contratos por servicio e integración de estrategias para medios digitales y redes sociales con la misma empresa.
A Esparza Flores también se le acusa del presunto desvío de 12 millones de pesos a través de la empresa Hinfra S.A. de C.V., que supuestamente les daría servicios de análisis, evaluación y asesoría técnica especializada para el monitoreo de la imagen de la Secretaría de Hacienda de la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.
Según la Fiscalía General del Estado, el pago a la empresa lo finiquitaron con un cheque y un depósito interbancario, por seis millones de pesos cada uno.
Los 12 millones de pesos fueron entregados después por la compañía a Jesús Manuel Esparza, a través de cheques y transferencias bancarias por diferentes cantidades, a nombre de terceras personas, entre quienes se encuentran la esposa y la hija del exfuncionario.
Al realizar la simulación, los exfuncionarios elaboraron un dictamen de excepción a la licitación pública al otorgar la adjudicación directa a la empresa Infra, cuyo domicilio fiscal se encuentra en Puebla.
En la denuncia establecen que el exauditor trabajaba, durante el sexenio duartista, como operador en la red de corrupción que tejieron para desviar dinero público y se encargaba de buscar empresas que se prestaran a expedir facturas por la supuesta prestación de servicios.
Al perder el PRI las elecciones para la gubernatura del 2016, los exfuncionarios de esa red de corrupción idearon la estrategia para justificar los recursos desviados a través de la simulación de contratos y completaron los expedientes con documentación creada en 2016, a pesar de que los servicios debieron prestarse en el 2015, según trascendió en la audiencia.
En la auditoría de dicho contrato se determinó que esos documentos no tenían relación con el objeto del contrato que se había firmado con la empresa Infra S.A de C.V.
Además, el exfuncionario enfrenta otras dos causas por el delito de peculado agravado.
Fuente: Apro
