Tras una larga diligencia, la madrugada de este domingo, un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano resolvió vincular a proceso al presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, así como a tres de sus coacusados, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y delincuencia organizada, reporta La Jornada digital.
El juez consideró que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público federal son suficientes para presumir la responsabilidad del también ex rector de la UAEH por los delitos que se le imputan.
Al reiniciarse la audiencia inicial de la causa 263/2020 en el Centro de Justicia Penal ubicado dentro del complejo del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde fue recluidos los cuatro de los siete implicados en este expediente, el ministerio público reiteró al juez la solicitud para que vinculara a proceso a Sosa Castelán y sus coacusados por el presunto desvío de 58 millones de pesos de recursos tanto de la Universidad como de otras instancias a empresas fantasma.
La defensa de Sosa Castelán –quien ha controlado la UAEH en la última década– indicó que las imputaciones eran genéricas por lo que su cliente debía ser puesto en libertad.
La imputación que les formuló la FGR se centra en la desviación de más de 58 millones de pesos de la UAEH y otras instancias públicas y privadas, que fueron a parar a Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., una e las empresas fantasma con las que el también ex rector de la universidad triangulaba recursos públicos.
También el dinero se triangulaba a través de la compañía fachada Eficiencia en Negocios y Asociados, de la cual era presidente Juan Manuel Hernández Gayoso, quien es coacusado en la causa penal. Las otras dos imputadas son María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos, quienes habrían participado en este esquema de triangulación de recursos.
En el expediente de esta causa penal también están señalados como presuntos responsables, Francisco Natalio Zamudio Isbaile, y Anastasia Elizabeth Baños Baños, además de las hijas de Sosa Castelán, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, quienes están en calidad de prófugos de la justicia.
Tras casi 12 horas de diligencias, en las que se volvió a escuchar la imputación de la FGR y los argumentos de la defensa de los acusados, el juez de control fijo un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que también servirá para que la defensa pueda reunir pruebas de descargo que se desahogarán durante el juicio.
La próxima audiencia fue fijada para el 1 de diciembre de este año, donde se podrán conocer las pruebas que cada una de las partes desahogará durante el proceso penal oral. Mientras el juicio se realiza, Sosa Castelán y sus coacusados permanecerán en prisión.
Fuente: La Jornada
